Sudán

Entre 2003 y 2009, Sudán atravesó uno de los conflictos más brutales y represivos de África, centrado en la región occidental de Darfur. Allí, la violencia tomó la forma de limpieza étnica y crímenes de guerra. El conflicto estalló debido al levantamiento armado de dos grupos rebeldes: el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM) y el Ejército de Liberación de Sudán (SLA). Estos grupos acusaban al gobierno central de Jartum de haber marginado históricamente a las comunidades no árabes de la región. En respuesta, el régimen del entonces presidente Omar al-Bashir desató una ofensiva militar masiva, utilizando fuerzas armadas y milicias árabes conocidas como Janjaweed, que se encargaron de atacar a los civiles sospechosos de tener simpatías por los rebeldes.

La represión estatal se manifestó a través de bombardeos aéreos indiscriminados sobre aldeas, masacres, desplazamientos forzados, la quema de cultivos y la ejecución sistemática de hombres, mujeres y niños. Las Janjaweed, con el apoyo logístico y armamentístico del gobierno, actuaron con total impunidad en un contexto donde el Estado sudanés negó una y otra vez su implicación directa. El resultado fue devastador: según datos de la ONU, más de 300,000 personas perdieron la vida a causa de la violencia, y 2.5 millones fueron desplazadas, ya sea internamente o hacia campos de refugiados en Chad y otras áreas fronterizas. Además, se registraron miles de casos de violencia sexual utilizados como arma de guerra, especialmente dirigidos contra mujeres y niñas de comunidades africanas como los fur, masalit y zaghawa. La represión no se limitó solo a lo militar. El gobierno también persiguió a periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios que se atrevían a denunciar las atrocidades.

Se prohibió el acceso a organizaciones internacionales, se expulsaron misiones humanitarias y se arrestó a activistas sudaneses bajo la acusación de colaborar con “el enemigo”. La falta de rendición de cuentas y la negación sistemática de justicia por parte de los tribunales nacionales fueron una constante a lo largo de todo el conflicto.

En 2008, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente Omar al-Bashir, acusándolo de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esto lo convirtió en el primer líder de un país en funciones en enfrentar tales acusaciones. A pesar de esto, el gobierno sudanés desestimó los cargos y siguió reprimiendo tanto a las voces internas como a los organismos internacionales que clamaban por justicia.

En este contexto, la represión estatal se destacó por su enfoque étnico, estructural y meticulosamente planificado, utilizando el aparato militar de manera estratégica para aplastar cualquier forma de oposición o resistencia civil en Darfur. Este conflicto dejó cicatrices sociales profundas, fracturó el tejido comunitario y creó un terreno fértil para ciclos posteriores de violencia y desconfianza hacia el Estado sudanés.

Entre 2011 y 2013, Sudán vivió una serie de protestas urbanas que fueron fundamentales en la lucha contra el régimen de Omar al-Bashir, después de años de autoritarismo, corrupción y exclusión social. La situación económica se volvió crítica tras la secesión de Sudán del Sur, que resultó en la pérdida del 75% de la producción petrolera del país. Esto llevó a un aumento descontrolado de la inflación, un desempleo en ascenso y recortes en los subsidios estatales, lo que impulsó a miles de personas, especialmente estudiantes, profesionales y mujeres, a salir a las calles en Jartum y otras ciudades.

Las protestas comenzaron de manera pacífica, con marchas y plantones frente a universidades, edificios del gobierno y plazas públicas. Las demandas abarcaban la renuncia de al-Bashir, reformas democráticas, justicia social y una mayor libertad de prensa. Sin embargo, el régimen reaccionó con una represión estatal violenta e inmediata, utilizando tanto a fuerzas policiales antidisturbios como a agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS).

Las tácticas represivas incluyeron el uso de gases lacrimógenos, balas reales, golpizas públicas y detenciones arbitrarias, incluso contra activistas pacíficos. Las cárceles y los centros de detención temporales se saturaron rápidamente, y tanto organizaciones locales como internacionales denunciaron casos de tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas en estas instalaciones. Se estima que al menos 200 personas han sido asesinadas a causa de la represión policial y militar en este periodo, aunque la cifra real podría ser mucho más alta debido a la censura en los medios y la falta de acceso internacional.

Además, hay más de 2.000 detenidos, entre ellos periodistas, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos, muchos de los cuales han estado encarcelados sin juicio durante meses o incluso años.

La represión también abarcó el cierre de periódicos independientes, la persecución de organizaciones no gubernamentales, la interrupción de las telecomunicaciones durante las protestas y el uso del sistema judicial como un medio de castigo político. En respuesta a esta situación, varias organizaciones, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, denunciaron que Sudán estaba viviendo una “dictadura de facto”, donde el derecho a manifestarse era criminalizado y cualquier forma de disidencia se consideraba una amenaza terrorista.

A pesar de la represión, estos años sentaron las bases para lo que más tarde se transformaría en la revolución sudanesa de 2018-2019. Se hizo evidente el descontento social acumulado y se fortalecieron las redes de protesta juvenil, feminista y profesional. Así, el anhelo de un cambio estructural comenzó a surgir en este ciclo de resistencia, que estaba ahogado por la violencia del estado.

