Paros cívicos y protestas campesinas en el marco del conflicto armado
Años
(1997–2002)
Entre 1997 y 2002, Colombia experimentó un periodo de intensas movilizaciones sociales en sus zonas rurales, lideradas principalmente por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Este contexto estaba marcado por un conflicto armado interno y las políticas de seguridad del Estado. Durante esos años, los paros cívicos regionales se multiplicaron como formas de resistencia pacífica ante el abandono del Estado, la militarización del territorio, el desplazamiento forzado, la fumigación con glifosato y la presencia de grupos armados ilegales, especialmente los paramilitares, que a menudo contaban con la complicidad o la tolerancia de las instituciones. Movilizaciones como el Paro del Magdalena Medio (1998), el paro campesino de Catatumbo (1999) y el paro del Putumayo contra el Plan Colombia (2001) reunieron a decenas de miles de personas que bloquearon carreteras, ocuparon plazas y llevaron a cabo marchas pacíficas exigiendo políticas agrarias justas, garantías de vida y una presencia estatal efectiva.
La respuesta del Estado fue extremadamente represiva y a menudo se enmarcó en una lógica de contrainsurgencia. Las protestas se consideraron como “movimientos de infiltración guerrillera”, lo que llevó a la judicialización de líderes sociales, detenciones arbitrarias y el uso de la fuerza bajo el pretexto de “defender el orden público”.
Durante este tiempo, se fortalecieron los grupos móviles antidisturbios, incluyendo el despliegue del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), que se creó formalmente en 1999 bajo la dirección de la Policía Nacional como una fuerza especializada en el “control del orden urbano y rural”. Su incorporación marcó un cambio significativo en la estrategia represiva del Estado, caracterizándose por el uso sistemático de gases lacrimógenos, armas menos letales, escudos, bastones retráctiles y vehículos blindados, incluso en situaciones de manifestaciones pacíficas.
Los resultados fueron devastadores: se registraron desplazamientos forzados masivos, asesinatos selectivos de líderes campesinos y defensores de derechos humanos, así como violaciones al derecho a la protesta. Aunque las cifras exactas pueden variar, organizaciones como el CINEP y CODHES informaron más de 60 asesinatos en el contexto de protestas y cientos de detenciones arbitrarias durante este tiempo. La mayoría de estos crímenes quedaron sin castigo. Además, la estrategia del estado de criminalizar a los movimientos profundizó el aislamiento político de las comunidades rurales y aumentó su vulnerabilidad frente a grupos armados.
Marchas por la paz y contra el paramilitarismo
Años
(2003–2008)
Entre 2003 y 2008, Colombia vivió una serie de movilizaciones sociales y ciudadanas que se alzaron en contra del paramilitarismo, abogando por la paz y oponiéndose a las políticas represivas del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este periodo estuvo marcado por la implementación de la llamada “Seguridad Democrática” y un proceso de desmovilización parcial de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A pesar de la narrativa oficial que destacaba los avances en seguridad, miles de colombianos y colombianas se unieron para señalar que esta política estaba, en realidad, fortaleciendo redes de impunidad, encubriendo alianzas criminales entre políticos, militares y paramilitares, y aumentando los asesinatos selectivos de líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y campesinos.
Una de las manifestaciones más significativas de este periodo fue la gran marcha nacional del 6 de marzo de 2008, organizada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), junto con diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas. Esta movilización, que se llevó a cabo en numerosos municipios, fue una respuesta directa a la marcha oficialista del 4 de febrero contra las FARC. Su objetivo era poner de relieve la responsabilidad del Estado y de grupos paramilitares en miles de crímenes ocurridos durante el conflicto armado, especialmente aquellos relacionados con la parapolítica. A pesar de su carácter pacífico, las marchas enfrentaron hostigamientos, amenazas de muerte y ataques públicos por parte de altos funcionarios del gobierno, quienes tildaron a sus organizadores de “aliados del terrorismo”. La estigmatización de la protesta social se convirtió en una estrategia sostenida del Estado durante este tiempo, apoyada por campañas mediáticas, investigaciones penales sin fundamento y vigilancia ilegal.
