Estados Unidos

En 2001, las ciudades de Washington DC y Nueva York fueron el epicentro de grandes manifestaciones en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Estas instituciones son vistas por muchos sectores de la sociedad civil como los pilares de un modelo neoliberal global que perpetúa la desigualdad, la pobreza estructural y la devastación ambiental, especialmente en el sur global. Las protestas, organizadas por una amplia coalición de movimientos sociales, ambientalistas, sindicatos, estudiantes y activistas anticapitalistas, formaron parte del movimiento antiglobalización que había ganado fuerza internacionalmente desde las movilizaciones en Seattle (1999), Praga (2000) y Québec (2001). En Estados Unidos, el clima sociopolítico era tenso: aunque el ataque del 11 de septiembre aún no había ocurrido, ya había una creciente hostilidad hacia la disidencia organizada, impulsada por una narrativa de orden público y control social.

Los días de movilización en abril de 2001 coincidieron con las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, lo que llevó a una respuesta anticipada por parte de las autoridades locales y federales. Desde días antes, las calles cercanas a las sedes institucionales fueron militarizadas, con la presencia de unidades especiales de policía antidisturbios, barreras físicas y vehículos blindados. La estrategia oficial consistió en evitar que los manifestantes se congregaran, utilizando un enfoque de represión preventiva: bloqueos, allanamientos sin órdenes judiciales y un uso indiscriminado de la fuerza ante cualquier intento de concentración. Durante las jornadas de protesta, la policía hizo un uso extensivo de gas lacrimógeno, porras extensibles, balas de goma y granadas de aturdimiento, incluso contra manifestantes pacíficos, medios de comunicación y observadores legales.

Uno de los puntos más críticos fue el uso de la táctica conocida como kettling, que implica encerrar a los manifestantes dentro de un perímetro controlado por la policía, dejándolos sin posibilidad de salir. El objetivo es dispersarlos por agitación o proceder a arrestos masivos.

Esta técnica se aplicó de manera indiscriminada, afectando a personas que no estaban involucradas en las protestas, como turistas, trabajadores y periodistas. Como resultado, ocurrieron más de 600 detenciones arbitrarias, muchas de las cuales no llevaron a cargos formales. En los días siguientes, organizaciones como la ACLU y Amnistía Internacional denunciaron que gran parte de los detenidos no habían cometido ningún acto violento ni habían resistido a la autoridad, y que muchos de ellos fueron mantenidos en condiciones degradantes durante períodos prolongados.

Aunque no hubo víctimas fatales durante estas protestas, sí se reportaron decenas de heridos, algunos con lesiones graves debido a disparos de munición “menos letales” y golpes de bastones policiales. Los testimonios recogidos por organizaciones de derechos civiles muestran un patrón de uso excesivo de la fuerza, intimidación, vigilancia sistemática y criminalización de la disidencia política. La cobertura mediática, en su mayoría negativa hacia los manifestantes, reforzó la narrativa oficial que vinculaba la protesta con el caos y la violencia, lo que legitimó la represión ante la opinión pública.}

Este episodio fue un verdadero punto de inflexión en cómo se manejaba la protesta social en Estados Unidos. Puso de manifiesto el giro autoritario que estaba tomando la política interna ante las manifestaciones colectivas de descontento. Y, para colmo, unos meses después, ocurrió el atentado del 11 de septiembre de 2001, que dio paso a una serie de reformas legislativas y operativas, como la Ley Patriota. Estas reformas institucionalizaron la vigilancia masiva, la represión preventiva y ampliaron los poderes del Estado, todo bajo el pretexto de la “seguridad nacional”. Las protestas antiglobalización de 2001, aunque en su mayoría pacíficas, fueron vistas como amenazas a la estabilidad interna, lo que reveló cuán frágiles son las libertades civiles en un contexto de creciente militarización del orden público.

En septiembre de 2011, el Movimiento Occupy Wall Street (OWS) surgió como una de las manifestaciones más importantes de descontento social en Estados Unidos en lo que va del siglo XXI. Todo comenzó con una convocatoria de activistas relacionados con la revista canadiense Adbusters, quienes hicieron un llamado a “ocupar Wall Street” como un símbolo de rechazo al poder desmedido del sector financiero. El lugar de encuentro inicial fue el parque Zuccotti, en el bajo Manhattan, Nueva York, donde cientos de manifestantes establecieron un campamento permanente. El lema “Somos el 99%” se convirtió rápidamente en un grito global que denunciaba la extrema concentración de la riqueza, la desigualdad estructural, el desempleo, la crisis hipotecaria, la deuda estudiantil y la complicidad entre las élites políticas y corporativas tras la crisis financiera de 2008.

Lo que comenzó como una ocupación pacífica se expandió rápidamente, inspirando a otras ciudades como Oakland, Los Ángeles, Chicago, Boston, Washington DC y más de 600 localidades en todo el país, transformándose en un movimiento descentralizado y horizontal. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía y ganaba visibilidad en los medios, las autoridades municipales y estatales, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, lanzaron una ofensiva sistemática para desmantelar los campamentos y dispersar a los manifestantes, utilizando tácticas represivas más propias de situaciones de seguridad nacional que de un manejo civil del orden público.

