Haiti

Entre 2000 y 2004, Haití atravesó una de las crisis sociopolíticas más profundas desde que terminó la dictadura de Duvalier. Todo comenzó con el regreso de Jean-Bertrand Aristide al poder en 2001, en unas elecciones que estuvieron llenas de acusaciones de fraude y una masiva abstención. Aunque en los años noventa Aristide era visto como un símbolo de la democracia, su segundo mandato se caracterizó por un aumento en la autoritarismo, la corrupción institucional, la represión sistemática y una notable pérdida de legitimidad ante amplios sectores de la sociedad.

La respuesta del gobierno fue claramente represiva. La Policía Nacional de Haití (PNH), bajo el control del Ejecutivo, actuó en conjunto con grupos civiles armados conocidos como los “chimères”, que son milicias urbanas leales a Aristide, para reprimir de manera violenta las protestas. Estos grupos funcionaban como un aparato paraestatal, intimidando, agrediendo y asesinando a opositores sin ningún tipo de consecuencia. Se documentaron numerosos ataques a concentraciones pacíficas, allanamientos ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales, incluyendo casos emblemáticos como el de Jean Dominique, un periodista crítico que fue asesinado en 2000.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la represión era tanto sistemática como generalizada. Entre 2001 y 2004, al menos 50 personas perdieron la vida en protestas a manos de fuerzas de seguridad o milicias leales al gobierno, cientos resultaron heridas y más de 500 fueron detenidas de manera arbitraria.

La libertad de prensa también sufrió ataques, con asesinatos, secuestros y el cierre de emisoras opositoras. La policía se convirtió en un instrumento de persecución política, y el Poder Judicial perdió su independencia.

En 2003, varios sindicatos, universidades y gremios iniciaron una huelga nacional indefinida. Las manifestaciones diarias fueron reprimidas de manera brutal. En diciembre de ese mismo año, una marcha de estudiantes fue disuelta con disparos y gas lacrimógeno, resultando en al menos 3 muertos. En Cap-Haïtien, la policía atacó un hospital donde se habían refugiado heridos. Los testimonios recopilados por Human Rights Watch y Amnistía Internacional indican que los crímenes de Estado se llevaban a cabo con la aprobación directa del poder ejecutivo.

En febrero de 2004, la situación se tornó insostenible. Un grupo armado compuesto por antiguos militares y paramilitares tomó el control de varias ciudades del norte y avanzó hacia la capital, mientras la población continuaba con sus protestas. Ante el colapso de su apoyo, Aristide decidió renunciar el 29 de febrero de 2004, presionado por la comunidad internacional y con un operativo de salida organizado por EE.UU. y Francia. Su partida marcó el final de un ciclo autoritario, pero también dio paso a una nueva fase de ocupación extranjera y a una fragilidad institucional bajo el mando de las fuerzas de la ONU.

Después de la salida de Jean-Bertrand Aristide en 2004, Haití se sumergió en un nuevo periodo de inestabilidad política y colapso institucional, dejando al país sin un gobierno legítimo y sin las condiciones mínimas para gobernar. En este escenario, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió autorizar el despliegue de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que estaba compuesta por miles de soldados y policías de diferentes países, como Brasil, Chile, Uruguay, Nepal y Sri Lanka. Su misión era apoyar la transición política, mantener el orden público y reformar las fuerzas de seguridad haitianas. Sin embargo, en lugar de traer estabilidad, la ocupación internacional terminó intensificando la conflictividad social y generando nuevas formas de violencia institucional.

Durante este tiempo, la población haitiana dejó claro su rechazo a la ocupación extranjera, manifestándose a través de marchas, protestas en los barrios, huelgas y bloqueos. Las demandas de la gente incluían el respeto a la soberanía nacional, la salida de la MINUSTAH, mejoras en las condiciones económicas y el acceso a servicios básicos como salud, agua y educación. Las movilizaciones fueron especialmente comunes en barrios populares de Puerto Príncipe como Cité Soleil, Bel Air y Martissant, donde la presencia militar se sentía como una forma de control territorial impuesto.

La represión de estas manifestaciones fue llevada a cabo tanto por la Policía Nacional de Haití (PNH) como por las tropas de la MINUSTAH, a menudo en operativos conjuntos. En 2005 y 2006, las fuerzas de la ONU llevaron a cabo incursiones militares masivas en Cité Soleil, utilizando helicópteros, ametralladoras y armas de alto calibre en áreas densamente pobladas. Estas acciones resultaron en decenas de muertes, incluyendo mujeres, niños y ancianos, así como numerosos heridos y desplazamientos forzados. En el operativo del 6 de julio de 2005, se registró la muerte de más de 20 personas en una sola noche, sin que se iniciaran investigaciones ni se asignaran responsabilidades.