A lo largo de estos años, se han documentado numerosos casos de infiltración ilegal en movimientos sociales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sus labores de inteligencia se enfocaron en periodistas, magistrados, ONG, sindicatos y plataformas de derechos humanos. Además, el ESMAD se consolidó como una fuerza de choque tanto en áreas urbanas como rurales, interviniendo de manera violenta en protestas laborales, universitarias y campesinas. Esto incluyó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y graves lesiones a los manifestantes. Las consecuencias fueron alarmantes: entre 2003 y 2008, se reportaron al menos 58 asesinatos en el contexto de protestas, según el CINEP, junto con cientos de heridos y más de 1,500 detenciones arbitrarias, muchas de las cuales carecieron de garantías judiciales.
Este periodo marcó un momento en el que el Estado adoptó una lógica de criminalización del disenso, donde las protestas fueron vistas sistemáticamente como una amenaza a la seguridad nacional. A pesar de las numerosas denuncias a nivel internacional, las investigaciones internas no progresaron y la impunidad se mantuvo. Así, las movilizaciones por la paz no solo buscaban denunciar el paramilitarismo y exigir justicia, sino también reivindicar el derecho a la memoria, la verdad y la movilización como herramientas legítimas para construir una democracia.
Gran movilización indígena Minga de Resistencia Social y Comunitaria
Años
(2008)
En 2008, el movimiento indígena colombiano llevó a cabo una de las movilizaciones más significativas de su historia reciente: la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Esta fue convocada principalmente por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y numerosos pueblos originarios que alzaron la voz contra el incumplimiento sistemático de los acuerdos firmados con el Estado, el despojo de sus tierras, la militarización de sus territorios y la violencia estructural que enfrentan sus comunidades. La marcha comenzó en La María-Piendamó, en Cauca, y se extendió por más de dos semanas hasta llegar a Bogotá, con la participación de más de 40,000 personas, incluyendo indígenas, campesinos, estudiantes y sectores populares, convirtiéndose en un punto de encuentro para diversas luchas sociales. La Minga no solo alzó la voz contra el abandono del Estado, sino que también criticó las políticas neoliberales del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el avance del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la criminalización de la protesta y el devastador impacto del conflicto armado en las comunidades indígenas. La movilización fue completamente pacífica, pero la respuesta del Estado fue violenta: en el primer día de la movilización, el 12 de octubre, el ESMAD y unidades del Ejército reprimieron brutalmente la concentración en La María, resultando en al menos 3 muertos, más de 100 heridos y decenas de detenidos.
Las imágenes de la agresión, donde se veían a agentes disparando directamente a cuerpos desarmados, se difundieron ampliamente en medios comunitarios e internacionales, provocando una indignación global.
La comunidad internacional y organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional exigieron el respeto a los derechos humanos y condenaron la violencia policial contra los pueblos indígenas.
Además de la represión física, el gobierno implementó una estrategia para deslegitimar el movimiento. El presidente Uribe llegó a afirmar públicamente que la Minga estaba infiltrada por “terroristas de las FARC”, lo que creó un ambiente de estigmatización y una amenaza constante para sus líderes. A pesar de esta hostilidad institucional, la Minga logró abrir espacios de diálogo con el gobierno y dar visibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, a la resistencia de los pueblos originarios frente al despojo y la militarización. Este momento fue un punto de inflexión en el ciclo de movilización indígena y sentó las bases para futuras colaboraciones entre movimientos sociales rurales y urbanos.
Paro nacional estudiantil (MANE)
Años
(2011)
En 2011, Colombia vivió un paro nacional estudiantil masivo y sostenido, liderado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), que se opuso al proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta reforma buscaba introducir capital privado en las universidades públicas, lo que, según el movimiento estudiantil, abriría la puerta a la mercantilización total de la educación, acentuando la desigualdad en el acceso, debilitando la autonomía universitaria y subordinando el conocimiento a las exigencias del mercado. La MANE logró una conexión sin precedentes entre estudiantes de universidades públicas y privadas, extendiendo la protesta por más de dos meses a través de asambleas, marchas, tomas pacíficas, movilizaciones nocturnas, cátedras abiertas y jornadas culturales en las principales ciudades del país. A pesar de que las movilizaciones eran pacíficas, la reacción del Estado fue, una vez más, represiva y estigmatizante. El ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) intervino de manera violenta en numerosas manifestaciones, especialmente en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Manizales.
Se reportó el uso indiscriminado de gas lacrimógeno, golpes con bastones, disparos de armas menos letales, detenciones arbitrarias e incluso la infiltración de civiles armados en las marchas.
La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y otras organizaciones documentaron al menos 60 estudiantes heridos, más de 200 detenidos sin justificación y múltiples denuncias de hostigamiento, vigilancia e intimidación por parte de organismos de inteligencia. Además, varios líderes estudiantiles fueron señalados en medios oficiales y por voceros del gobierno como supuestos colaboradores de grupos armados ilegales, en una clara estrategia de criminalización del movimiento social.
