Ecuador

La caída del presidente Jamil Mahuad en enero del año 2000 marcó un antes y un después en la historia política de Ecuador. Este cambio fue impulsado por una crisis económica severa y una movilización social sin precedentes, liderada por el movimiento indígena. En medio del colapso del sistema financiero, la congelación de cuentas bancarias y la hiperinflación, Mahuad tomó la controvertida decisión de dolarizar la economía, una medida que solo intensificó el descontento social. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto con organizaciones campesinas, sindicatos y algunos sectores del ejército, comenzaron un levantamiento nacional que culminó el 21 de enero de 2000, con la toma del Congreso Nacional y el derrocamiento del presidente. Aunque el desenlace fue rápido, las semanas previas estuvieron marcadas por una respuesta violenta del estado. Según informes de prensa y organizaciones de derechos humanos, al menos cinco personas perdieron la vida durante los enfrentamientos en varias provincias, especialmente en la Sierra Centro. También se reportaron más de 60 heridos, muchos de ellos por el impacto de bombas lacrimógenas, golpes de bastones policiales y disparos de la fuerza pública.

Las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza se convirtieron en epicentros de represión, donde indígenas fueron arrestados de manera arbitraria, golpeados y trasladados sin el debido proceso. Testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo documentan casos de tratos crueles e inhumanos, incluyendo tortura psicológica y detenciones de menores que participaban en las marchas. El despliegue policial también incluyó cercos militares a comunidades indígenas y allanamientos de viviendas sin orden judicial.

Aunque la transición política se concretó con el ascenso del vicepresidente Gustavo Noboa, el costo humano del levantamiento evidenció la persistencia de un modelo de represión estructural frente a los pueblos originarios, criminalizando sus demandas sociales y minimizando su voz.

La Rebelión de los Forajidos fue una movilización social masiva que tuvo lugar en abril de 2005 y que resultó en la destitución del presidente Lucio Gutiérrez, marcando un momento crucial en la historia contemporánea de Ecuador. El contexto político estaba marcado por una profunda crisis de legitimidad del gobierno, ya que Gutiérrez quien había llegado al poder con el apoyo del movimiento indígena y sectores de izquierda traicionó sus promesas de campaña al aliarse con grupos conservadores, especialmente con el expresidente Abdalá Bucaram. El punto de inflexión se dio en diciembre de 2004, cuando el Congreso Nacional destituyó ilegalmente a la Corte Suprema de Justicia y la reemplazó por una nueva corte que favorecía al oficialismo, lo que fue visto como un ataque directo al orden constitucional y a la independencia judicial.

En respuesta, miles de ciudadanos comenzaron a organizarse de manera espontánea en Quito, utilizando redes sociales, correos electrónicos y radios comunitarias. Las protestas se destacaron por su naturaleza improvisada, la diversidad de sus participantes y la ausencia de un liderazgo político tradicional. La gente tomó el insulto “forajidos”, que el presidente Gutiérrez usó para descalificarlos, y lo convirtió en un símbolo de resistencia. Cada noche, durante más de dos semanas, cientos de miles de personas salieron a las calles, especialmente al centro histórico de Quito, frente al Palacio de Carondelet, llevando cacerolas, carteles y banderas del Ecuador. Fue una protesta urbana, descentralizada y con una fuerte participación de jóvenes, estudiantes, profesores, trabajadores y familias enteras, lo que le dio un carácter único dentro del repertorio de movilización nacional.

A pesar de que la protesta fue mayormente pacífica, el Estado optó por una respuesta de represión policial, especialmente durante los días más críticos, del 15 al 20 de abril. La Policía Nacional disparó gases lacrimógenos a corta distancia, se llevaron a cabo cargas con bastones y se realizaron detenciones arbitrarias, incluso de periodistas y médicos voluntarios que estaban allí para ayudar a los heridos. Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Defensoría del Pueblo, al menos dos personas perdieron la vida durante los enfrentamientos: una por el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza y otra por complicaciones respiratorias causadas por el gas. Además, se reportaron más de 40 heridos, incluidos niños y ancianos que sufrieron por la represión indiscriminada en áreas residenciales del centro.

El 20 de abril de 2005, después de una masiva marcha, el Congreso Nacional destituyó a Lucio Gutiérrez por “abandono del cargo”, argumentando que no podía gobernar en medio de la crisis institucional. Su lugar fue ocupado por el vicepresidente Alfredo Palacio. La Rebelión de los Forajidos no solo logró derrocar a un presidente sin la intervención de partidos ni estructuras políticas formales, sino que también puso de manifiesto el poder de la ciudadanía organizada y horizontal, dando paso a nuevas formas de movilización urbana. Sin embargo, también evidenció cómo el Estado recurre a la represión, incluso en situaciones de protesta pacífica, extendiendo el uso de la fuerza a sectores urbanos que tradicionalmente son menos vulnerables, lo que fue objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

Las protestas de 2015 en Ecuador fueron un punto álgido en el mandato del entonces presidente Rafael Correa, en el marco de un proyecto político hegemónico que había concentrado poder en los diferentes ámbitos del Estado bajo la autodenominada “Revolución Ciudadana”. Estas manifestaciones se llevaron a cabo en varias etapas entre junio y agosto de 2015, impulsadas principalmente por la presentación de una serie de proyectos de ley sobre herencia y plusvalía, que muchos interpretaron como un ataque directo a la clase media y a los pequeños propietarios. Además, se sumó un creciente descontento social por el modelo extractivista, los megaproyectos mineros y petroleros sin consulta previa, y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

