Iran

Entre los años 2000 y 2025, la República Islámica de Irán ha sido testigo de numerosas oleadas de protestas populares, impulsadas por una mezcla de factores políticos, económicos, sociales y culturales. Aunque existe un sistema electoral formal, el verdadero poder se encuentra en manos de instituciones no democráticas, como el Líder Supremo y la Guardia Revolucionaria. Esto ha creado un ambiente de represión estructural y una criminalización sistemática de la protesta. Cada vez que hay un ciclo de movilización, la respuesta del estado ha sido violenta, incluyendo el uso de la fuerza policial, detenciones masivas, censura, ejecuciones y represión judicial, lo que ha llevado a una de las políticas represivas más severas en el Medio Oriente.

Uno de los momentos más significativos fue el Movimiento Verde de 2009, que estalló tras las elecciones presidenciales que reeligieron a Mahmoud Ahmadinejad en medio de acusaciones de fraude. Millones de iraníes salieron a las calles, especialmente en Teherán, pidiendo transparencia electoral y más libertades democráticas. La reacción del régimen fue rápida y brutal: más de 70 personas perdieron la vida, miles fueron detenidas, y figuras clave de la oposición como Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi fueron colocadas bajo arresto domiciliario. El caso de Neda Agha-Soltan, una joven asesinada en plena calle y capturada en video, se convirtió en un símbolo global de la represión en Irán.

Entre 2017 y 2018, la gente volvió a tomar las calles, esta vez para protestar por el aumento del costo de vida, el desempleo juvenil y la corrupción que parece estar enraizada. Las manifestaciones, que comenzaron en pequeñas ciudades como Mashhad, se esparcieron rápidamente a más de 80 localidades. Aunque al principio eran protestas económicas, pronto se transformaron en gritos políticos en contra del sistema. La policía y las fuerzas paramilitares (Basij) respondieron con una violencia brutal: al menos 25 personas perdieron la vida por disparos o torturas, y más de 5.000 fueron detenidas de manera arbitraria, muchas en condiciones inhumanas. La represión alcanzó niveles alarmantes en noviembre de 2019, cuando el gobierno decidió aumentar de manera abrupta el precio del combustible. Las protestas que estallaron en respuesta fueron sofocadas con disparos reales, detenciones masivas y un apagón total de internet que duró al menos cinco días, lo que dificultó la difusión de información.

Diversas fuentes, como Reuters y Amnistía Internacional, informaron sobre un rango de entre 321 y 1.500 muertes, muchas de ellas causadas por disparos en el pecho o la cabeza. Además, las fuerzas de seguridad recurrieron a la violencia sexual, la tortura y ejecuciones extrajudiciales.

El episodio más reciente que ha resonado a nivel mundial fue el levantamiento social que estalló tras la muerte de Jina Mahsa Amini en septiembre de 2022. Amini, una joven kurda de 22 años, perdió la vida mientras estaba bajo custodia policial, después de ser arrestada por la “policía de la moral” por no llevar el velo islámico de manera adecuada. Su trágica muerte desató una insurrección masiva, impulsada por el lema “Mujer, Vida, Libertad”, donde mujeres, jóvenes y minorías étnicas tomaron la delantera. El régimen respondió con toda su fuerza represiva: más de 500 personas, incluidos niños, perdieron la vida, y más de 20,000 fueron detenidas, con numerosos informes de tortura, violaciones y juicios sumarios. Varias de estas personas fueron ejecutadas bajo cargos como “enemistad con Dios” (moharebeh).

Entre 2024 y 2025, las protestas se volvieron más localizadas, especialmente en las regiones kurdas y baluchis, así como en áreas urbanas como Teherán e Isfahán. La represión no cesó: al menos 100 personas perdieron la vida durante este tiempo a causa de acciones policiales y militares, y más de 1.200 activistas siguen detenidos sin un juicio justo. El régimen ha fortalecido su control judicial sobre la disidencia y ha aumentado el uso de tecnologías de vigilancia digital, lo que ha restringido drásticamente el espacio para la protesta pacífica.

En resumen, las movilizaciones en Irán durante este tiempo muestran un patrón repetitivo de levantamientos sociales legítimos, enfrentándose a una respuesta del Estado que es sistemáticamente violenta. Esto se manifiesta en el uso letal de la fuerza, detenciones masivas y un control estricto de la información. A pesar de la represión, que no ha logrado acallar las demandas sociales, ha dejado un saldo devastador de víctimas y ha intensificado la desconfianza de la población hacia el gobierno.

