España

El referéndum del 1 de octubre de 2017 (1-O) marcó un momento clave en el proceso de independencia de Cataluña. Convocado por el Gobierno de la Generalitat, bajo la dirección de Carles Puigdemont, el objetivo del referéndum era preguntar a los ciudadanos si querían que Cataluña se separara del Estado español. A pesar de que el Tribunal Constitucional decidió suspenderlo, el gobierno catalán optó por seguir adelante, apoyándose en una ley propia que había sido aprobada por el Parlamento autonómico. Esto provocó un aumento de las tensiones con el gobierno central de Mariano Rajoy.

El día de la votación, miles de ciudadanos se presentaron desde la madrugada para proteger los colegios electorales. Se puso en marcha un sistema de censo universal que permitía votar en cualquier centro habilitado, lo que ayudó a sortear el cierre de locales. A lo largo de la jornada, más de 2.300 colegios intentaron abrir, pero muchos fueron cerrados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, que actuaron bajo orden judicial. Según datos del propio gobierno catalán, más de 2,2 millones de personas votaron (un 43% del censo), de las cuales el 90,18% se pronunció a favor de la independencia. La jornada estuvo marcada por una represión policial sin precedentes en la etapa democrática española. Las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a cabo actuaciones violentas en numerosos puntos de votación, muchas veces contra personas desarmadas que realizaban resistencia pasiva. Se documentaron cargas con porras, lanzamiento de pelotas de goma (prohibidas por el Parlamento de Cataluña desde 2014), empujones a personas mayores, golpes a bomberos, retirada violenta de urnas, e incluso irrupciones en centros de votación durante la presencia de menores de edad

El Departamento de Salud de la Generalitat cifró en 844 las personas heridas por la intervención policial, mientras que el Ministerio del Interior español aseguró que 431 agentes resultaron lesionados durante los operativos.

Las imágenes de la violencia se difundieron por todo el mundo, provocando una fuerte condena a nivel internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el uso excesivo de la fuerza y ​​exigieron una investigación inmediata e independiente. También llegaron críticas desde organismos europeos y representantes de la sociedad civil global. A pesar de la violencia, el gobierno de Rajoy mantuvo que había accionado dentro del marco legal para preservar el orden constitucional y la integridad del Estado.

El referéndum marcó el inicio de una escalada institucional. El 27 de octubre de 2017, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración unilateral de independencia, que fue rechazada por el gobierno central. Ese mismo día, el Senado español dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que llevó al gobierno central a destituir al Ejecutivo catalán, disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas. Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado inició procesos judiciales por rebelión, sedición y malversación contra los líderes del movimiento, muchos de los cuales terminaron encarcelados o se exiliaron, como fue el caso de Puigdemont.

En resumen, el referéndum del 1-O no solo fue un intento unilateral de autodeterminación, sino que también se convirtió en una de las crisis políticas y territoriales más significativas en la historia reciente de España. Este evento estuvo marcado por una jornada electoral que vivió una violencia estatal masiva, dejando cientos de heridos y creando una fractura que todavía persiste entre Cataluña y el Estado español.

Las protestas en Cataluña de octubre de 2019 fueron una respuesta masiva y rápida a la sentencia del Tribunal Supremo español, que el 14 de octubre condenó a nueve líderes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación, relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Esta decisión judicial fue vista por muchos sectores sociales y políticos en Cataluña como un acto de represión judicial contra el derecho a la autodeterminación, lo que provocó un estallido social sin precedentes en la región desde que se restauró la democracia.

El mismo día en que se emitió la sentencia, comenzaron las movilizaciones, organizadas por grupos como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, los Comités de Defensa de la República (CDR) y el movimiento Tsunami Democràtic, que promovieron acciones de desobediencia civil. Uno de los eventos más impactantes fue la ocupación del aeropuerto de El Prat, donde se cancelaron más de 100 vuelos y se produjeron enfrentamientos serios con la policía, resultando en 131 personas heridas, incluyendo a un joven que perdió un ojo y otro que sufrió la pérdida de un testículo debido a las cargas policiales. Durante la semana siguiente, las protestas se volvieron más intensas. Se reportaron cortes de carreteras, interrupciones en el servicio ferroviario, levantamiento de barricadas y enfrentamientos violentos en ciudades como Barcelona, ​​Girona, Lleida y Tarragona.

