Guatemala

Durante el período de 2007 a 2010, Guatemala fue testigo de un fuerte movimiento de resistencia indígena y comunitaria contra los megaproyectos extractivos. Esto ocurrió especialmente en las regiones de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, Jalapa y Santa Rosa. Las protestas surgieron debido a la imposición de proyectos de minería a cielo abierto, hidroeléctricas y exploraciones petroleras, los cuales fueron aprobados sin realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, que ha sido ratificado por el Estado guatemalteco.

Entre los casos más destacados se encuentra la resistencia a la mina Marlin, que es operada por la empresa canadiense Goldcorp en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa (San Marcos). También se han rechazado los proyectos hidroeléctricos en el río Cahabón, impulsados por empresas transnacionales con el respaldo del gobierno. Las comunidades se unieron para llevar a cabo consultas comunitarias, marchas pacíficas, bloqueos de caminos y acciones legales, todo con el objetivo de frenar la expansión de proyectos extractivos que amenazaban su territorio, su medio ambiente, sus formas de vida y su cosmovisión.

La respuesta del Estado guatemalteco fue, en su mayoría, represiva. Con la ayuda de la Policía Nacional Civil (PNC) y, en muchos casos, del Ejército, se llevaron a cabo operativos para desmantelar bloqueos, proteger instalaciones privadas y controlar movilizaciones. Se emplearon fuerzas antimotines, gases lacrimógenos, armas de fuego y se realizaron detenciones masivas, todo sin seguir los protocolos que respetan los derechos humanos. El uso de la fuerza no solo fue excesivo, sino que en muchas ocasiones se aplicó de manera preventiva, incluso antes de que ocurrieran enfrentamientos o acciones violentas por parte de los manifestantes. Además de la represión física, se implementó una estrategia sistemática para criminalizar a líderes comunitarios e indígenas. A estos se les acusó de delitos como usurpación agravada, instigación a delinquir, amenazas y asociación ilícita.

Entre 2007 y 2010, se documentaron numerosas detenciones arbitrarias y procesos judiciales que se alargaron, afectando la vida de defensores ambientales, autoridades ancestrales y líderes comunitarios. En muchos casos, los juicios carecían de las mínimas garantías de debido proceso y se usaban como herramientas para intimidar y desmovilizar a las comunidades.

La violencia directa también se hizo notar: se registraron heridos de bala, personas agredidas durante desalojos, y casos de allanamientos ilegales en las casas de líderes comunitarios. Algunos defensores y defensoras enfrentaron vigilancia, amenazas, difamación pública y desplazamiento forzado. En este contexto, organizaciones de derechos humanos denunciaron una tendencia sistemática a priorizar los intereses de empresas extranjeras sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

A nivel internacional, diversas organizaciones han alzado la voz sobre la situación. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a las comunidades de San Marcos debido al riesgo que las operaciones mineras representaban para su salud y seguridad. Además, Amnistía Internacional, Front Line Defenders, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas han señalado que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales al permitir la represión violenta de las protestas sociales y al no proteger el derecho a la consulta.

Este período marcó el comienzo de una fase en la que los territorios indígenas experimentaron una mayor militarización, estableciendo un precedente de represión que se prolongaría en los años siguientes. También puso de manifiesto la colaboración entre intereses privados, estructuras de poder locales y el aparato de seguridad del Estado, que se utilizaron como herramientas para sofocar las demandas legítimas de autodeterminación y defensa del territorio.

El año 2015 fue un momento decisivo en la historia de Guatemala, ya que dio inicio a un ciclo de movilización ciudadana sin precedentes en tiempos recientes. Las protestas comenzaron en abril, tras la revelación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) de una red criminal de defraudación aduanera conocida como La Línea. En esta red estaban involucrados altos funcionarios del gobierno, incluyendo al entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Lo que comenzó como una simple convocatoria en redes sociales se convirtió en un verdadero movimiento social a nivel nacional bajo el lema #RenunciaYa. Este movimiento logró unir a personas de diferentes partidos, clases sociales y creencias ideológicas. Cada sábado, miles de ciudadanos se congregaron en la Plaza de la Constitución, justo frente al Palacio Nacional, para exigir la renuncia del presidente, poner fin a la corrupción estructural y reformar el sistema político. Lo notable de esta convocatoria fue su carácter ciudadano y pacífico, impulsado por una autogestión horizontal, sin la intervención de partidos políticos o sindicatos como organizadores principales.

