Kenia

Las elecciones generales que se llevaron a cabo en Kenia el 27 de diciembre de 2007 se convirtieron en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país. En esta contienda, el entonces presidente Mwai Kibaki, del partido gobernante Party of National Unity (PNU), se enfrentó al líder de la oposición, Raila Odinga, del Orange Democratic Movement (ODM). La Comisión Electoral proclamó la reelección de Kibaki, pero esto ocurrió en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral, manipulación en el conteo de votos y una alarmante falta de transparencia, lo que desató una ola de indignación en todo el país.

En los días que siguieron, se desataron protestas masivas en varias ciudades del país, especialmente en Nairobi, Kisumu, Eldoret y Mombasa. Estas manifestaciones, impulsadas por jóvenes, simpatizantes del ODM y comunidades que denunciaban la exclusión étnica y la manipulación institucional, rápidamente se convirtieron en una crisis nacional de violencia política y étnica. La situación se intensificó por discursos incendiarios, enfrentamientos entre comunidades y fallos en las instituciones. Sin embargo, la respuesta del Estado no se limitó a intentar controlar la violencia civil; las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una represión sistemática y desproporcionada contra los manifestantes y las comunidades opositoras.

La policía y el ejército utilizaron munición real, realizaron arrestos indiscriminados, llevaron a cabo desapariciones forzadas y emplearon la violencia sexual como herramientas de control. La Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral (Comisión Waki) y el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales documentaron casos de ejecuciones sumarias perpetradas por agentes del Estado, especialmente en áreas urbanas empobrecidas y bastiones de la oposición.

En Kisumu, por ejemplo, se registraron varios asesinatos de manifestantes a causa de disparos a quemarropa por parte de la policía.

Además de la letalidad de la fuerza, la violencia sexual se utilizó de manera sistemática tanto por actores estatales como no estatales. La Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación (TJRC) confirmó que se registraron violaciones masivas contra mujeres y niñas, muchas de ellas perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, en un patrón de castigo colectivo y dominación de género. La mayoría de estos crímenes quedaron impunes, debido a la falta de voluntad política y a la fragilidad del sistema judicial.

Según cifras acordadas entre organismos internacionales y kenianos, al menos 1.133 personas perdieron la vida durante la crisis, más de 600.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares, y miles sufrieron heridas o traumas, tanto por la violencia étnica como por la intervención directa de las fuerzas de seguridad. El Estado no solo falló en proteger a sus ciudadanos, sino que también fue directamente responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, la rendición de cuentas ha sido casi inexistente. La Corte Penal Internacional (CPI) comenzó investigaciones, pero los juicios contra altos funcionarios, como Uhuru Kenyatta y William Ruto, se han desmoronado debido a la falta de cooperación del Estado y a presiones políticas. Hasta el día de hoy, las víctimas de la represión policial durante el periodo 2007–2008 siguen clamando por justicia, reparación y garantías de que no se repetirá.

Entre 2011 y 2015, Kenia fue escenario de una serie de movilizaciones sociales y estudiantiles, impulsadas por la creciente frustración ante la desigualdad económica, la corrupción que parecía estar en todas partes, el aumento del costo de vida, el desempleo juvenil y la represión institucional. Estas protestas, que se repetían con frecuencia, contaron con la participación de estudiantes universitarios, trabajadores del transporte, sindicatos de maestros, profesionales de la salud y grupos juveniles, especialmente en las áreas urbanas de Nairobi, Mombasa, Kisumu y Eldoret.

Uno de los principales factores que desencadenó la situación fue el proyecto de reforma fiscal que el gobierno del presidente Uhuru Kenyatta impulsó al asumir el poder en 2013. La implementación de nuevos impuestos sobre productos básicos y servicios esenciales, como alimentos, transporte y combustible, fue vista como un ataque directo a las clases populares. El IVA aplicado a productos de primera necesidad provocó un fuerte rechazo entre la población, que se manifestó a través de huelgas nacionales, marchas pacíficas y bloqueos en las ciudades, especialmente en los sectores del transporte matatu, la educación pública y la sanidad.

Al mismo tiempo, las universidades públicas del país se transformaron en epicentros de protesta. Estudiantes de la Universidad de Nairobi, Kenyatta University y Moi University, entre otras, se unieron para organizar manifestaciones en contra del aumento de las matrículas, la militarización de los campus y los recortes en el presupuesto. Las protestas estudiantiles también denunciaban la intervención del estado en los procesos electorales internos de las uniones estudiantiles y la falta de libertad de expresión en las instituciones académicas.

