Chile

En 2006, Chile vivió una de las movilizaciones estudiantiles más importantes desde que volvió la democracia: la Revolución Pingüina. Este nombre proviene del color de los uniformes que usaban los estudiantes secundarios. El movimiento nació como una respuesta directa a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que era un legado de la dictadura de Pinochet y que había establecido un sistema educativo muy segmentado, mercantilizado y excluyente. Las principales demandas de los estudiantes incluían la gratuidad del pase escolar, la eliminación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y la educación pública secundaria completamente gratuita. Las protestas comenzaron con la toma de liceos en Santiago y rápidamente se expandieron por todo el país, alcanzando su punto máximo entre mayo y junio, con más de 600,000 estudiantes movilizados y un amplio apoyo de la sociedad civil.

La respuesta del Estado fue bastante dura, con una fuerte intervención de Carabineros de Chile. Se usaron carros lanzaaguas, gases lacrimógenos, bastones retráctiles y se llevaron a cabo detenciones masivas, incluso de menores de edad. Según los informes de la época, más de 1.000 estudiantes fueron arrestados, decenas resultaron heridos y se denunciaron tratos degradantes en las comisarías. A pesar de que la presidenta Michelle Bachelet estableció un Consejo Asesor para reformar el sistema educativo, las soluciones que se propusieron fueron vistas como insuficientes por las organizaciones estudiantiles. Esta movilización marcó un antes y un después en la política chilena, ya que puso de manifiesto la capacidad de organización de la juventud y reavivó el debate nacional sobre el derecho a la educación.

En 2011, Chile fue escenario de un intenso y masivo ciclo de movilización social, esta vez impulsado por estudiantes universitarios que exigían el fin del lucro en la educación, la gratuidad universal y una reforma profunda del sistema educativo que había quedado de la dictadura militar. A lo largo del año, se llevaron a cabo más de 40 marchas nacionales, ocupaciones de universidades, paros indefinidos y una sorprendente capacidad de organización entre federaciones estudiantiles, grupos de secundaria, sindicatos de docentes y movimientos sociales. El corazón de la protesta se centró en criticar un sistema que estaba profundamente mercantilizado, que endeudaba a las familias y dejaba fuera a los sectores más vulnerables del acceso a la educación superior. Entre los rostros más destacados del movimiento, se encontraban líderes como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, quienes lograron captar la atención tanto a nivel nacional como internacional gracias a la claridad de sus ideas y su habilidad para movilizar a la gente. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, la respuesta del Estado, bajo la dirección del presidente Sebastián Piñera, fue extremadamente represiva. Carabineros de Chile desplegó fuerzas antimotines, utilizando carros lanzaaguas, bombas lacrimógenas, balines de goma y realizando detenciones masivas.

Se registraron más de 1.800 arrestos solo en el segundo semestre, además de numerosos heridos, incluyendo casos documentados de lesiones oculares debido al uso desproporcionado de escopetas antidisturbios.

Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, como Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), han alzado la voz contra el uso desmedido de la fuerza y la criminalización de las protestas estudiantiles. Han señalado que, en varias ocasiones, las fuerzas policiales actuaron sin justificación ni protocolos claros. Aunque el gobierno hizo algunos cambios superficiales en el sistema de financiamiento, las demandas estructurales quedaron sin respuesta. A pesar de esto, el movimiento de 2011 dejó una marca profunda en la conciencia colectiva del país y sentó las bases para las movilizaciones que seguirían en los años posteriores, incluyendo el estallido social de 2019.

En 2018, el conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche llegó a un punto álgido con el trágico asesinato de Camilo Catrillanca, un joven comunero mapuche de solo 24 años. Este suceso ocurrió el 14 de noviembre en la comunidad de Temucuicui, en la región de La Araucanía. Camilo fue alcanzado por un disparo en la cabeza, disparado por miembros del Comando Jungla, una unidad de Carabineros que había sido entrenada en Colombia y que se encarga de operativos especiales en áreas mapuche. En el momento del ataque, Camilo se encontraba en un tractor junto a un adolescente, sin portar armas ni ofrecer resistencia.

