Grecia

El 6 de diciembre de 2008, Alexandros Grigoropoulos, un joven de solo 15 años, fue trágicamente asesinado de un disparo en el pecho por el oficial Epaminondas Korkoneas en el barrio de Exarchia, en el corazón de Atenas. Este lugar tiene una rica historia de movimientos estudiantiles, anarquistas y de izquierda. Lo impactante de este asesinato es que ocurrió sin ninguna provocación inmediata y fue presenciado por varios testigos, lo que llevó a que la noticia se propagara rápidamente a través de medios independientes. Este trágico evento desató una revuelta urbana masiva en todo el país, especialmente entre los jóvenes estudiantes y las comunidades marginadas, quienes vieron el asesinato no como un hecho aislado, sino como un claro símbolo de la violencia policial, la impunidad institucional y el autoritarismo del Estado griego.

Durante semanas, miles de personas se lanzaron a las calles en las principales ciudades de Grecia Atenas, Tesalónica, Patras, Heraclión, Larisa llevando a cabo marchas, concentraciones, ocupaciones de escuelas y universidades, incendios de edificios públicos y enfrentamientos con la policía. Esta fue una de las movilizaciones más intensas y radicales que se han visto desde la caída de la dictadura en 1974. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, clamaban por justicia para Alexandros y denunciaban el racismo estructural, la precariedad social, el desempleo juvenil y la represión como políticas sistemáticas del Estado.

La respuesta del gobierno de Kostas Karamanlís fue claramente represiva. En lugar de fomentar un diálogo social o asumir sus responsabilidades, las autoridades optaron por desplegar masivamente unidades antidisturbios (MAT) que, durante semanas, utilizaron gases lacrimógenos altamente tóxicos, granadas aturdidoras, porras metálicas y realizaron detenciones masivas. Las calles de Atenas se convirtieron en un verdadero campo de batalla urbano, con barricadas, enfrentamientos prolongados y una violencia policial desmedida contra menores, periodistas, estudiantes y transeúntes. En varias ciudades, se documentaron cargas sin previo aviso, agresiones a periodistas y el uso de armamento no autorizado. Durante el mes de la revuelta, se registraron más de 800 detenciones, muchas de ellas arbitrarias y sin el debido respeto al proceso legal. Decenas de detenidos denunciaron haber sufrido golpizas, amenazas y privaciones ilegales en las estaciones de policía.

Se reportaron cientos de heridos, incluidos manifestantes con traumatismos craneales, quemaduras químicas y fracturas múltiples, todo como resultado del uso excesivo de la fuerza. El Sindicato de Farmacéuticos alertó que el Estado utilizó gases lacrimógenos caducados de origen militar, lo que empeoró los efectos en la salud respiratoria y visual de los manifestantes.

La represión no se quedó solo en lo físico. El gobierno lanzó una campaña mediática para criminalizar el movimiento, tildando a los manifestantes de “delincuentes” y “elementos antisociales”. Se implementaron medidas judiciales de emergencia que permitieron procesar a menores como si fueran adultos, y se abusó de la ley antiterrorista para presentar cargos desproporcionados contra activistas. Al mismo tiempo, las universidades —que desde 1982 estaban protegidas legalmente de la intervención policial fueron invadidas por las fuerzas del orden, rompiendo así el principio de asilo académico y sentando un precedente represivo.

A pesar de los intentos de reprimirlo todo, la movilización logró un triunfo importante: el oficial que había asesinado fue llevado a juicio y condenado a cadena perpetua por homicidio intencional en 2010. Sin embargo, su liberación en 2019 por “buena conducta” desató una nueva ola de protestas, ya que se demostró un acto de impunidad institucional.

La revuelta de diciembre de 2008 fue un momento clave en la relación entre el Estado griego y su juventud, y muchos analistas la vieron como un anticipo del estallido social que vendría durante los años de austeridad tras la crisis de deuda. Además, dejó una marca a nivel internacional: se transformó en un símbolo de la resistencia juvenil en Europa y avivó movimientos radicales en otros países. La brutalidad policial que se desató durante esas semanas evidenció el nivel de violencia estructural que el Estado estaba dispuesto a utilizar para sofocar el descontento social, y desarrolló un modelo de control represivo que continuaría en las siguientes décadas.