El paro logró una victoria política parcial, ya que el gobierno decidió retirar oficialmente el proyecto de reforma en noviembre de 2011 y aceptó abrir un diálogo con el movimiento estudiantil. Sin embargo, las propuestas alternativas que presentó la MANE no se incluyeron en la agenda legislativa, y el modelo de financiamiento de la educación superior pública no sufrió cambios significativos. A pesar de esto, el paro de 2011 dejó una marca profunda en la organización del movimiento estudiantil, fortaleciendo su capacidad de propuesta, creando redes interuniversitarias y abriendo la puerta a nuevas formas de movilización más democráticas, deliberativas y masivas en los años siguientes.
Paro nacional agrario
Años
(2013)
En 2013, Colombia fue testigo de un momento histórico en la movilización rural con el Paro Nacional Agrario, una protesta masiva que reunió a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes, transportadores y trabajadores del campo de diversas regiones como Catatumbo, Cauca, Huila, Nariño, Boyacá y Meta. Esta protesta nació como respuesta a las condiciones de abandono estructural que enfrenta el campo colombiano, la falta de garantías para la soberanía alimentaria, la crisis en la producción nacional provocada por los Tratados de Libre Comercio (TLC), el alto costo de los insumos, el incumplimiento de acuerdos previos y la carencia de políticas agrarias inclusivas. A través de bloqueos de vías, concentraciones regionales y marchas hacia las ciudades, los manifestantes exigieron acceso a tierras, subsidios para la producción, protección para los pequeños productores, reconocimiento de zonas de reserva campesina y garantías para sus derechos económicos, sociales y culturales. Lejos de abordar las demandas a través del diálogo social, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos optó inicialmente por negar la existencia del paro, afirmando que “no existía”. Luego, implementó una estrategia de represión violenta. La movilización de la Fuerza Pública, el ESMAD y unidades del Ejército Nacional en áreas rurales resultó en numerosos enfrentamientos, dejando un saldo alarmante: según organizaciones de derechos humanos, durante el paro se registraron al menos 15 asesinatos en el contexto de las protestas, más de 800 heridos, muchos de ellos por disparos y proyectiles no reglamentarios, y más de 900 detenciones arbitrarias.
Además, se documentaron casos de tortura, amenazas a líderes campesinos, allanamientos ilegales y el uso de fuerza letal en zonas de concentración campesina. En varios municipios, la represión se vio acompañada de cortes en las comunicaciones, cierre de carreteras y restricciones a la movilidad, lo que incrementó la vulnerabilidad de las comunidades en movimiento.
La indignación en el país creció a medida que las imágenes de la represión comenzaban a circular, y diferentes grupos urbanos como estudiantes, sindicatos y artistas se unieron al paro en jornadas de solidaridad. La presión de la gente llevó al gobierno a establecer mesas de negociación con la Cumbre Agraria y Dignidades Agropecuarias, donde se firmaron varios acuerdos sectoriales. Sin embargo, muchos de esos compromisos no se cumplieron o se implementaron solo de manera parcial, lo que desencadenó nuevas movilizaciones en los años siguientes. El Paro Nacional Agrario de 2013 no solo puso de manifiesto la crisis estructural del campo colombiano, sino también la incapacidad del Estado para garantizar derechos rurales sin recurrir a la represión, convirtiéndose en un hito para la lucha campesina y la organización de movimientos territoriales en Colombia.
Marchas por la paz y respaldo al proceso con las FARC
Años
(2016–2017)
Entre 2016 y 2017, Colombia vivió un momento histórico con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Este periodo estuvo lleno de movilizaciones sociales que apoyaban la paz, la implementación de los acuerdos y la búsqueda de justicia social para las víctimas del conflicto armado. Durante esos años, miles de personas de todo el país campesinos, estudiantes, comunidades indígenas, grupos de mujeres, comunidades afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos salieron a las calles para exigir que la paz no fuera solo la desmovilización de un grupo armado, sino que implicara una transformación profunda que incluyera reforma agraria, garantías para la participación política, el desmantelamiento del paramilitarismo y justicia restaurativa para las víctimas.