Un tractor junto a un adolescente, sin armas ni resistencia. Este incidente causó una gran conmoción tanto a nivel nacional como internacional, no solo por su gravedad, sino también por el intento de encubrimiento por parte de Carabineros: se destruyeron grabaciones de las cámaras corporales, se mintió a la prensa y se criminalizó a la víctima, alegando inicialmente que estaba involucrado en un robo de vehículos, lo cual fue desmentido. Días después, las propias autoridades confirmaron que la versión oficial era falsa, y los funcionarios implicados fueron despedidos, mientras que otros altos mandos renunciaron o fueron destituidos, incluyendo al general director de Carabineros, Hermes Soto.

El asesinato de Catrillanca provocó una ola de protestas en Santiago, Temuco y otras ciudades del país, además de movilizaciones en universidades y comunidades mapuche. La respuesta del estado fue brutal, utilizando una fuerza desmedida en marchas pacíficas, realizando detenciones arbitrarias y llevando a cabo incursiones violentas en comunidades indígenas. Este caso puso de manifiesto el nivel de militarización en el territorio mapuche, donde durante años se habían impuesto estados de excepción de facto y se habían utilizado leyes como la Ley Antiterrorista para criminalizar la protesta social.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han condenado de manera contundente el asesinato y han exigido al Estado chileno que ponga fin a la violencia policial sistemática contra los pueblos indígenas. El caso de Catrillanca se ha convertido en un símbolo de la violencia estructural, el racismo institucional y la impunidad en la forma en que se maneja el conflicto entre el Estado y las naciones originarias en Chile.

En octubre de 2019, Chile vivió una de las movilizaciones sociales más intensas y duraderas de su historia reciente, conocida como el Estallido Social. Todo comenzó con un aumento de 30 pesos en el pasaje del metro de Santiago, pero el trasfondo era mucho más complejo: décadas de desigualdades acumuladas, la privatización de derechos sociales, abusos institucionales y una Constitución que aún llevaba la huella de la dictadura de Pinochet. En cuestión de horas, los estudiantes secundarios comenzaron a evadir el pago en el transporte subterráneo, lo que provocó una respuesta represiva por parte de Carabineros. Sin embargo, en lugar de sofocar la protesta, esto encendió una revuelta popular a nivel nacional, que cuestionó de manera profunda el modelo político, económico y social del país. El 18 de octubre, estallaron cacerolazos, barricadas y concentraciones masivas; al día siguiente, el presidente Sebastián Piñera declaró estado de emergencia, sacando a los militares a las calles por primera vez desde el fin de la dictadura, e imponiendo toques de queda nocturnos, algo sin precedentes en democracia. La represión fue inmediata y brutal: se reportaron allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, uso masivo de balines, bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas, incluso contra manifestaciones pacíficas y familias enteras. El 25 de octubre, más de 1,2 millones de personas se congregaron en la Plaza Italia (ahora conocida como Plaza Dignidad) en Santiago, en la manifestación más masiva desde que se restauró la democracia, un evento que se replicó en muchas ciudades del país.

A pesar de que la mayoría de los asistentes se comportaron pacíficamente, el Estado reaccionó con una represión sistemática, extensa y brutal. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se registraron más de 3.800 personas heridas, muchas de ellas con traumas oculares irreversibles provocados por escopetas antidisturbios (con al menos 460 casos documentados de daño ocular), 34 personas perdieron la vida en el contexto de las protestas al menos 9 de ellas directamente a causa de la acción de agentes estatales, y más de 20.000 personas fueron detenidas, incluidos niños y adolescentes.

Además, se denunciaron casos sistemáticos de tortura, violencia sexual, golpizas durante las detenciones, negación de atención médica y simulacros de ejecución. Estas prácticas fueron documentadas no solo por el INDH, sino también por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes coincidieron en calificar la actuación estatal como graves violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de las instituciones llegó tarde y fue insuficiente. Aunque se inició un proceso constituyente con un plebiscito en octubre de 2020 que aprobó la redacción de una nueva Constitución, la impunidad por los crímenes cometidos durante el estallido social ha sido la norma. La Fiscalía abrió miles de casos, pero los procesos judiciales han avanzado lentamente, dejando a la mayoría de las víctimas sin justicia. En este contexto, los altos mandos de Carabineros continuaron operando con poca supervisión civil. El estallido dejó una herida profunda en la memoria colectiva del país, marcando un antes y un después en la relación entre la ciudadanía, las fuerzas del orden y el Estado. Además, expuso de manera cruda los límites del modelo democrático chileno, que está fuertemente condicionado por estructuras de poder autoritarias, exclusión socioeconómica y una violencia institucional que se ha normalizado.