El 18 de octubre, coincidiendo con una huelga general organizada por sindicatos alternativos, se llevaron a cabo las conocidas “Marchas por la Libertad”, que reunieron a más de medio millón de personas en Barcelona, ​​según la Guardia Urbana. Esa noche, los disturbios aumentaron con incendios, daños a la propiedad y enfrentamientos directos con la policía, que utilizaron porras, balas de goma, pelotas de espuma y gas lacrimógeno.

Según datos oficiales y informes médicos, durante la semana de protestas, un total de 579 personas recibieron atención de los servicios sanitarios. Lamentablemente, al menos cuatro personas perdieron un ojo debido a impactos de proyectiles, y una más sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. En cuanto a las fuerzas de seguridad, se registraron 288 agentes heridos y fueron llevados a cabo 194 detenciones. Además, los daños materiales en Barcelona se estiman en más de 2,5 millones de euros, afectando principalmente al mobiliario urbano, el transporte público y los comercios.

Aunque muchas de las manifestaciones fueron pacíficas, la aparición de algunos grupos minoritarios que optaron por la violencia desató un debate dentro del independentismo sobre hasta dónde se puede llegar con la resistencia civil. Las imágenes de las cargas policiales, las detenciones y las agresiones fueron a encender la preocupación a nivel internacional, con organizaciones como Amnistía Internacional alertando sobre el uso desproporcionado de la fuerza y ​​la necesidad de proteger el derecho a la protesta pacífica.

Estas protestas de 2019 pusieron de manifiesto la profundidad del conflicto político entre Cataluña y el Estado español, revelando una fractura que persiste no solo a nivel institucional, sino también social y cultural, y que sigue sin encontrar solución a través del diálogo político estructural.

Entre 2020 y 2021, España fue escenario de un ciclo de movilizaciones sociales que volvió a poner sobre la mesa la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Esta ley, que está en vigor desde 2015, ha recibido fuertes críticas de parte de organizaciones de derechos humanos y grupos sociales, que argumentan que incluye disposiciones que restringen la libertad de expresión, el derecho a manifestarse pacíficamente y la libertad de información. La pandemia de COVID-19 y el estado de alarma declarado por el gobierno llevaron a un uso más intensivo de esta ley: se aplicaron artículos de la misma para sancionar a millas de ciudadanos por supuestas desobediencias a la autoridad o por no cumplir con las restricciones sanitarias.

Según datos oficiales, en 2020 se tramitaron más de 357,000 expedientes sancionadores relacionados con el artículo 36.6 de la ley, que castiga la desobediencia o resistencia a la autoridad. Esto ha generado una gran preocupación por la falta de garantías procesales y la desproporcionalidad de las multas impuestas. Organizaciones como ARTICLE 19 y Amnistía Internacional han señalado que esta situación refuerza un modelo de control social que dificulta el derecho a la protesta, especialmente entre los sectores más empobrecidos y los jóvenes.

Una ola de protestas masivas arrasó varias ciudades del país. En noviembre de 2020, estallaron manifestaciones espontáneas en lugares como Madrid, Valencia, Barcelona, ​​Santander y Zaragoza, lo que provocó enfrentamientos entre manifestantes y policías. En la capital española, la Policía Nacional arrestó a 32 personas e intervino para disolver reuniones no autorizadas, recurriendo en ocasiones a porras y balas de goma.

Se reportaron daños a negocios, contenedores quemados y una mayor presencia policial en el centro de la ciudad. Estas protestas surgieron inicialmente en respuesta a las restricciones impuestas durante la segunda ola de la pandemia, pero también se conectaron con demandas más amplias: derogar la Ley Mordaza, garantizar la libertad de expresión y frenar los abusos policiales.

En 2021, el debate sobre la reforma de la Ley Mordaza llegó al Congreso de los Diputados, pero quedó atascado debido a los desacuerdos entre los partidos del gobierno y sus socios parlamentarios. La controversia se centra en artículos delicados, como el que prohíbe grabar a los policías, las “devoluciones en caliente” de migrantes en la frontera y la definición de faltas contra la autoridad. El Ministerio del Interior defendió la necesidad de mantener ciertos márgenes en la actuación policial, mientras que los partidos aliados del Ejecutivo, como Unidas Podemos y ERC, pedían una derogación más profunda.