Uno de los momentos más emblemáticos fue la movilización que siguió al plebiscito del 2 de octubre de 2016, donde, para sorpresa de muchos, el “No” al acuerdo de paz ganó por un margen muy estrecho. En respuesta, surgió una ola de marchas espontáneas, concentraciones en plazas públicas y movilizaciones universitarias bajo el lema #LaPazSeMantiene, defendiendo lo acordado en La Habana. Estas protestas, que se caracterizaron por su carácter pacífico y diverso, lograron presionar al gobierno para que renegociara ciertos aspectos del acuerdo con los sectores que apoyaron el “No”, lo que resultó en una versión revisada del texto, que finalmente se firmó en noviembre de 2016 y se incorporó como política de Estado.
A pesar de la atmósfera de esperanza, la implementación de los acuerdos se vio ensombrecida por una violencia persistente contra líderes sociales, firmantes del acuerdo y defensores de derechos humanos. Entre 2016 y 2017, se registraron más de 200 asesinatos de líderes comunitarios, muchos de los cuales estaban relacionados con procesos de sustitución de cultivos, la defensa del territorio o la participación política local. Esta violencia fue perpetrada en gran medida por grupos armados que surgieron del paramilitarismo, estructuras criminales y, en algunos casos, por agentes estatales que actuaron en complicidad o por omisión. Las regiones más afectadas incluyeron el Cauca, Nariño, Norte de Santander, el sur de Córdoba y el Meta.
Además, durante las movilizaciones por la paz, especialmente en las áreas rurales, se dieron casos de represión, hostigamientos e interceptaciones ilegales que afectaron a quienes estaban impulsando el proceso en zonas que históricamente han sido olvidadas. La falta de garantías de seguridad para los líderes sociales y el incumplimiento de varios aspectos del Acuerdo, como la reforma rural integral, el capítulo étnico y el enfoque de género, provocaron frustración y nuevas protestas, que no siempre fueron reconocidas ni protegidas por el Estado. A pesar de todo, estas movilizaciones de este periodo fueron una reafirmación del deseo colectivo de paz y ayudaron a consolidar una ciudadanía activa, que tomó las calles como un espacio legítimo para defender lo acordado y resistir ante la guerra.
Paro nacional contra el “paquetazo” de Duque
Años
(2019–2020)
Entre 2019 y 2020, Colombia experimentó un nuevo ciclo de protestas sociales a nivel nacional. Todo comenzó con un llamado de las centrales obreras y movimientos sociales que se unieron para rechazar un paquete de medidas económicas impulsadas por el presidente Iván Duque, conocido popularmente como el “paquetazo”. Este conjunto de propuestas incluía reformas laborales, pensionales, tributarias y educativas, que muchos consideraron perjudiciales y regresivas para los derechos sociales. Lo que empezó como una convocatoria sindical el 21 de noviembre de 2019, rápidamente se convirtió en un estallido social que reunió a diversos sectores: jóvenes, estudiantes, comunidades indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, artistas y habitantes de las ciudades, todos movilizándose en defensa de derechos fundamentales, en contra de la violencia estatal y la corrupción, y pidiendo una mayor participación democrática.
Durante varias semanas, cientos de miles de personas se lanzaron a las calles en las principales ciudades del país y en áreas periféricas. Las maneras de expresarse incluyeron marchas pacíficas, cacerolazos por la noche, concentraciones culturales, bloqueos de carreteras, performances, plantones estudiantiles y tomas simbólicas de plazas públicas, como el centro de Bogotá o la Universidad del Valle en Cali. Estas manifestaciones, en lugar de ser abordadas a través del diálogo democrático, fueron duramente reprimidas por el Estado colombiano, que utilizó de manera sistemática una fuerza desproporcionada a través del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y otras unidades policiales.
El caso más conocido fue el de Dilan Cruz, un joven de 18 años que perdió la vida por un disparo del ESMAD el 23 de noviembre de 2019, en el corazón de Bogotá, mientras se unía a una protesta pacífica.
Su trágica muerte desató una ola de indignación en todo el país y se convirtió en un símbolo de la violencia institucional que enfrenta la juventud movilizada. Desde ese momento, las manifestaciones se volvieron más intensas, pero la represión también aumentó: se llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas, agresiones a defensores de derechos humanos, periodistas y observadores, así como el uso de armas “menos letales” apuntando a la cabeza, y el despliegue de helicópteros y drones para vigilancia aérea.
Durante este tiempo, se reportaron al menos 10 muertes en el contexto de las protestas, más de 1.200 detenciones arbitrarias, decenas de heridos graves y múltiples denuncias sobre tratos crueles y degradantes por parte de las fuerzas del estado. Organizaciones como Temblores ONG, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Human Rights Watch y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) han denunciado el uso excesivo de la fuerza, la criminalización del disenso y la falta de interés del estado para establecer canales de diálogo efectivos.