A medida que se acumulaban más investigaciones que incluían casos de lavado de dinero, mal uso de fondos públicos y la cooptación del sistema judicial las protestas comenzaron a crecer en tamaño y fuerza moral. Entre mayo y agosto de 2015, se llevaron a cabo masivas marchas estudiantiles (organizadas por la USAC y la Landívar), paros de transporte, expresiones artísticas, cacerolazos en barrios populares y jornadas de oración, todas unidas en la demanda de que los responsables renunciaran y enfrentaran la justicia. A diferencia de otros momentos de movilización en el país, la represión estatal durante el proceso #RenunciaYa fue notablemente menor, sobre todo en la capital. El gobierno, debilitado por la presión internacional y el aislamiento político, optó por evitar la represión directa, temiendo que eso pudiera acarrear un costo político aún mayor.

En Ciudad de Guatemala, no se reportaron homicidios, ni víctimas oculares, ni un uso sistemático de la fuerza contra manifestantes pacíficos, aunque sí hubo hostigamiento, vigilancia y una presencia policial disuasiva en algunas de las marchas.

Sin embargo, en las zonas rurales sobre todo en aquellas donde las comunidades indígenas ya lidiaban con conflictos socioambientales se mantuvo una vigilancia estatal activa y se criminalizó a ciertos líderes. En departamentos como Huehuetenango y San Marcos, los defensores comunitarios que participaban en manifestaciones enfrentaron procesos judiciales pendientes, vigilancia e incluso detenciones arbitrarias que no estaban directamente relacionadas con las protestas urbanas.

El movimiento alcanzó su objetivo principal: en agosto de 2015, Roxana Baldetti fue encarcelada, y el 2 de septiembre, Otto Pérez Molina renunció a la presidencia y fue capturado, enfrentándose a un proceso judicial por corrupción y asociación ilícita. La caída del gobierno representó un momento de reapropiación del espacio público por parte de la ciudadanía. Aunque no solucionó los problemas estructurales del país, estableció un precedente democrático y ético que todavía resuena en la memoria colectiva.

El movimiento #RenunciaYa mostró cómo la ciudadanía puede organizarse sin necesidad de jerarquías, y destacó el papel de las redes sociales como una herramienta clave para la articulación política, especialmente entre los sectores urbanos, estudiantiles y profesionales. Además, demostró que la no violencia activa puede ser una estrategia efectiva frente a un gobierno que se encuentra debilitado y bajo la presión de la comunidad

Entre 2017 y 2018, Guatemala experimentó un nuevo ciclo de movilizaciones sociales en respuesta al llamado “pacto de corruptos”. Este fue un conjunto de maniobras políticas llevadas a cabo por el Congreso de la República y el Ejecutivo, cuyo objetivo era obstaculizar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), proteger a diputados y funcionarios involucrados en actos de corrupción, y deshacer los avances en materia de transparencia judicial.

El inicio de las protestas se remonta a septiembre de 2017, cuando el Congreso intentó aprobar reformas al Código Penal que buscaban reducir las penas por financiamiento electoral ilícito y eximir de responsabilidad penal a funcionarios públicos por delitos de corrupción. Esto fue visto como un intento descarado de autoamnistía. Al mismo tiempo, el entonces presidente Jimmy Morales, quien estaba bajo investigación por la CICIG por financiamiento no reportado en su campaña, declaró “non grato” al comisionado Iván Velásquez y trató de expulsarlo del país.

Ante estos acontecimientos, se desató una gran movilización a nivel nacional, con el epicentro en la Ciudad de Guatemala y en departamentos como Totonicapán, Sololá, Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz. Grupos diversos, que incluían estudiantes, organizaciones indígenas, sindicatos, iglesias, cámaras empresariales, periodistas y defensores de derechos humanos, salieron a exigir la defensa de la justicia, el Estado de derecho y la continuidad de la CICIG. Las jornadas de protesta abarcaron marchas, paros simbólicos, bloqueos en las carreteras y vigilias nocturnas frente al Congreso y el Ministerio Público.

A pesar de que muchas de las protestas fueron pacíficas y recibieron una amplia cobertura de medios tanto nacionales como internacionales, la reacción del Estado fue ambigua y, en ciertos casos, represiva.

En las áreas rurales, las fuerzas de seguridad desmantelaron bloqueos utilizando una fuerza desmedida, y se reportaron golpizas, destrucción de pertenencias y detenciones sin órdenes judiciales, especialmente dirigidas a comunidades indígenas que se oponían a la corrupción y también luchaban por sus territorios. Al mismo tiempo, se intensificó la persecución judicial contra líderes sociales y autoridades comunitarias que se unieron a las protestas. Entre 2017 y 2018, más de 40 defensores comunitarios enfrentaron procesos penales, con acusaciones que incluían “sedición”, “coacción”, “asociación ilícita” y “perturbación del orden público”. Estas acusaciones se usaron como una táctica de intimidación política en un contexto de creciente restricción del espacio cívico.