Entre 2010 y 2012, Grecia atravesó uno de los períodos de movilización social más intensos y prolongados de su historia reciente. Todo comenzó con la imposición de medidas de austeridad drásticas que la Troika compuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea exigió como condición para otorgar préstamos de rescate en medio de la crisis financiera. Estas políticas incluyen recortes salariales, aumentos de impuestos, despidos masivos en el sector público, privatización de bienes comunes y recortes en pensiones y servicios básicos, lo que llevó a un colapso en las condiciones de vida de millones de griegos.

La respuesta de la sociedad fue rápida y contundente. Se llevó a cabo más de 30 huelgas generales, ocupaciones de plazas como la de Syntagma en Atenas, bloqueos de ministerios y marchas masivas organizadas por sindicatos, movimientos sociales, grupos estudiantiles y ciudadanos sin afiliación política. El movimiento fue variado, a incluir diferentes sectores y se mantuvo activo a lo largo del tiempo, con acciones tanto pacíficas como más confrontativas. Estas movilizaciones encontraron en la Plaza Syntagma, frente al Parlamento, su punto simbólico, especialmente durante las votaciones de los paquetes de austeridad en 2011.

La respuesta del estado fue dura, violenta y constante. Las fuerzas antidisturbios griegas principalmente las MAT (Unidades para la Restauración del Orden) utilizaron un amplio arsenal de represión directa: hicieron un uso masivo de gas lacrimógeno (incluso en espacios cerrados), balas de goma, granadas de estruendo, golpes con porras, detenciones arbitrarias y ataques indiscriminados contra grupos pacíficos. En varias ocasiones, los agentes de policía atacaron áreas médicas de primeros auxilios, desalojaron campamentos y emplearon una violencia física desproporcionada, incluso contra ancianos y periodistas.

Las consecuencias humanas de esta represión fueron realmente graves. Durante este tiempo, se registraron al menos doce muertes que estaban directa o indirectamente relacionadas con la represión policial o con las condiciones provocadas por el colapso del Estado social. Por ejemplo, algunas personas fallecieron por asfixia durante ataques con gases o en incendios que estallaron durante disturbios en edificios ocupados. Además, miles de personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones serias como traumatismos craneales, fracturas, quemaduras químicas y heridas por balas de goma. Solo en la jornada del 29 de junio de 2011, más de 300 personas sufrieron heridas en las calles de Atenas durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las detenciones masivas fueron una constante durante esos tres años: se estima que más de 3.000 personas fueron arrestadas, muchas de ellas de forma preventiva, sin acceso inmediato a representación legal y sometidas a tratos degradantes. Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Liga Helénica de Derechos Humanos documentaron múltiples casos de tortura física y psicológica en dependencias policiales, así como falsificación de pruebas y fabricación de cargos contra activistas y periodistas.

Uno de los momentos más impactantes fue el ataque policial contra Manolis Glezos, un verdadero símbolo de la resistencia contra los nazis y una figura histórica en Grecia. A pesar de su avanzada edad, fue agredido con gas lacrimógeno a corta distancia, lo que desató una ola de indignación. Además, varios reporteros, tanto nacionales como internacionales, sufrieron agresiones físicas o fueron expulsados ​​de las áreas de represión. En algunos casos, sus materiales fueron confiscados o destruidos.

En este contexto, el gobierno griego, que ya había perdido gran parte de su credibilidad, comenzó a utilizar discursos sobre “orden y seguridad” para justificar la violencia institucional. Esto contribuyó a crear un ambiente donde la protesta era criminalizada y se instauraba un miedo colectivo. La represión no solo se manifestó de manera física, sino que también incluyó la vigilancia, el registro de manifestantes y la implementación de nuevas leyes que restringen el derecho a reunirse. Aunque algunos agentes fueron denunciados, la mayoría de los abusos quedaron sin castigo, lo que consolidó una cultura de tolerancia estatal hacia la violencia policial.