La represión antidisturbios durante el OWS se tradujo en más de 7,000 detenciones en todo el país, muchas de las cuales fueron arbitrarias o carecían de fundamento legal. Los desalojos de los campamentos, especialmente el del parque Zuccotti en noviembre de 2011, se llevaron a cabo con un uso desmedido de la fuerza, confiscación ilegal de pertenencias, destrucción de bibliotecas comunitarias improvisadas y obstáculos sistemáticos al trabajo de la prensa. Organizaciones como la ACLU, Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentaron casos de violencia física, uso de gas pimienta, porras y tácticas intimidatorias contra periodistas, muchos de los cuales fueron detenidos o se les impidió cubrir los desalojos.

Uno de los casos más notorios de brutalidad policial tuvo lugar en la Universidad de California en Davis, donde un oficial roció con gas pimienta a un grupo de estudiantes que estaban sentados en el suelo, manifestándose pacíficamente. Este incidente, que se volvió viral en las redes sociales, generó una ola de indignación a nivel internacional y se transformó en un símbolo del uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos que ejercen su derecho a protestar.

A pesar de que no se reportaron muertes, los informes señalaron que hubo cientos de heridos, algunos con lesiones por balas de goma y otros dispositivos considerados “menos letales”. Además, el movimiento fue objeto de una vigilancia masiva, con seguimiento por parte del FBI y otras agencias federales. Se reveló que las fuerzas de seguridad trabajaron en conjunto con bancos y empresas privadas preocupadas por su imagen, lo que pone de manifiesto un patrón de represión sistemática que parece estar planificado a nivel nacional (los llamados Fusion Centers facilitan estos intercambios de información).

La experiencia de Occupy Wall Street fue un verdadero punto de inflexión en la forma en que se reprime a los movimientos sociales en EE.UU. Reveló cómo las autoridades pueden criminalizar la protesta utilizando el derecho penal, el control del territorio, la tecnología de vigilancia y el desprestigio en los medios. Aunque el movimiento fue desmantelado esencialmente, su legado perdura en las luchas posteriores por la justicia económica, la equidad racial y la reforma financiera. También puso de manifiesto la fragilidad de las libertades civiles cuando el derecho a protestar se enfrenta directamente a los intereses del poder económico y político.

El 9 de agosto de 2014, Michael Brown, un joven afroamericano de 18 años, fue asesinado por Darren Wilson, un oficial de policía blanco, en Ferguson, Misuri. Brown, que estaba desarmado, recibió al menos seis disparos, dos de ellos en la cabeza, mientras levantaba las manos, según varios testigos. Su cuerpo permaneció tendido en la calle durante más de cuatro horas, lo que generó una gran indignación en la comunidad y se convirtió en un símbolo de la brutalidad policial y el racismo estructural en Estados Unidos. Este trágico evento desató una serie de protestas espontáneas en Ferguson, que rápidamente crecieron en tamaño y repercusión, dando inicio a un ciclo de movilizaciones que se extendió por todo el país bajo el lema “Hands up, don’t shoot”.

Desde los primeros días, la respuesta del estado fue increíblemente militarizada. Las protestas, que en su mayoría eran pacíficas, fueron sofocadas con tácticas de combate urbano: vehículos blindados (MRAP), fusiles automáticos apuntando a civiles, uso indiscriminado de gas lacrimógeno, balas de goma, granadas de aturdimiento y toques de queda impuestos de manera unilateral. Las imágenes de la policía de Ferguson actuando como si fueran una unidad de guerra contra su propia comunidad llamaron la atención internacional y desataron fuertes críticas sobre el proceso de militarización de las fuerzas del orden en Estados Unidos.

La represión también incluyó la detención de periodistas, como los reporteros de The Washington Post y Huffington Post, quienes fueron arrestados mientras cubrían los disturbios. Se documentaron agresiones a los medios de comunicación, obstrucción del trabajo periodístico y vigilancia aérea con drones y helicópteros. Además, varios activistas fueron fichados, acosados ​​e incluso detenidos de manera preventiva. Organizaciones como Amnistía Internacional enviaron observadores internacionales a Ferguson, marcando la primera vez que la ONG realizaba una misión de derechos humanos en Estados Unidos. El informe posterior indicó que las autoridades locales violaron de manera sistemática los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión.

Durante el punto más crítico de las protestas, se registraron más de 300 detenciones, decenas de heridos, y varios casos de traumatismos causados ​​por balas de goma y golpes con porras. Aunque no se reportaron muertes directamente relacionadas con la represión policial durante las manifestaciones, el ambiente de violencia, intimidación y tensión generó una crisis de legitimidad institucional sin precedentes en tiempos recientes

En 2015, el Departamento de Justicia de EE.UU. UU., tras una investigación exhaustiva, procedimientos que el Departamento de Policía de Ferguson tenía prácticas sistemáticamente racistas, que incluían detenciones, registros y un uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos afroamericanos.

