India

Entre 2006 y 2008, India experimentó un periodo de intensas movilizaciones por parte de campesinos, indígenas y ambientalistas, todo como respuesta al avance de grandes proyectos mineros, represas y zonas económicas especiales (SEZ) que se impulsaban bajo el modelo de crecimiento neoliberal del gobierno de Manmohan Singh. Estos proyectos, que formaban parte del programa de reformas conocido como “India Shining”, conllevaban la expropiación masiva de tierras agrícolas y bosques, afectando directamente a miles de comunidades rurales.

Uno de los casos más emblemáticos fue el proyecto industrial de POSCO, una empresa surcoreana, en el estado de Odisha. Este proyecto buscaba ocupar más de 4.000 hectáreas de tierras agrícolas y forestales para establecer una planta siderúrgica y su propia Zona Económica Especial (SEZ). A pesar de la fuerte oposición de las comunidades locales, que no habían dado su consentimiento, el gobierno estatal autorizó el desalojo forzado, respaldado por fuerzas policiales especiales. En varias ocasiones, los habitantes de Dhinkia y de pueblos cercanos fueron reprimidos con gas lacrimógeno, porras y arrestos arbitrarios, y se reportaron heridos por proyectiles de goma y agresiones físicas.

En Nandigram, en Bengala Occidental, el gobierno intentó establecer una zona económica especial petroquímica en colaboración con la empresa indonesia Salim Group, lo que desató en 2007 una fuerte reacción entre los campesinos. La comunidad se levantó contra la expropiación de tierras y mantuvo bloqueos en las carreteras durante semanas. El 14 de marzo de ese año, la policía estatal llevó a cabo una operación violenta para recuperar el control del territorio: al menos 14 personas fueron asesinadas a tiros y más de 100 resultaron heridas, incluyendo a niños, mujeres y ancianos. Esta masacre, conocida como la “Masacre de Nandigram”, generó una conmoción tanto a nivel nacional como internacional, y fue condenada por la Corte Suprema de India como un uso desproporcionado de la fuerza. Las víctimas presentaron disparos en la cabeza y la espalda, lo que evidenció ejecuciones sumarias.

Un punto crítico se dio en Singur, también en Bengala Occidental, donde el gobierno local decidió ceder tierras a Tata Motors para construir una planta automotriz. Las protestas de los agricultores y activistas locales fueron respondidas con arrestos masivos, vigilancia estatal y campañas de criminalización, mientras que las tierras eran expropiadas a través de amenazas o sin una compensación justa. Las manifestaciones en Singur y Nandigram marcaron un antes y un después en la política de industrialización forzada sin el consentimiento de la comunidad local.

Además de estos casos, en estados como Chhattisgarh, Jharkhand y Andhra Pradesh, las comunidades adivasis han luchado contra los proyectos mineros de empresas como Vedanta y Essar. La respuesta del Estado incluyó el uso de fuerzas paramilitares como Salwa Judum, que llevaron a cabo abusos generalizados: desplazamientos forzados, detenciones ilegales, torturas, violaciones sexuales y asesinatos extrajudiciales. Más tarde, la Corte Suprema de India declararía inconstitucional a esta milicia, pero entre 2006 y 2008, sus operaciones dejaron cientos de víctimas y decenas de aldeas deshabitadas.

Las cifras consolidadas de este ciclo no siempre están organizadas de manera sistemática, pero se estima que más de 100 personas han sido asesinadas por fuerzas estatales o grupos paramilitares. Además, miles han sido desplazadas forzosamente, hay decenas de víctimas con lesiones permanentes y se han registrado cientos de arrestos arbitrarios, principalmente dirigidos a líderes sociales, activistas ambientales y defensores del derecho a la tierra.

El 16 de diciembre de 2012, India se vio sacudida por un crimen que puso de manifiesto la brutalidad patriarcal y la falta de eficacia de las instituciones para proteger a las mujeres. Una joven estudiante de 23 años fue víctima de una violación en grupo y torturada en un autobús en movimiento en Nueva Delhi. Después del ataque, ella y su acompañante fueron arrojados a la calle. La víctima, que más tarde sería conocida como “Nirbhaya” (sin miedo), falleció días después a causa de las graves heridas. Este caso desató una ola de indignación masiva, tanto en India como en la comunidad internacional.