Los organismos internacionales han seguido denunciando la existencia de la Ley Mordaza. En sus informes, tanto ARTICLE 19 como Amnistía Internacional han señalado que España mantiene leyes que infringen los estándares internacionales de derechos humanos, restringiendo el ejercicio legítimo de derechos civiles. Las protestas durante este tiempo, aunque han tenido momentos de tensión con la policía, reflejan un creciente descontento ciudadano ante lo que se percibe como un retroceso en la democracia, así como una firme demanda por la garantía de derechos y libertades fundamentales.

Entre 2023 y 2024, España fue testigo de movilizaciones feministas y climáticas que realmente destacaron la energía de la sociedad civil en torno a dos de los temas más importantes de la agenda actual: la igualdad de género y la crisis ambiental. Aunque estos movimientos tienen diferentes objetivos, ambos encontraron en el espacio público una plataforma para alzar la voz y exigir políticas que realmente marcan la diferencia.

En el ámbito feminista, las marchas del 8 de marzo (8M) y del 25 de noviembre (25N) se han convertido en eventos clave de movilización cada año. En el 8M de 2024, miles de personas salieron a las calles en ciudades como Madrid, Barcelona, ​​Valencia y Sevilla, aunque se notó una ligera disminución en la participación en comparación con años anteriores. Esto se atribuyó a factores como el mal tiempo y la fragmentación del movimiento, que ha surgido por diferencias de opinión sobre temas como la prostitución y la ley trans. En Madrid, esta división se hizo evidente con la celebración de dos manifestaciones separadas, lo que puso de manifiesto las tensiones ideológicas dentro del feminismo actual. Por otro lado, el 25N de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también vio una gran participación ciudadana en todo el país. En A Coruña, por ejemplo, se llevaron a cabo actos institucionales que incluyeron la lectura pública de testimonios de víctimas, lo que ayudó a visibilizar la gravedad del problema a nivel local.

Además de las grandes marchas, los colectivos feministas llevaron a cabo acciones simbólicas, como restaurar murales que habían sido vandalizados en honor a figuras históricas del feminismo. Estas acciones fueron una respuesta a una serie de agresiones contra el arte feminista en espacios públicos, subrayando que la lucha por la igualdad también se desarrolla en el ámbito cultural y visual, y que hay una resistencia constante en ciertos sectores de la sociedad.

A la par, el movimiento climático también fue protagonista de una serie de movilizaciones importantes. En abril de 2024, el grupo Juventud por el Clima – Fridays for Future España organizó una huelga global por el clima con el lema “Nuestra casa se abrasa”, para hacer un llamado a la acción ante la inacción política frente a la emergencia climática. Estas protestas se replicaron en numerosas ciudades españolas, exigiendo justicia climática, una transición energética real y medidas vinculantes contra el calentamiento global. En septiembre de ese mismo año, se llevaron a cabo nuevas movilizaciones bajo el lema “La Tierra no se vende”, enfocadas en la especulación ambiental y el abandono institucional de los ecosistemas. Estas manifestaciones contaron con el apoyo de organizaciones sociales, ecologistas y grupos juveniles.

En mayo de 2025, comunidades rurales de lugares como Castilla y León, Galicia, Andalucía y Murcia se unieron en las calles para manifestarse contra la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás. Denunciaron el impacto que estos tienen en la salud del medio ambiente y en el tejido social de sus localidades. Con el lema “Ni en tu pueblo ni en el mío”, las protestas exigieron modelos de desarrollo rural que sean sostenibles y que no sacrifiquen sus territorios por intereses corporativos bajo el pretexto de una falsa transición ecológica.

Estas movilizaciones feministas y climáticas son un reflejo de la creciente conciencia ciudadana en España, donde se articulan demandas de igualdad, sostenibilidad, justicia y participación democrática. A pesar de las tensiones internas y de los discursos de oposición que persisten, ambos movimientos demuestran una clara determinación de mantener activos en el espacio público y de influir en las decisiones políticas del país.