Además de la violencia letal, también se han reportado numerosos casos de violencia sexual perpetrada por soldados extranjeros, especialmente en comunidades rurales y áreas costeras. Estos abusos abarcaron violaciones, explotación sexual infantil y coerción a cambio de alimentos o asistencia humanitaria. Uno de los casos más documentados involucró a un grupo de soldados de Sri Lanka, quienes fueron acusados de violar sistemáticamente a niñas y adolescentes. A pesar de la gravedad de estos hechos, la inmunidad diplomática protegió a los agresores, y la mayoría de las víctimas nunca logró obtener justicia ni reparación.

Mientras tanto, la Policía Nacional, que supuestamente iba a ser reformada con la ayuda de la ONU, continuó actuando como una fuerza de represión y control social, enfocándose especialmente en jóvenes de escasos recursos, activistas, periodistas y líderes comunitarios. Se reportaron arrestos sin orden judicial, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. La represión fue especialmente dura contra estudiantes y sindicatos que se movilizaban por el aumento del costo de vida, la falta de empleo y la exclusión política. En varias manifestaciones, se usaron gases lacrimógenos, disparos directos y detenciones masivas, incluso en protestas pacíficas.

Entre 2004 y 2010, las organizaciones de derechos humanos estiman que más de 200 civiles perdieron la vida a manos de fuerzas de seguridad o durante operaciones conjuntas con la MINUSTAH. Además, se registraron más de 800 detenciones arbitrarias y numerosos casos de violencia sexual relacionados con soldados de la ONU. A esto se le suma la censura y el hostigamiento sistemático hacia periodistas y defensores de derechos humanos que se atrevían a denunciar estos abusos. Aunque la misión de la ONU se presentó como un garante de la paz, para muchos en la población, su legado fue el de una ocupación militar que perpetuó la impunidad, el racismo y la exclusión histórica.

El 12 de enero de 2010, Haití vivió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia: un terremoto de magnitud 7.0 que dejó más de 220,000 muertos, 300,000 heridos y más de 1.5 millones de personas sin hogar. La infraestructura del país colapsó por completo, y gran parte de la capital quedó en ruinas. Este evento agravó una crisis estructural que ya llevaba décadas, poniendo de manifiesto la fragilidad institucional, la extrema desigualdad social y la dependencia internacional. La tragedia provocó una ola de ayuda global sin precedentes, con promesas de reconstrucción por parte de gobiernos, ONGs y organismos multilaterales. Sin embargo, la gestión de esta ayuda se vio rápidamente envuelta en redes de corrupción, clientelismo y falta de transparencia, lo que generó una profunda indignación social.

En medio de este colapso, ocurrió un segundo desastre: un brote de cólera que fue introducido por las tropas nepalíes de la MINUSTAH, que estaban desplegadas en el centro del país. El virus, que se transmite a través de aguas contaminadas con desechos fecales de la base militar de Mirebalais, se propagó rápidamente debido a la fragilidad del sistema de saneamiento y salud. Entre 2010 y 2015, el cólera provocó más de 800,000 contagios y más de 10,000 muertes, según cifras oficiales. Las protestas contra la MINUSTAH se multiplicaron, con pancartas que exigían “Fuera ONU”, “ONU genocida” o “Responsabilidad ya”, y con bloqueos, plantones y ocupaciones pacíficas de plazas y edificios públicos.

La respuesta del estado y de la comunidad internacional ante estas manifestaciones fue, una vez más, bastante represiva. Tanto la Policía Nacional de Haití (PNH) como los contingentes de la MINUSTAH intervinieron en varias de estas protestas, utilizando una fuerza desproporcionada. En ciudades como Puerto Príncipe, Cap-Haïtien, Hinche y Jacmel, se reportaron ataques con gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y el uso de balas de goma y proyectiles reales. En noviembre de 2010, una manifestación en Cap-Haïtien fue brutalmente reprimida por soldados de la ONU, resultando en dos muertos y decenas de heridos.

A la par, las protestas contra la gestión poco transparente de los fondos destinados a la reconstrucción comenzaron a cobrar fuerza.

Organizaciones estudiantiles, sindicatos médicos y movimientos sociales alzaban la voz, denunciando cómo los recursos se concentraban en unas pocas manos, el desvío de contratos hacia empresas extranjeras sin licitación, y la falta de participación ciudadana en las decisiones sobre la reconstrucción. El presidente Michel Martelly, quien llegó al poder en 2011 con el apoyo de actores internacionales, fue criticado por favorecer a empresas cercanas a su círculo y por su actitud autoritaria ante las críticas.

Las protestas contra Martelly comenzaron a cobrar fuerza en 2012 y se volvieron masivas entre 2013 y 2015. Las principales demandas eran su renuncia, la convocatoria a elecciones transparentes y la rendición de cuentas sobre los fondos del PetroCaribe, cuyo uso irregular empezaba a ser denunciado por sectores de la oposición. En respuesta a estas movilizaciones, el gobierno optó por una represión policial directa, en coordinación con unidades de la MINUSTAH. Se reportaron allanamientos sin orden judicial, agresiones físicas a estudiantes y el uso sistemático de gases lacrimógenos en espacios cerrados como escuelas y hospitales.