Durante las semanas siguientes, decenas de miles de personas —principalmente mujeres jóvenes, estudiantes universitarios, activistas feministas y ciudadanos comunes— se unieron en ciudades de todo el país. Las mayores concentraciones se dieron en Nueva Delhi, donde se llevaron a cabo vigilias y marchas hacia India Gate, Raisina Hill y las sedes del gobierno central. Las consignas clamaban por justicia para Nirbhaya, un castigo ejemplar para los culpables y una transformación profunda en la manera en que el sistema judicial y policial aborda la violencia sexual

La respuesta del estado fue dura y represiva. En lugar de fomentar el diálogo o asegurar el derecho a protestar pacíficamente, el gobierno de la capital y las autoridades centrales optaron por imponer bloqueos en las vías, cerrar estaciones de metro, restringir la libertad de prensa y utilizar de manera intensiva a las fuerzas antimotines. La policía recurrió al uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, bastones (lathis) y realizó arrestos masivos para dispersar manifestaciones que, en su mayoría, eran pacíficas. El 23 de diciembre fue un día especialmente violento: decenas de manifestantes, incluidos reporteros y mujeres jóvenes, fueron golpeados; se reportaron más de 100 heridos y múltiples hospitalizaciones.

Una manifestante llamada Damini Rai sufrió graves heridas debido al impacto de un proyectil lacrimógeno. Durante el mes, se registraron al menos 175 detenciones arbitrarias, muchas de ellas dirigidas a mujeres. La represión fue tanto física como simbólica: el Estado intentó deslegitimar las protestas, acusando a los manifestantes de desestabilizar el orden público y de tener “motivaciones políticas”.

A pesar de la violencia institucional, las protestas lograron abrir un debate nacional sobre cómo se maneja legalmente la violencia sexual. El gobierno estableció el Comité Verma, liderado por el exjuez de la Corte Suprema J.S. Verma, quien propuso una serie de reformas legales importantes. Entre estas se encontraban el aumento de las penas por violación, la eliminación del requisito de testigos para presentar denuncias, y la creación de tribunales rápidos. Aunque algunas de estas recomendaciones fueron aceptadas, otras —como el reconocimiento de la violación dentro del matrimonio— quedaron sin atención. Según cifras aproximadas de la represión estatal (diciembre 2012 – enero 2013): una persona fallecida (un policía por infarto durante los enfrentamientos), más de 100 heridos entre manifestantes y periodistas, al menos 175 detenciones arbitrarias, y al menos dos casos documentados de lesiones oculares.

Las protestas por el caso Nirbhaya se convirtieron en un momento crucial en la historia del feminismo en India y en los movimientos juveniles urbanos. Sin embargo, también sirvieron como un claro ejemplo de cómo el Estado indio reaccionó ante una crisis de derechos humanos, utilizando violencia institucionalizada, criminalizando la protesta social y aplicando un uso excesivo de la fuerza.

En diciembre de 2019, el gobierno de Narendra Modi dio luz verde a la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA), una norma que permitía a inmigrantes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh obtener la ciudadanía india, siempre que no fueran musulmanes. Esta exclusión clara provocó una gran indignación en todo el país, especialmente porque se sumaba al plan de implementación del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC), una base de datos que obligaba a millones de personas a demostrar su ciudadanía con documentos. La combinación de estas dos políticas fue vista como una amenaza directa para la población musulmana, en particular para aquellos más pobres y marginados, que carecían de la documentación formal necesaria.

Las reacciones no se hicieron esperar. Se organizaron movilizaciones masivas en universidades como Jamia Millia Islamia en Delhi y Aligarh Muslim University, así como en barrios musulmanes, espacios públicos y ciudades enteras. En Delhi, el movimiento adquirió un simbolismo notable gracias a la sentada pacífica liderada por mujeres en Shaheen Bagh, que se mantuvo durante más de cien días. Estas manifestaciones reunieron a miles de personas de todas las confesiones religiosas, quienes rechazaban lo que consideraban una violación al carácter secular de la Constitución india.

La reacción del Estado fue rápida, desproporcionada y extremadamente represiva. En Uttar Pradesh, uno de los estados más afectados, las fuerzas del orden mataron al menos a 23 personas utilizando balas reales durante los enfrentamientos. También se registraron muertes en Delhi y Assam, lo que eleva el total a al menos 31 víctimas mortales como consecuencia directa de la represión estatal. Además, se documentaron más de 500 personas heridas en todo el país, muchas de ellas debido a golpes de bastones, proyectiles de goma o gases lacrimógenos disparados a corta distancia.

En Jamia Millia Islamia, la policía entró al campus sin tener una orden judicial, agrediendo brutalmente a los estudiantes dentro de la biblioteca, destrozando el mobiliario y usando una fuerza desmedida contra personas desarmadas.

Durante estos incidentes, al menos 15 personas sufrieron lesiones oculares permanentes, a causa del uso indebido de balas de goma y gases lacrimógenos disparados directamente a sus rostros. Varios informes médicos y denuncias recopiladas por medios independientes han respaldado estos casos.