La respuesta del Estado fue, en su mayoría, represiva. Las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía antidisturbios (Unidad de Servicio General – GSU), reaccionaron con un uso desmedido de la fuerza, disparando balas de goma, lanzando gases lacrimógenos, realizando arrestos arbitrarios y, en algunos casos, utilizando munición real contra manifestantes desarmados.

Informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado numerosos incidentes en los que estudiantes fueron golpeados brutalmente, detenidos sin orden judicial y enfrentaron cargos fabricados, como alteración del orden público o destrucción de propiedad estatal.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 14 de abril de 2015 en la Universidad de Nairobi, donde decenas de estudiantes resultaron heridos tras enfrentarse a la policía durante una manifestación en contra de la suspensión de sus líderes estudiantiles. Videos que circularon en redes sociales mostraron a agentes arrastrando a los estudiantes por el suelo, golpeándolos con porras y deteniéndolos en condiciones inhumanas. Ese mismo año, el Sindicato Nacional de Maestros de Kenia (KNUT) organizó una huelga nacional que también fue reprimida con violencia en varias ciudades del país.

Aunque la mayoría de las protestas no resultaron en un gran número de muertes, se registraron al menos 20 personas fallecidas debido a la acción directa de la policía entre 2011 y 2015. Además, hubo cientos de heridos y más de 500 detenciones arbitrarias durante las manifestaciones. La impunidad policial fue una constante: las investigaciones rara vez llevaron a sanciones, y los mecanismos de rendición de cuentas, como la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA), enfrentaron serias limitaciones para operar de manera autónoma.

Este periodo puso de manifiesto que, a pesar de que Kenia cuenta con un marco democrático formal, la protesta social sigue siendo reprimida como si fuera una amenaza al orden, en lugar de ser vista como un derecho constitucional. Los estudiantes y trabajadores se convirtieron en el objetivo de una estrategia estatal de contención autoritaria, que mezcló violencia física con procesos judiciales punitivos y vigilancia preventiva.

Entre 2016 y 2017, Kenia experimentó un nuevo ciclo de movilización social que se centró en la demanda de reformas electorales profundas, impulsado por la creciente desconfianza en la Comisión Electoral Independiente y de Límites (IEBC). La oposición, encabezada por Raila Odinga y su coalición NASA (National Super Alliance), puso en tela de juicio la imparcialidad del organismo electoral, denunciando una parcialidad estructural, manipulación en el registro de votantes y una falta de transparencia en la tecnología utilizada. Estas exigencias se tradujeron en marchas semanales, protestas ciudadanas y plantones pacíficos frente a las oficinas del IEBC, especialmente en Nairobi, Kisumu y otras ciudades del oeste del país.

La respuesta del Estado estuvo marcada por una represión sistemática. La policía y las unidades paramilitares, especialmente la Unidad de Servicios Generales (GSU), reprimieron las marchas utilizando gases lacrimógenos, cañones de agua, golpizas y, en muchos casos, disparos reales contra manifestantes desarmados. Los enfrentamientos fueron especialmente violentos en Kisumu, un bastión de la oposición, donde se reportaron decenas de heridos y varios muertos por disparos a quemarropa. Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) y Amnistía Internacional, documentaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Las tensiones alcanzaron su punto máximo durante las elecciones generales del 8 de agosto de 2017, cuando la IEBC proclamó al presidente Uhuru Kenyatta como el ganador con un 54 % de los votos. Odinga y sus seguidores acusaron de un fraude electoral masivo, lo que provocó una nueva ola de protestas en todo el país.

Las manifestaciones posteriores a las elecciones fueron reprimidas con una violencia extrema. En los barrios marginales de Nairobi, como Mathare, Kibera y Dandora, la policía llevó a cabo operativos nocturnos, disparando de manera indiscriminada, golpeando a civiles, saqueando y realizando detenciones sin orden judicial.

Según un informe conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que se publicó en octubre de 2017, al menos 92 personas fueron asesinadas por la policía durante las protestas posteriores a las elecciones. Entre las víctimas, había muchos niños, mujeres y transeúntes. Un caso que destacó fue el de Samantha Pendo, una niña de solo seis meses que perdió la vida tras recibir un golpe en la cabeza por parte de policías antidisturbios en Kisumu. Su trágica historia se convirtió en un símbolo nacional de la brutalidad policial y la impunidad que existe en las instituciones.