En 2009, Irán vivió una de las movilizaciones ciudadanas más significativas desde la Revolución Islámica de 1979. Este movimiento, conocido como el Movimiento Verde (Jonbesh-e Sabz), nació como respuesta a las elecciones presidenciales del 12 de junio de ese año, donde el entonces presidente Mahmoud Ahmadinejad fue declarado ganador en la primera vuelta con más del 60 % de los votos. Sin embargo, los resultados fueron rápidamente cuestionados por los candidatos opositores Mir-Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, así como por millones de ciudadanos que denunciaron un fraude electoral masivo.

En los días y semanas que siguieron, millones de personas salieron a las calles de Teherán y otras ciudades, gritando “¿Dónde está mi voto?”, pidiendo transparencia en las elecciones, justicia y una apertura democrática. Aunque el movimiento comenzó de manera legal y pacífica, las autoridades rápidamente lo catalogaron como un intento de subversión, y se convirtió en el objetivo de una respuesta estatal brutal. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la policía antidisturbios y las milicias paramilitares Basij aplastaron con fuerza las manifestaciones, incluso aquellas que se organizaban de forma pacífica.

La represión fue brutal, con un uso indiscriminado de la fuerza letal, golpizas en la calle, detenciones sin justificación, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas en centros de detención como Kahrizak, donde varios detenidos perdieron la vida bajo custodia. Uno de los momentos más impactantes fue el asesinato de Neda Agha-Soltan, una joven de 26 años que fue alcanzada por una bala en el pecho durante una protesta en Teherán. Su muerte, capturada en video y compartida en todo el mundo, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad en Irán y de la brutalidad del régimen.

Según informes de organizaciones de derechos humanos, al menos 70 personas perdieron la vida durante las protestas del Movimiento Verde, aunque algunas estimaciones no oficiales sugieren que la cifra podría ser aún mayor. Además, más de 4.000 personas fueron detenidas entre junio y agosto de 2009. Muchos de ellos enfrentaron juicios sumarios sin las debidas garantías procesales, y algunos fueron condenados a largas penas de prisión o incluso a la pena de muerte. Figuras clave de la oposición, como Mousavi y Karroubi, fueron colocadas bajo arresto domiciliario sin cargos formales, donde permanecieron durante más de una década.

El gobierno también optó por una censura masiva de los medios de comunicación, bloqueando plataformas digitales y infiltrándose en redes sociales. Esto marcó uno de los primeros casos a gran escala de represión digital de protestas en el siglo XXI. Se cerraron periódicos independientes, se revocaron licencias a periodistas críticos y se expulsaron corresponsales extranjeros. Esta mezcla de violencia física, represión legal y censura mediática estableció un modelo de control estatal que se replicaría en ciclos represivos posteriores.

A pesar de su derrota táctica, el Movimiento Verde logró cambiar la conciencia política de una nueva generación de iraníes y dejó una huella importante en la lucha por los derechos civiles y políticos en el país. Su legado resurgió años más tarde en los levantamientos de 2017, 2019 y 2022, donde muchas de las demandas fundamentales como la libertad, la transparencia electoral, los derechos de las mujeres y el fin de la represión seguían sin respuesta.

A finales de diciembre de 2017, Irán vivió una ola de protestas espontáneas que se propagaron rápidamente a más de 80 ciudades en todo el país, incluyendo Mashhad, Teherán, Isfahán, Shiraz y Kermán. A diferencia de movimientos anteriores que eran impulsados por la clase media urbana, estas manifestaciones surgieron de sectores populares, inicialmente en respuesta al aumento del costo de vida, el desempleo estructural y la corrupción institucionalizada. Todo esto ocurrió en un contexto de marcada desigualdad social y una creciente frustración por la falta de resultados económicos tras el acuerdo nuclear (JCPOA) de 2015.

Las manifestaciones comenzaron en Mashhad, un bastión conservador, pero rápidamente adquirieron un carácter más amplio y politizado. Las consignas no solo se dirigían contra el gobierno del presidente Hasan Rohani, sino también contra el sistema clerical en su totalidad. Entre los lemas más escuchados estaban: “¡Muerte al dictador!”, “¡Ni Gaza ni Líbano, mi vida por Irán!” y “¡Abajo el régimen!”. Las demandas abarcaron mejoras salariales, acceso a servicios públicos, reformas democráticas y el fin de la represión hacia las mujeres y las minorías.

La reacción del Estado fue rápida y contundente. Las fuerzas policiales, las unidades antidisturbios y los cuerpos paramilitares Basij se movilizaron para llevar a cabo una respuesta represiva que incluyó detenciones masivas, el uso de fuerza letal y una vigilancia intensiva, tanto física como digital. En varias ciudades, se dispararon balas reales contra los manifestantes, lo que resultó en al menos 25 muertes confirmadas por organizaciones de derechos humanos. Algunas de las víctimas fallecieron bajo custodia en circunstancias sospechosas, como el caso de Sina Ghanbari, un joven de 22 años que fue encontrado muerto en la prisión de Evin pocos días después de su detención.