En el contexto de las manifestaciones urbanas, la represión no fue tan extendida, pero sí se notó una fuerte vigilancia, seguimiento policial y campañas de desinformación provenientes de cuentas gubernamentales y medios afines al poder. Estas fuentes solían calificar las movilizaciones como “desestabilizadoras” o como impulsadas por intereses extranjeros. Además, los reporteros que cubrían los bloqueos también enfrentaron intimidaciones y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad dentro del país.

El ciclo de protestas logró revertir en parte algunas de las reformas regresivas, ya que la presión del público llevó al Congreso a retroceder en ciertas enmiendas al Código Penal. Sin embargo, este proceso también dejó un saldo de mayor polarización, la consolidación de un pacto de élites en contra de la justicia, y un debilitamiento progresivo de la CICIG, que finalmente fue expulsada en 2019.

Este periodo puso de manifiesto una nueva fase de resistencia social organizada, donde se vio una mayor conexión entre los pueblos indígenas, los sectores urbanos y los estudiantes. Sin embargo, también marcó un giro autoritario en el uso del sistema judicial y de la fuerza pública, con el fin de silenciar la protesta y proteger intereses corruptos.

En noviembre de 2020, Guatemala se vio sacudida por una ola de indignación ciudadana tras la rápida aprobación del Presupuesto General de la Nación 2021, impulsado por el Congreso y respaldado por el gobierno de Alejandro Giammattei. Este presupuesto, que alcanzó un monto récord de Q99 mil millones, fue objeto de duras críticas debido a su falta de transparencia, los recortes en salud, educación y derechos humanos, y el incremento de fondos para infraestructura sin la debida supervisión. Todo esto ocurrió en un país que aún lidiaba con las secuelas de las tormentas Eta e Iota, además de enfrentar una emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

Las redes sociales y diversas organizaciones civiles se unieron para convocar a una protesta nacional que tuvo lugar el 21 de noviembre de 2020. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la Constitución, justo frente al Palacio Nacional. La movilización reunió a estudiantes, trabajadores, artistas, líderes indígenas, periodistas, académicos y ciudadanos independientes, todos bajo el lema “#NoNosRepresentan”. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo otras manifestaciones en diferentes partes del país, con marchas pacíficas y expresiones simbólicas de rechazo al sistema político.

Mientras la mayoría de los manifestantes se mantenían en actividades pacíficas, un pequeño grupo logró entrar al Congreso de la República y prendió fuego a parte del edificio, afectando sobre todo las oficinas administrativas. Este acto fue rápidamente utilizado por las autoridades para justificar una represión violenta y generalizada, sin hacer distinción entre los manifestantes pacíficos y los grupos aislados.

Las fuerzas antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron de manera desproporcionada: lanzaron gases lacrimógenos sin control, incluso en áreas donde se refugiaban familias, dispararon balas de goma a corta distancia y persiguieron a jóvenes en el centro histórico de la capital. Varias personas fueron golpeadas durante su arresto y trasladadas sin una justificación legal. La PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos) y diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la violencia policial no seguía los protocolos legales de contención, sino que respondía a una intención política de intimidación.

Se registraron al menos 43 detenciones arbitrarias, muchas de las cuales se llevaron a cabo sin que se leyeran los derechos a los detenidos ni se les brindara acceso inmediato a una defensa legal. Además, se reportaron más de 20 personas heridas, con lesiones que incluían daños oculares, contusiones en la cabeza y fracturas. Entre los heridos, había voluntarios de brigadas de primeros auxilios y periodistas que estaban documentando los acontecimientos. Uno de los casos más alarmantes fue el de un joven que perdió el ojo izquierdo debido a un impacto de un proyectil lanzado por la policía.

La represión no se limitó solo a lo físico. En los días que siguieron, el gobierno lanzó una campaña para criminalizar a los organizadores, acusándolos de incitar a la violencia, mientras que los medios afines al oficialismo se encargaron de difundir imágenes estigmatizantes y desinformación. Las denuncias contra los policías por uso excesivo de la fuerza no avanzaron en el ámbito judicial, y hasta ahora no hay ningún agente sancionado por los abusos cometidos ese día.

La comunidad internacional mostró su preocupación. Varias embajadas, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos pidieron una investigación justa y sanciones por el uso excesivo de la fuerza pública. La PDH publicó un informe contundente en el que calificó la actuación policial como una violación del derecho a la protesta y a la expresión pacífica.

A pesar de la represión, las movilizaciones siguieron durante semanas, aunque en una escala más pequeña. Mientras tanto, varias organizaciones comenzaron a emprender acciones legales y a llevar a cabo campañas de memoria en honor a las víctimas de la violencia estatal durante las protestas. El episodio de noviembre de 2020 se transformó en un símbolo del descontento ciudadano y del cierre gradual del espacio cívico en Guatemala, marcando el inicio de una etapa de retroceso autoritario bajo el gobierno de Giammattei.