A pesar de la represión, la Corte Suprema de Kenia tomó una decisión histórica al anular los resultados electorales el 1 de septiembre de 2017, señalando “irregularidades y ilegalidades sustanciales”. Sin embargo, el nuevo proceso electoral que se llevó a cabo el 26 de octubre fue boicoteado por la oposición, lo que permitió a Kenyatta ganar de nuevo con una participación muy baja, mientras las protestas y la represión continuaban.

Este periodo mostró que, a pesar de los avances en la democratización y la jurisprudencia constitucional, la cultura de represión policial en Kenia sigue estando profundamente arraigada. Las fuerzas de seguridad no actuaron como defensores del orden público, sino más bien como herramientas políticas del gobierno en el poder, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos que, en la mayoría de los casos, quedaron sin investigar ni sancionar.

La llegada del COVID-19 a Kenia en marzo de 2020 provocó una crisis sanitaria y económica que llevó al gobierno a imponer toques de queda, cuarentenas obligatorias y restricciones a la movilidad. Aunque estas medidas tenían como objetivo frenar la propagación del virus, su implementación estuvo marcada por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, especialmente en las zonas urbanas más vulnerables, donde las fuerzas de seguridad actuaron con una brutalidad alarmante desde el primer día.

Apenas unas horas después de que comenzara el primer toque de queda, el 27 de marzo de 2020, comenzaron a circular imágenes y videos que mostraban a policías golpeando, disparando y lanzando gases lacrimógenos contra civiles desarmados, incluyendo a menores, trabajadores esenciales y personas que solo buscaban alimentos o servicios básicos. El barrio de Mathare en Nairobi fue el epicentro de estas violencias, aunque también se registraron abusos en Mombasa, Kisumu, Nakuru y otras regiones.

El uso de la fuerza letal se convirtió en algo habitual. La organización Human Rights Watch informó que, entre marzo y julio de 2020, al menos 30 personas perdieron la vida a manos de la policía, muchas de ellas debido a disparos, golpizas o asfixia durante operativos nocturnos. Uno de los casos más impactantes fue el de Yassin Moyo, un niño de 13 años que fue asesinado de un disparo en el balcón de su casa en Nairobi, mientras miraba a los policías patrullar. Su muerte provocó una ola de indignación en todo el país y desató protestas espontáneas que exigían justicia y la desmilitarización de las comunidades.

La respuesta del gobierno llegó tarde y fue evasiva. Aunque el presidente Uhuru Kenyatta mostró públicamente su “arrepentimiento” por algunos excesos, no se implementaron medidas efectivas para frenar la violencia policial, y los responsables directos no enfrentaron sanciones.

La Independent Policing Oversight Authority (IPOA), que se encarga de supervisar la conducta policial, inició investigaciones en al menos 87 casos de abuso, pero muy pocos llegaron a la etapa judicial. En la mayoría de los casos, las víctimas no obtuvieron reparación ni acceso a la justicia, lo que reforzó la sensación de impunidad estructural dentro de las fuerzas de seguridad.

Además de la violencia física, la policía aprovechó la pandemia como una excusa para extorsionar, detener de manera arbitraria, desalojar y vigilar a comunidades vulnerables. En barrios como Kibera, Huruma o Kariobangi, decenas de familias fueron desalojadas sin una orden judicial, justo en medio de la pandemia, por órdenes municipales y con el respaldo de la fuerza pública. Estas acciones provocaron nuevas olas de protesta que también fueron reprimidas.

A raíz de estos acontecimientos, varias organizaciones de la sociedad civil iniciaron campañas como #StopPoliceBrutalityKE y #JusticeForYassin, que visibilizan los abusos y exigen una reforma estructural de la policía. Aunque estas movilizaciones se vieron limitadas por las restricciones sanitarias, lograron crear un discurso nacional de resistencia contra la violencia estatal, especialmente entre jóvenes, activistas comunitarios y periodistas independientes.

Este periodo puso de manifiesto de manera contundente cómo, en tiempos de crisis, el aparato estatal de Kenia recurre a tácticas autoritarias y punitivas, especialmente dirigidas hacia los sectores más empobrecidos. La violencia policial durante la pandemia no fue un desvío del orden establecido, sino una manifestación sistemática del modelo de control territorial que impera en Kenia, particularmente en contra de los más vulnerables.