A finales de 2018, Sudán vivió una ola masiva de protestas que, en cuestión de meses, se convirtió en una revolución popular sin precedentes, conocida como la Revolución Sudanesa. Este movimiento culminó con la caída del dictador Omar al-Bashir en abril de 2019, después de 30 años en el poder. Lo que comenzó como una protesta por el aumento de los precios del pan y la escasez de combustible, rápidamente se transformó en una movilización nacional que exigía el fin del régimen autoritario, justicia social y una transición hacia un gobierno civil y democrático.

Las protestas se destacaron por su enfoque pacífico, siendo en gran parte impulsadas por la Sudanese Professionals Association (SPA), así como por jóvenes, mujeres, activistas comunitarios y grupos marginados. Las marchas, huelgas y sentadas se llevaron a cabo en todo el país, especialmente en ciudades como Jartum, Omdurmán, Al-Qadarif, Atbara y Darfur. La diversidad social, étnica y de género fue una de las características más notables del movimiento.

La reacción del régimen de al-Bashir fue increíblemente represiva y brutal. Las fuerzas del orden que incluyen a la policía, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) aplastaron las manifestaciones con disparos de munición real, detenciones arbitrarias, golpizas públicas, torturas en centros clandestinos y violencia sexual sistemática.

Uno de los episodios más trágicos fue la masacre del 3 de junio de 2019 en Jartum, cuando las RSF atacaron una sentada pacífica frente al cuartel general del ejército. En cuestión de horas, al menos 128 personas perdieron la vida, cientos resultaron heridas, y se reportaron numerosos casos de violaciones en grupo, desapariciones forzadas y cuerpos arrojados al Nilo. Médicos sudaneses y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional describieron este evento como una masacre sistemática, diseñada para desmantelar el movimiento.

Durante el periodo de protestas que abarcó desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2019, se registraron más de 300 asesinatos, miles de heridos, más de 3,000 detenciones y un número alarmante de torturados y desaparecidos. A pesar del clima de terror impuesto por el estado, las manifestaciones continuaron. La presión internacional, combinada con la valentía del pueblo, logró que la élite militar destituyera a al-Bashir en abril de 2019.

Tras su derrocamiento, se estableció un gobierno de transición cívico-militar, aunque el proceso fue frágil y estuvo lleno de tensiones internas. A pesar de esto, el legado de la revolución se mantuvo como un símbolo de dignidad, organización popular y resistencia pacífica, y la demanda de justicia por los crímenes cometidos durante este periodo sigue viva hasta el día de hoy.

Después de la Revolución Sudanesa (2018–2019) y la caída de Omar al-Bashir, Sudán vivió una transición política inestable y llena de conflictos, bajo la administración de un Consejo Soberano que combinaba tanto a militares como a civiles. Sin embargo, las tensiones entre estos dos grupos aumentaron a lo largo de 2020, y finalmente, el 25 de octubre de 2021, el general Abdel Fattah al-Burhan llevó a cabo un golpe de Estado militar, disolviendo el gobierno de transición, arrestando al primer ministro Abdalla Hamdok y tomando el control del país.

La medida provocó una respuesta inmediata de la sociedad civil, que vio el golpe como una traición al verdadero espíritu de la revolución. Decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país, especialmente en Jartum, Omdurmán, Port Sudán y Kordofán, exigiendo el regreso del gobierno civil, justicia por las masacres pasadas y el fin de la militarización de la política. Las protestas fueron masivas, pacíficas y continuas, organizadas a través de comités barriales y redes sociales, bajo el lema “No al gobierno militar”.

La respuesta del estado fue rápida y brutal. El nuevo régimen militar optó por una represión sistemática: cortes totales de internet y redes sociales, francotiradores apostados en azoteas, vehículos blindados en las calles, y un uso masivo de gases lacrimógenos y munición real. Fuerzas como las RSF (Fuerzas de Apoyo Rápido) y unidades del ejército atacaron a los manifestantes, incluso en zonas residenciales y hospitales.

Según informes de los Comités de Médicos de Sudán, más de 120 personas perdieron la vida entre octubre de 2021 y julio de 2022 debido a la represión violenta de las protestas. La mayoría de las víctimas fueron alcanzadas por disparos en la cabeza, el cuello o el pecho, lo que indica una clara intención de causar daño mortal. Además, se registraron miles de heridos, muchos de ellos con traumas oculares, lesiones en las extremidades y secuelas permanentes. También se documentaron detenciones arbitrarias masivas, casos de violencia sexual y tortura a activistas en centros de detención clandestinos.

La comunidad internacional rechazó el golpe, pero la presión diplomática no fue suficiente para detener la represión. Mientras tanto, los comités de resistencia siguieron organizando protestas semanales, mostrando un notable nivel de organización y resiliencia entre la población, a pesar de enfrentar una severa criminalización por parte del régimen.

A pesar de los esfuerzos por reanudar el diálogo, la tensión se mantuvo en el aire. Las calles estaban llenas de una fuerte presencia militar, los periodistas enfrentaban persecuciones, las ONG estaban bloqueadas, y la justicia brillaba por su ausencia para las víctimas. Al final del periodo, no hubo avances significativos hacia una transición democrática, dejando un panorama de represión que profundizó la brecha entre la sociedad civil y las fuerzas armadas.