Durante este tiempo, también se reportó una estrategia para criminalizar a los líderes sociales, que incluía amenazas, campañas de difamación y detenciones con cargos inventados. La libertad de prensa sufrió un duro golpe: al menos cuatro periodistas fueron agredidos físicamente mientras cubrían protestas, y otros recibieron amenazas de muerte. Además, continuaron las denuncias de violencia sexual por parte de cascos azules en campamentos de desplazados y en barrios marginales.

Entre 2010 y 2015, se estima que más de 100 personas perdieron la vida debido a la represión estatal o a la falta de atención en el manejo del cólera, mientras que cientos más resultaron heridas o fueron detenidas durante las protestas. Durante años, la comunidad internacional se mostró reacia a asumir responsabilidades directas, y tanto la ONU como el gobierno haitiano minimizaron las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese tiempo.

Entre 2018 y 2021, Haití experimentó una de las movilizaciones populares más intensas y duraderas de su historia reciente, impulsada por el Movimiento PetroCaribe. Este movimiento ciudadano exigía que se rindieran cuentas sobre el desfalco de más de 2.000 millones de dólares que provenían del programa de cooperación petrolera entre Haití y Venezuela. La pregunta central, “¿Dónde está el dinero del PetroCaribe?”, se transformó en un grito nacional contra la corrupción estructural del Estado y la impunidad de las élites políticas y empresariales.

El movimiento comenzó como una campaña en redes sociales impulsada por jóvenes, periodistas, artistas, estudiantes y profesionales. Sin embargo, pronto se convirtió en movilizaciones masivas en todas las ciudades del país, con puntos focales en Puerto Príncipe, Gonaïves, Cap-Haïtien, Jacmel y Petit-Goâve. Las protestas cobraron fuerza tras la publicación del informe del Tribunal Superior de Cuentas en 2019, que señalaba directamente al entonces presidente Jovenel Moïse y a exfuncionarios de administraciones anteriores por el uso indebido de los fondos del PetroCaribe.

La respuesta del gobierno fue claramente represiva. La Policía Nacional de Haití (PNH), junto con unidades especiales como el CIMO (Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden), utilizó armas de fuego, gases lacrimógenos, arrestos indiscriminados y fuerza letal para dispersar las protestas. Con frecuencia, las manifestaciones pacíficas eran sofocadas con balas reales disparadas directamente contra la multitud. Según informes de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), al menos 83 personas perdieron la vida entre 2018 y 2020 debido a disparos de la policía o de civiles armados que actuaban en coordinación con las fuerzas del orden.

Uno de los aspectos más preocupantes fue la colaboración entre las autoridades estatales y las bandas criminales para desmantelar las protestas. Varios testimonios y reportes de prensa han documentado que en barrios como La Saline, Bel Air y Delmas 32, ocurrieron masacres con la participación de agentes de policía y grupos armados, cuyo objetivo era intimidar a comunidades organizadas o castigar áreas consideradas bastiones de oposición.

La masacre de La Saline en noviembre de 2018 dejó al menos 71 muertos, muchos desaparecidos, mujeres violadas y casas incendiadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos eventos como graves violaciones de derechos humanos y urgió al Estado haitiano a investigar y sancionar a los responsables.

A lo largo de este tiempo, se vivió un notable deterioro de las libertades democráticas. Los periodistas enfrentaron agresiones, amenazas y persecuciones, mientras que muchos medios independientes sufrieron sabotajes o censura. La represión llegó a afectar incluso a médicos, profesores universitarios, líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Las detenciones arbitrarias se convirtieron en algo habitual, con personas encarceladas sin orden judicial ni garantías procesales.

En 2020, la situación se volvió más tensa debido al colapso económico, la inflación, la creciente inseguridad y el debate sobre la legalidad del mandato presidencial. Jovenel Moïse se negó a renunciar al poder en febrero de 2021, a pesar de que muchos consideraban que su periodo constitucional ya había concluido. Esto provocó una nueva ola de protestas, que fueron reprimidas con una brutalidad alarmante, dejando un saldo de muertos, heridos y desaparecidos.

El 7 de julio de 2021, el presidente Moïse fue asesinado en un ataque armado en su propia casa. En lugar de poner fin a la crisis, este trágico evento sumió aún más al país en el caos institucional. Aunque las movilizaciones se detuvieron momentáneamente, los grupos sociales siguieron demandando justicia y cambios estructurales. Para ese momento, la represión ya había dejado a su paso cientos de víctimas, barrios enteros traumatizados y una profunda desconfianza hacia las instituciones del estado.