El motor de la resistencia fue, una vez más, el movimiento indígena, encabezado por la CONAIE, junto a sindicatos, grupos estudiantiles, trabajadores, organizaciones ambientalistas y varios sectores urbanos. Las jornadas de protesta incluyeron marchas a nivel nacional, bloqueos de carreteras, paros en actividades rurales e indígenas, así como plantones frente a la sede del gobierno. Uno de los momentos más memorables fue la Marcha por la Dignidad de los Pueblos, que comenzó en Zamora Chinchipe y recorrió el país hasta llegar a Quito el 13 de agosto, con miles de caminantes que alzaban su voz contra la violación de derechos colectivos, la criminalización de líderes indígenas y la imposición de un modelo autoritario desde el gobierno.

La respuesta del Estado fue considerada por diversas organizaciones como excesivamente represiva. Durante los días de movilización, se vivieron intensos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que incluyeron un uso masivo de gases lacrimógenos, balas de goma, golpizas y detenciones arbitrarias. Según el Observatorio de Derechos y Justicia y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, las protestas resultaron en al menos 3 personas fallecidas en medio de los enfrentamientos en provincias andinas como Imbabura y Tungurahua, más de 150 heridos y 120 detenidos, muchos de ellos sin las debidas garantías procesales. También se registraron casos de persecución judicial contra líderes indígenas y sociales, acusados de sabotaje o terrorismo bajo figuras penales poco claras. Entre ellos, se destacaron los procesos contra dirigentes de la CONAIE como Carlos Pérez Guartambel (actualmente Yaku Pérez) y Salvador Quishpe, lo que fue visto como un intento de desarticular la oposición social a través del sistema judicial.

Las protestas de 2015, aunque no lograron detener por completo las políticas del régimen, sí pusieron de manifiesto una creciente división entre el gobierno y las bases sociales que en un principio lo apoyaban. Además, dejaron en claro que el uso del aparato represivo del Estado no solo se limitaba a controlar disturbios, sino que formaba parte de una estrategia política para deslegitimar, desgastar y neutralizar a los actores sociales críticos, debilitando así el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión en un contexto democrático.

El paro nacional de octubre de 2019 en Ecuador, que se conoce como el estallido contra el paquetazo, fue una de las movilizaciones sociales más impactantes y violentas en la historia reciente del país. Todo comenzó cuando el presidente Lenín Moreno decidió eliminar el subsidio a los combustibles a través del Decreto Ejecutivo 883, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de 4.200 millones de dólares. Esta decisión provocó un aumento inmediato en los precios del diésel y la gasolina, lo que generó un descontento generalizado entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo transportistas, trabajadores, estudiantes, sindicatos, campesinos y, sobre todo, el movimiento indígena.

La protesta creció rápidamente, pasando de manifestaciones sectoriales a una paralización nacional que abarcó múltiples sectores, con Quito y varias provincias de la Sierra y Amazonía como puntos focales. El 8 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones indígenas llegaron a Quito, ocupando el centro histórico y transformando la capital en un símbolo de resistencia. Las universidades Central y Católica se convirtieron en refugios humanitarios, albergando a miles de manifestantes indígenas, la mayoría de ellos provenientes de áreas rurales.

La respuesta del Estado fue extremadamente violenta. El gobierno impuso un estado de excepción y un toque de queda, movilizando tanto a las fuerzas armadas como a la policía nacional, lo que resultó en numerosos episodios de represión indiscriminada. La Defensoría del Pueblo del Ecuador registró al menos 11 muertes, más de 1,340 heridos y 1,192 detenidos durante las protestas. Se denunciaron serias violaciones a los derechos humanos, que incluyeron el uso excesivo de la fuerza, disparos de gases lacrimógenos en lugares cerrados como universidades y centros de salud, allanamientos ilegales, y violencia dirigida especialmente hacia pueblos indígenas, mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos.

Entre las víctimas fatales, se destacó el caso de Inocencio Tucumbi, líder de la CONAIE, quien falleció en circunstancias aún no aclaradas en el parque El Arbolito, el corazón de las protestas.

Además, organizaciones como la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Colectivo Wambra han denunciado que el Estado ecuatoriano ha estado llevando a cabo prácticas sistemáticas de represión. Esto incluye la criminalización de líderes sociales a través de juicios por terrorismo, sabotaje y otros cargos penales. La represión también ha impactado a brigadas médicas, periodistas, comunicadores populares y defensores de derechos humanos, lo que constituye una violación directa del derecho internacional humanitario y del derecho a la protesta pacífica.

Después de once días de resistencia, el 13 de octubre, el gobierno y la CONAIE se sentaron a dialogar en una mesa pública, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Como resultado, se derogó el Decreto 883 y se detuvo el aumento de los precios de los combustibles, aunque algunas medidas estructurales del acuerdo con el FMI se mantuvieron. Este estallido no solo dejó un saldo de víctimas y destrucción, sino que también planteó serias preguntas sobre el modelo neoliberal y el papel del Estado en la gestión del conflicto social. Este evento demostró que el pueblo ecuatoriano, especialmente las organizaciones indígenas, tiene una gran capacidad de movilización política, pero también que sigue existiendo un uso sistemático de la represión estatal como respuesta al disenso.