Este ciclo de protestas y represión dio lugar a una crisis democrática que se sumó a la crisis económica. Para muchos griegos, el Estado dejó de ser un protector de derechos y se transformó en un aparato punitivo al servicio de intereses financieros internacionales. La brutalidad que se vivió durante esos años dejó profundas secuelas físicas, psicológicas y sociales, y provocó una ruptura significativa entre amplios sectores de la población y las instituciones políticas tradicionales.

Entre 2014 y 2015, Grecia se encontró en un momento crítico de su crisis política y económica, lidiando con las consecuencias de cinco años de recortes sociales, aumentos de impuestos y privatizaciones que habían sido impuestos por los programas de rescate financiero de la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea). El gobierno de coalición formado por Nueva Democracia (conservadores) y PASOK (socialdemócratas) siguió adelante con nuevos paquetes de austeridad, a pesar del creciente descontento entre la población. En este contexto, miles de personas comenzaron a organizar manifestaciones continuas, huelgas en diferentes sectores, ocupaciones de edificios públicos y concentraciones frente al Parlamento, todo para denunciar lo que consideraban una traición a la soberanía nacional y un colapso democrático.

En 2014, las movilizaciones fueron impulsadas por sindicatos, estudiantes, organizaciones de izquierda y colectivos autónomos, pero también por ciudadanos no militantes que se vieron profundamente afectados por la crisis, como jubilados, desempleados y trabajadores en condiciones precarias. El apoyo popular a SYRIZA, el partido de izquierda radical liderado por Alexis Tsipras creció rápidamente gracias a su promesa de poner fin a la austeridad, reestructurar la deuda y recuperar el control sobre las decisiones económicas internas. Las marchas a favor de SYRIZA eran masivas y se desarrollaban en un ambiente de intensa tensión social, alimentada por la represión que se había vivido entre 2010 y 2012.

A pesar de que estas manifestaciones suelen ser pacíficas, la respuesta del gobierno de coalición siguió siendo represiva, aunque con menos intensidad que en años anteriores. Las unidades antidisturbios MAT estuvieron presentes en todas las movilizaciones, y se documentaron casos de violencia selectiva, detenciones arbitrarias, uso de gas lacrimógeno y hostigamiento a activistas políticos. Aunque no se vivieron niveles masivos de represión como en años pasados, se mantuvo una lógica de vigilancia y criminalización preventiva, especialmente dirigida a grupos anarquistas, movimientos estudiantiles y espacios autogestionados como centros sociales y universidades ocupadas.

La situación dio un giro radical en enero de 2015, cuando SYRIZA se alzó con la victoria en las elecciones generales, respaldada por un fuerte mandato popular.

Durante los primeros meses del nuevo gobierno, se respiraba un aire de esperanza, con grandes movilizaciones en las principales ciudades apoyando a Tsipras y exigiendo el fin de los memorandos de austeridad y la recuperación de los derechos sociales. Sin embargo, las negociaciones con la Troika pronto se estancaron, y el gobierno se vio obligado a aceptar nuevas condiciones, a pesar del rotundo rechazo que mostró el referéndum del 5 de julio de 2015, donde el 61% de los votantes se opuso a un nuevo plan de ajuste. La decisión de Tsipras de aceptar el tercer memorándum con ajustes severos después de haber instalado a votar “no” en el referéndum provocó una ruptura política y social inmediata. En respuesta, grupos que habían respaldado a SYRIZA comenzaron a organizar nuevas protestas, esta vez dirigidas contra el propio gobierno de izquierda. Aunque estas movilizaciones fueron más pequeñas, su significado simbólico fue importante: reflejaban la crisis de representación política y el fin de las esperanzas de una transformación institucional desde el poder.

Durante esta etapa, la represión se mantuvo contenida pero constante. La policía intervino en protestas estudiantiles, ocupaciones de edificios estatales y manifestaciones de indignados en Atenas y Tesalónica. Se reportaron detenciones puntuales, identificaciones sin causa y vigilancia sobre asambleas ciudadanas. Aunque el gobierno de SYRIZA intentó evitar la represión masiva, no desmanteló los dispositivos heredados del Estado represivo anterior, y permitió que las fuerzas antidisturbios actuaran con relativa autonomía, manteniendo el clima de control y amenaza latente.

