El Decreto 1231 de 2024 establece un marco integral para regular el uso diferenciado, necesario y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional, alineado con la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La medida prioriza la prevención, la disuasión y el diálogo como ejes centrales de la acción policial, dejando el uso de la fuerza como último recurso y bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad estatal. El decreto define con precisión los niveles de resistencia y agresión, e introduce un modelo de intervención que permite escalar o desescalar según el contexto. También regula estrictamente el empleo de armas, municiones y dispositivos menos letales, prohibiendo impactos en zonas sensibles del cuerpo y reforzando la protección de personas vulnerables. Además, establece que el uso de armas de fuego solo procede ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves, garantizando controles rigurosos, rendición de cuentas y atención posterior a las personas afectadas.