La represión fue mucho más allá de la violencia física. El Estado implementó tácticas legales y policiales para acallar cualquier disidencia. Se llevaron a cabo más de 2.000 detenciones arbitrarias, muchas de las cuales afectaron a activistas, periodistas, académicos y estudiantes. Algunas personas enfrentaron cargos bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), una normativa antiterrorista que se ha utilizado para justificar arrestos prolongados sin juicio ni posibilidad de fianza. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que estos procedimientos evidencian un uso sistemático de la ley para silenciar voces disidentes, especialmente aquellas provenientes de la comunidad musulmana.

A pesar de que muchas de las protestas fueron pacíficas, con marchas iluminadas por velas, lecturas públicas de la Constitución y sentadas sin conflictos, el Estado decidió implementar una política de mano dura. Esto incluyó una vigilancia masiva en redes sociales, la interrupción del internet móvil en áreas enteras y la censura de los medios. Algunos estados incluso reprimieron a artistas y ciudadanos comunes por compartir publicaciones críticas al gobierno en línea.

Las protestas contra la CAA y el NRC se convirtieron en una de las movilizaciones ciudadanas más grandes y duraderas en la India del siglo XXI. Al mismo tiempo, pusieron de manifiesto el crecimiento del autoritarismo estatal, el debilitamiento del secularismo institucional y el uso de la fuerza policial para reprimir la protesta legítima. La violencia ejercida por las fuerzas del orden, que dejó más de 30 muertos, cientos de heridos, más de una docena de personas con lesiones oculares y miles de detenciones, se ha grabado como un capítulo oscuro en la historia reciente del país.

Entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021, India fue escenario de una de las movilizaciones campesinas más importantes de su historia reciente. Todo comenzó con la rápida aprobación de tres leyes agrícolas por parte del gobierno de Narendra Modi, que abrían las puertas a empresas privadas, eliminando a los intermediarios estatales y debilitando los precios mínimos garantizados (MSP). Para millones de agricultores, especialmente en los estados de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh, estas leyes representaban una amenaza directa a su forma de vida, empujándolos hacia una mercantilización total sin ninguna protección frente a las grandes corporaciones.

Las protestas comenzaron a nivel regional, pero pronto se convirtieron en un fenómeno nacional. En noviembre de 2020, decenas de miles de campesinos tomaron las entradas a Nueva Delhi, estableciendo campamentos masivos y bien organizados en lugares estratégicos como Singhu y Tikri. Durante más de un año, enfrentaron condiciones climáticas extremas y la pandemia, sin dejar de lado su demanda principal: la derogación de las leyes.

La represión estatal se hizo evidente desde el principio. El 26 de enero de 2021, durante una marcha simbólica por el Día de la República, se desató una violenta confrontación entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Ese día, al menos 300 personas resultaron heridas, incluyendo campesinos golpeados con bastones (lathis), periodistas heridos por proyectiles y varios que tuvieron que ser hospitalizados por inhalación de gas lacrimógeno. Además, se confirmó la muerte de un joven agricultor, lo que aumentó aún más la tensión con las autoridades. Más allá de los episodios visibles de violencia, el costo humano del movimiento fue aún más alarmante.

Durante trece meses de protestas continuas, más de 700 campesinos perdieron la vida, muchos de ellos debido a paros cardíacos, enfermedades respiratorias que se agravaron por las duras condiciones del campamento, suicidios relacionados con deudas, o la falta de atención médica. Aunque la mayoría de estas muertes no fueron causadas directamente por la violencia policial, están profundamente conectadas con la inacción del estado y la prolongación innecesaria del conflicto por parte del gobierno.

El aparato estatal no solo utilizó la fuerza física, sino que también implementó tácticas de criminalización y censura. Más de 50 personas fueron detenidas de manera arbitraria, incluyendo a líderes del movimiento y periodistas que estaban cubriendo las manifestaciones. Algunos enfrentaron acusaciones bajo leyes como la UAPA (Ley de Prevención de Actividades Ilícitas), que se usa comúnmente para perseguir a los disidentes. Además, el gobierno ordenó bloqueos de internet móvil en las zonas de protesta, propagó desinformación a través de medios afines y lanzó campañas de difamación, acusando a los campesinos de ser infiltrados extremistas o separatistas.

A pesar de la represión, el movimiento se mantuvo firme. La resistencia pacífica, respaldada por sindicatos, intelectuales, artistas y apoyo internacional, logró que el gobierno derogara las tres leyes agrícolas en noviembre de 2021. Fue un hito histórico para el campesinado indio, aunque el costo humano y social fue inmenso. La negativa inicial del Estado a entablar un diálogo, el uso de tácticas represivas y la falta de consideración por el bienestar de los manifestantes mostraron una lógica autoritaria frente a un disenso legítimo.