La etapa de 2014 a 2015 en Grecia fue un período complicado, donde se entrelazaron la resistencia y la esperanza institucional. Se caracterizó por una movilización constante, aunque contenida, y una represión que fue más selectiva que masiva. Sin embargo, esto dio paso a una desilusión social, ya que la gente comenzó a cuestionar la verdadera capacidad del Estado para hacer frente a las demandas del capital financiero internacional.

Entre 2019 y 2020, Grecia vivió una nueva ola de movilización entre los jóvenes y universitarios, impulsada por el aumento del aparato represivo del Estado y una serie de reformas impulsadas por el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis, líder de Nueva Democracia. Una de las decisiones más controvertidas fue la eliminación del asilo universitario, un principio legal que había estado en vigor desde 1982, tras la dictadura, y que prohibía la intervención policial en los campus sin el permiso expreso de las autoridades académicas. Esta medida fue vista por muchos estudiantes como un ataque directo a los espacios de autonomía, libertad política y organización crítica.

Esta reforma llegó en un momento en que la criminalización del disenso juvenil estaba en aumento, con un endurecimiento del discurso de seguridad por parte del Ejecutivo. Además, se comenzó a utilizar cada vez más las unidades antidisturbios (MAT) para controlar no solo las manifestaciones en el centro de Atenas, sino también las protestas pacíficas en campus universitarios, bibliotecas ocupadas y espacios culturales autogestionados. El barrio de Exarchia, conocido como un bastión histórico de la contracultura y los movimientos sociales, fue militarizado, con intervenciones policiales diarias, allanamientos nocturnos y la presencia de agentes encubiertos.

Las respuestas del estado incluyen intervenciones sin orden judicial en asambleas estudiantiles, detenciones arbitrarias de estudiantes y un uso desproporcionado de la fuerza contra manifestaciones pacíficas. La policía griega utilizó gas lacrimógeno dentro de las universidades, porras extensibles y técnicas de inmovilización peligrosas contra jóvenes manifestantes, muchos de los cuales eran menores de edad. Numerosos videos documentaron agresiones físicas, insultos homofóbicos y sexistas, y en algunos casos, abusos de naturaleza sexual durante las detenciones.

Entre los incidentes más alarmantes, se reportó el caso de una estudiante que fue golpeada hasta perder el conocimiento durante una redada en la Universidad Económica de Atenas.

También se dio a conocer el caso de un joven que fue forzado a desnudarse en plena calle durante un registro policial, sin justificación ni orden. Estas acciones desataron una ola de indignación en medios independientes, sindicatos de docentes y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron un giro autoritario que estaba utilizando a la juventud como chivo expiatorio en el conflicto social.

Además, la vigilancia digital se volvió más intensa, con un monitoreo constante de las redes sociales y un seguimiento policial de los líderes estudiantiles. Algunas protestas pacíficas fueron prohibidas antes de que pudieran llevarse a cabo, y se implementaron reformas legales que facilitaron el registro de manifestantes y la imposición de sanciones económicas por participar en actos no autorizados. La narrativa oficial enfatizaba la necesidad de “restaurar el orden”, mientras que las organizaciones estudiantiles alertaban sobre el desmantelamiento del derecho a la protesta y la autonomía universitaria.

Durante este tiempo, se registraron cientos de detenciones, y al menos decenas de personas resultaron heridas debido a la intervención directa de la policía, aunque las cifras exactas fueron ocultadas o minimizadas por las autoridades. Además, reporteros y defensores de derechos humanos enfrentaron intimidaciones o fueron expulsados ​​de los lugares donde se llevaban a cabo estas intervenciones, lo que complicó la supervisión independiente de la violencia estatal.

Estas protestas no solo fueron una lucha por los derechos de los estudiantes, sino también una respuesta generacional al modelo de represión, exclusión y control policial en el espacio público. Para muchos jóvenes griegos, la policía se convirtió en una fuerza de ocupación dentro de las escuelas, lo que acentuó la desconexión simbólica entre la juventud y las instituciones del Estado.