El Paro Nacional de 2019–2020 marcó un renacer de la protesta como una herramienta ciudadana poderosa, desafiando el control simbólico del miedo y transformando las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Aunque muchas de las demandas no fueron atendidas de manera estructural y el gobierno optó por tácticas dilatorias, la protesta dejó una memoria colectiva de resistencia que resultaría crucial para el estallido social aún más masivo de 2021.
Paro Nacional: estallido social
Años
(2021)
Entre abril y julio de 2021, Colombia experimentó uno de los estallidos sociales más importantes y masivos de su historia reciente. El Paro Nacional, que comenzó como una protesta contra una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, rápidamente se convirtió en un movimiento nacional que denunciaba la desigualdad estructural, la exclusión social, el desempleo juvenil, la corrupción y la violencia policial. Las manifestaciones se extendieron por todo el país, con focos de actividad en ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Popayán, y vieron la participación activa de jóvenes de barrios populares, estudiantes, comunidades indígenas, afrocolombianas, mujeres, colectivos artísticos, barristas, trabajadores informales y sindicatos. Las formas de protesta incluyeron bloqueos, marchas, cacerolazos, performances, “primeras líneas” de defensa comunitaria, ollas populares y actividades culturales. La respuesta del Estado fue ampliamente criticada por su carácter desproporcionado y represivo. La Policía Nacional, en particular el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), junto con unidades GOES, comandos Jungla y el apoyo del Ejército, desplegó un aparato de represión que incluyó el uso excesivo de la fuerza, armas letales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, violencia sexual, agresiones a personal médico y defensores de derechos humanos, así como vigilancia masiva e interceptaciones ilegales. Varios informes han documentado la magnitud de la represión. Uno de los más destacados, titulado “Tiros a la vista”, fue elaborado por Amnistía Internacional, Temblores ONG y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes.
Este informe registró al menos 103 casos de traumas oculares provocados por impactos directos de armas que se consideran “menos letales”, como balas de goma y cartuchos de gas disparados a corta distancia en el rostro. Otro informe fundamental fue “Represión en la mira”, creado por la Campaña Defender la Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares del ESMAD y la Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS). Este documento se enfocó en el uso de la fuerza letal y en el patrón sistemático de lesiones oculares como una forma de castigo y control simbólico sobre la ciudadanía movilizada.
Se demostró que las agresiones no eran incidentes aislados ni excesos individuales, sino parte de una estrategia institucional diseñada para reprimir, infundir miedo y disuadir la protesta social. Además, se evidenció una grave negligencia en la atención médica, la falta de investigaciones judiciales efectivas y la revictimización institucional hacia quienes se atrevían a denunciar.
El informe “Bolillo, Dios y Patria II” de Temblores ONG profundiza en el análisis de la violencia policial que tuvo lugar entre 2020 y 2022. Este documento revela más de 80 homicidios atribuidos a agentes del estado durante las protestas de 2021, además de detallar casos de violencia física y sexual, detenciones ilegales, desapariciones forzadas temporales y ataques a misiones médicas. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Colombia en junio de 2021 y publicó un informe que incluye 41 recomendaciones para el Estado. En este informe, se destaca el uso excesivo de la fuerza, la estigmatización de las protestas sociales por parte del gobierno, la falta de mecanismos de rendición de cuentas y la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma estructural de la Policía Nacional, que incluya su desmilitarización y un control civil y democrático efectivo.
Según datos recopilados por Temblores ONG, Indepaz, la Defensoría del Pueblo y la Campaña Defender la Libertad, durante el estallido social se documentaron al menos 83 asesinatos, más de 3,000 detenciones arbitrarias, 96 personas con lesiones oculares permanentes, 28 víctimas de violencia sexual a manos de agentes de la fuerza pública y cientos de desaparecidos temporales. Las consecuencias físicas, psicológicas y simbólicas de estos eventos dejaron una marca profunda en el tejido social colombiano. Sin embargo, a pesar de la represión y la impunidad, el paro también puso de manifiesto nuevas formas de organización comunitaria, resistencia cultural y acción colectiva desde los márgenes. Los sectores excluidos se afirmaron como actores políticos activos, creando redes de apoyo, memorias de lucha y una demanda clara de justicia, verdad y reformas estructurales.