La represión en Ferguson puso de manifiesto de manera impactante cómo las fuerzas del orden se habían convertido en cuerpos paramilitares, armados con tecnología bélica que proviene del Programa 1033 del Pentágono, el cual permite que se transfieran excedentes militares a las policías locales. También se evidencia la desigualdad racial en el manejo de las protestas en Estados Unidos: mientras que las movilizaciones de la comunidad afrodescendiente son enfrentadas con violencia, otras manifestaciones, como las de grupos armados blancos, son tratadas con mucha más tolerancia.

Ferguson fue mucho más que un simple estallido local; se transformó en el motor del movimiento Black Lives Matter, que en los años siguientes daría vida a una de las redes de protesta más influyentes del país. Las imágenes de jóvenes enfrentándose a la policía con pancartas y celulares pusieron de relieve ante el mundo la contradicción entre los ideales democráticos de Estados Unidos y la dura realidad de la represión estatal. La respuesta antidisturbios en Ferguson no solo buscó sofocar la protesta, sino también intimidar, silenciar y deslegitimar a quienes denunciaban el racismo estructural que permea el sistema de justicia criminal estadounidense.

El 25 de mayo de 2020, George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, fue asesinado en Minneapolis, Minnesota, por el oficial de policía Derek Chauvin, quien le presionó el cuello con la rodilla durante 9 minutos y 29 segundos, mientras Floyd suplicaba: “No puedo respirar”. Este crimen fue grabado por testigos y el video se volvió viral en las redes sociales, desatando una ola de indignación a nivel mundial. Este trágico suceso se convirtió en el desencadenante de una de las movilizaciones más grandes en la historia reciente de Estados Unidos, con protestas en más de 2.000 ciudades y en los 50 estados, además de manifestaciones de apoyo en otros países.

Las protestas clamaban por justicia para George Floyd y denunciaban la violencia policial sistemática que enfrenta la comunidad afroamericana, así como el racismo estructural que está profundamente arraigado en el sistema judicial, penitenciario y económico de EE. UU. Aunque muchas de estas manifestaciones fueron pacíficas, la respuesta del estado fue increíblemente represiva, coordinada y militarizada, lo que produjo numerosas denuncias por violaciones graves a los derechos humanos.

En los primeros días de las protestas, la Guardia Nacional se desplegó en al menos 26 estados, mientras que el presidente Donald Trump amenazó con activar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría el uso del ejército contra los ciudadanos. Las autoridades, tanto locales como federales, utilizaron de manera sistemática gases lacrimógenos, balas de goma, granadas aturdidoras, proyectiles de impacto directo, cañones sónicos (LRAD) y helicópteros volando bajo para generar intimidación psicológica. Esta represión no hizo distinciones entre manifestantes, periodistas, equipos médicos o transeúntes.

Se registraron millas de detenciones más de 14,000 arrestos en las primeras dos semanas— y se reportaron numerosos casos de brutalidad policial, que incluyen fracturas, daños oculares permanentes y traumatismos craneoencefálicos. Según Physicians for Human Rights, al menos decenas de manifestantes sufrieron heridas oculares graves o incluso pérdida total de la visión debido a impactos de proyectiles de “bajo letalidad”.

Entre los casos más conocidos se encuentran el de Linda Tirado, una fotoperiodista que perdió un ojo en Minneapolis, y el de Bradley Steyn, quien sufrió lesiones faciales severas en Washington DC.

Además, el US Press Freedom Tracker ha documentado más de 300 agresiones contra periodistas, que incluyen arrestos ilegales, disparos directos a cámaras, destrucción de equipos y hostigamiento. Uno de los episodios más emblemáticos fue el ataque a manifestantes pacíficos frente a la iglesia de St. John en Washington DC, cuando se despejó el área para una sesión fotográfica del presidente Trump. Este acto fue duramente criticado, incluso por altos mandos militares retirados y organizaciones de derechos civiles.

Diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ACLU y las Naciones Unidas, han expresado su firme condena a la represión, subrayando que esto constituye una violación generalizada del derecho a la protesta pacífica. También han denunciado la militarización de la seguridad interna, impulsada por el programa 1033 del Pentágono, que permite a los departamentos policiales acceder a armamento militar sin la supervisión adecuada. Además, el uso desproporcionado de la fuerza ha puesto de manifiesto patrones racistas y una lógica de guerra dirigida contra comunidades racializadas y empobrecidas.

A pesar de la represión, las movilizaciones lograron impactos significativos: la condena de Derek Chauvin por asesinato, revisiones legislativas en varios estados sobre el uso de la fuerza, y un cuestionamiento profundo del sistema policial en su conjunto. Sin embargo, también se hizo evidente que el aparato estatal estadounidense está dispuesto a reprimir de manera masiva cuando las demandas sociales desafiaban los fundamentos del orden racial y económico dominante.