Además, se calcula que más de 5,000 personas fueron detenidas durante las semanas de protestas, muchas de ellas sin una orden judicial y en condiciones de aislamiento.

Varios informes han destacado la falta de acceso a abogados, así como la tortura física y psicológica durante los interrogatorios, y sentencias impuestas en juicios sumarios sin las debidas garantías procesales. Las protestas también fueron seguidas por una intensa campaña de represión digital, que incluyó el bloqueo temporal de aplicaciones como Telegram e Instagram, las cuales los manifestantes utilizaban para organizarse y compartir información.

La represión no se limitó solo a los días de las protestas. Activistas, periodistas y estudiantes que participaron en las movilizaciones enfrentaron hostigamiento judicial, despidos y restricciones en sus actividades académicas. El régimen vio una oportunidad para endurecer las leyes de seguridad nacional y aumentar la vigilancia preventiva, especialmente en universidades, fábricas y comunidades de bajos recursos.

Aunque las protestas no lograron un cambio estructural inmediato, pusieron de manifiesto una profunda división entre la sociedad y el sistema político-religioso. Además, mostraron que el descontento social en Irán ya no se limitaba solo a la élite reformista; ahora también abarcaba a jóvenes desempleados, clases trabajadoras y minorías que se sentían excluidas del crecimiento económico. Esta ola de movilización social sentó las bases para las rebeliones que vendrían en 2019 y 2022, las cuales serían reprimidas con aún más dureza.

En noviembre de 2019, el gobierno de Irán tomó una decisión inesperada y muy impopular: aumentó el precio de la gasolina en más del 200 % de la noche a la mañana. Esta medida, en medio de una inflación en aumento, sanciones económicas internacionales, un alto desempleo juvenil y una creciente desigualdad, desató una respuesta inmediata de la población. Las protestas, que al principio se centraron en cuestiones económicas, rápidamente se convirtieron en una revuelta social de carácter político en más de 100 ciudades, incluyendo Teherán, Shiraz, Isfahán, Kermanshah, Ahvaz y Mashhad.

La movilización fue, en su mayoría, algo espontáneo, impulsado por sectores populares, trabajadores en condiciones precarias y jóvenes de clase baja. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de calles, el cierre de estaciones de combustible y ocupaciones simbólicas de edificios públicos. Las consignas evolucionaron rápidamente hacia un rechazo abierto al sistema político, con gritos como “¡Muerte al dictador!” y “¡Fuera el clero!”. La rapidez y magnitud de la movilización sorprendieron al régimen, que respondió con una violencia sin precedentes desde los años 80.

En solo cinco días, el gobierno iraní movilizó a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a las fuerzas especiales antidisturbios para aplastar las protestas. La orden de represión era contundente: disparar a matar. Organizaciones como Amnistía Internacional han confirmado que al menos 321 personas perdieron la vida, incluidos menores de edad, muchas de ellas debido a disparos en la cabeza, el cuello o el torso, lo que revela un patrón de uso deliberado de fuerza letal contra manifestantes desarmados. Algunas estimaciones no oficiales, como las reportadas por Reuters, sugieren que el número real de víctimas podría ser superior a 1.500.

Además de las trágicas muertes, se registraron miles de heridos y más de 7.000 detenciones arbitrarias. Las cárceles se vieron desbordadas, y se documentaron casos de torturas físicas y psicológicas, así como violaciones en centros de detención como Fashafouyeh y Evin. Muchos de los detenidos enfrentaron juicios sumarios sin la posibilidad de contar con abogados ni pruebas, y algunos incluso fueron condenados a muerte. Se usaron cargos como “enemistad con Dios” (moharebeh) o “atentar contra la seguridad nacional”, que son comunes en los juicios contra disidentes en Irán.

Mientras tanto, el gobierno llevó a cabo un apagón total de internet que duró cinco días seguidos, dejando al país completamente aislado del resto del mundo y evitando que se compartieran imágenes de la represión. Esta táctica, considerada una de las medidas de censura digital más efectivas del régimen, impidió que los medios y los activistas pudieran documentar con precisión la magnitud de los abusos en tiempo real. Según Access Now, fue uno de los apagones de internet más largos y completos que se habían registrado a nivel mundial hasta ese momento.

Estas protestas fueron un verdadero punto de inflexión en la relación entre el Estado y la sociedad iraní. La brutalidad de la represión dejó al descubierto la desesperación del régimen por mantener el control, incluso a costa de violaciones masivas de los derechos humanos. A pesar de la censura, la represión no pudo silenciar el descontento profundo, que resurgiría con más fuerza en las movilizaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini.