China

En 2003, el gobierno de Hong Kong, bajo la dirección del Jefe Ejecutivo Tung Chee-hwa, propuso la implementación del polémico Artículo 23 de la Ley Básica. Esta ley, que actúa como la mini-constitución de la región administrativa especial, surgió tras la transferencia de soberanía del Reino Unido a China en 1997. El Artículo 23 requería que Hong Kong estableciera leyes que prohibieran actos de traición, secesión, sedición y subversión contra el gobierno central chino, así como el robo de secretos de Estado y la conexión con organizaciones políticas extranjeras que se consideraran una amenaza para la seguridad nacional.

La propuesta despertó preocupaciones generalizadas sobre una posible erosión de las libertades civiles y de prensa en la región, que había disfrutado de un sistema más abierto y garantista en comparación con el de la China continental, bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos sintieron que este proyecto de ley podría llevar a la criminalización de la disidencia, otorgando a las autoridades amplios poderes para reprimir movimientos políticos, restringir libertades y vigilar a la sociedad civil.

El momento más destacado de la oposición social se dio en la masiva manifestación del 1 de julio de 2003, organizada por grupos como la Alianza Cívica por los Derechos Humanos, diversas organizaciones religiosas, sindicatos y activistas a favor de la democracia. Más de 500,000 personas salieron a las calles de Hong Kong en una marcha pacífica y ordenada, considerada una de las más grandes desde que la soberanía china fue devuelta. Las consignas resonaban con fuerza: “No al Artículo 23”, “Defendamos nuestras libertades” y “Democracia ahora”.

A pesar de que la manifestación se llevó a cabo sin enfrentamientos directos y no hubo víctimas mortales ni heridos graves, la represión tuvo un carácter estructural. Después de la protesta, el gobierno aumentó la vigilancia sobre activistas y medios críticos, y se reportaron casos de acoso a ONG y líderes de la oposición. Además, Beijing presionó directamente a legisladores y medios empresariales para que se alinearan con su proyecto, creando un ambiente de intimidación.

La reacción del público fue tan fuerte que varios legisladores moderados del bloque pro-establishment decidieron retirar su apoyo al proyecto de ley. Esto llevó al gobierno a suspender indefinidamente la propuesta del Artículo 23. Esta victoria simbólica para la sociedad civil estableció un precedente importante en la lucha por la democracia en Hong Kong, mostrando la capacidad de movilización de los ciudadanos y su potencial para frenar políticas autoritarias que vienen desde Beijing.

Sin embargo, este episodio también dio pie a una reconfiguración más sutil y represiva por parte del Estado chino y del gobierno local. Desde entonces, han intensificado el control sobre los medios de comunicación, los espacios académicos y las instituciones políticas, sentando las bases para futuras restricciones más severas, como las que se implementarían con fuerza en 2014 y 2019.

En 2014, Hong Kong alcanzó un momento crucial en su historia política con el surgimiento del Movimiento de los Paraguas, también conocido como Occupy Central with Love and Peace. Este movimiento nació como una respuesta directa a la decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China (NPCSC) del 31 de agosto de 2014, que impuso restricciones drásticas al proceso de elección del Jefe Ejecutivo de Hong Kong. A pesar de que se prometió sufragio universal, la reforma establecía que los candidatos debían ser aprobados previamente por un comité alineado con Beijing, lo que socavaba la verdadera esencia democrática de la elección.

En respuesta a la situación, diversas organizaciones civiles como Scholarism, el Frente Civil por los Derechos Humanos, el movimiento académico Occupy Central, y miles de ciudadanos —principalmente jóvenes y estudiantes— iniciaron una serie de sentadas y manifestaciones pacíficas en el corazón financiero de la ciudad, frente al edificio del Consejo Legislativo y en lugares clave como Admiralty, Causeway Bay y Mong Kok. El uso de paraguas como protección contra los gases lacrimógenos lanzados por la policía transformó este objeto en el símbolo emblemático del movimiento.

La movilización comenzó el 26 de septiembre cuando estudiantes, liderados por figuras como Joshua Wong, Nathan Law y Agnes Chow, tomaron el espacio público. La situación se intensificó rápidamente el 28 de septiembre, después de que la policía respondiera con violencia, disparando gas lacrimógeno y spray de pimienta contra manifestantes desarmados. Esto desató una ola de indignación pública y atrajo a más participantes. Durante más de 79 días seguidos, decenas de miles de ciudadanos ocuparon las calles, exigiendo reformas democráticas reales, sufragio universal sin restricciones y la retirada de la propuesta impuesta desde Beijing.

La represión estatal fue amplia, estratégica y gradual. Aunque no se reportaron muertes durante la ocupación, las fuerzas policiales utilizaron porras, realizaron detenciones masivas, infiltraron agentes encubiertos y llevaron a cabo desalojos forzados. Más de 1.000 personas fueron arrestadas durante y después de las protestas, muchas de ellas estudiantes, líderes sociales y periodistas. Se documentaron numerosos casos de uso excesivo de la fuerza, que incluyeron golpes en la cabeza, torsiones articulares y encarcelamientos prolongados sin cargos formales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron tratos inhumanos y violaciones al derecho a la protesta pacífica.

Al mismo tiempo, se desató una represión tanto institucional como judicial. Varios líderes destacados del movimiento fueron procesados y encarcelados por cargos de “asamblea ilegal” y “desobediencia civil”. Las universidades tomaron medidas disciplinarias contra los estudiantes activistas, mientras que los medios de comunicación críticos enfrentaron presiones económicas y censura indirecta. Además, se lanzó una campaña de propaganda destinada a desacreditar el movimiento, vinculándolo con intereses extranjeros y disturbios sociales.

A pesar de la represión, el Movimiento de los Paraguas dejó una huella profunda en la identidad política de la juventud de Hong Kong. Surgió una nueva generación de líderes políticos a favor de la democracia, y se estableció un discurso de soberanía cultural en respuesta a la creciente intervención del Partido Comunista Chino. Sin embargo, esto también llevó a un endurecimiento de la política de seguridad en la región, lo que más tarde resultaría en la Ley de Seguridad Nacional de 2020.

En 2019, Hong Kong se convirtió en el escenario de una de las movilizaciones prodemocracia más grandes y duraderas del siglo XXI. Todo comenzó con la propuesta de la Ley de Extradición, presentada por la Jefa Ejecutiva Carrie Lam, que permitiría enviar a personas desde Hong Kong a la China continental para ser juzgadas por delitos penales. Esta iniciativa generó una gran preocupación en diversos sectores de la sociedad, que temían que la ley pudiera abrir la puerta a la persecución política, debilitar el sistema judicial independiente y criminalizar a los disidentes.

La respuesta de la ciudadanía fue inmediata y abrumadora. El 9 de junio de 2019, más de un millón de personas se unieron en una manifestación pacífica. Luego, el 16 de junio, después de una jornada represiva brutal, el número de manifestantes superó los dos millones, en un país con poco más de siete millones de habitantes. Las protestas rápidamente se expandieron más allá del simple rechazo a la ley, abarcando cinco grandes demandas: la retirada total del proyecto, una investigación independiente sobre la brutalidad policial, la liberación de los detenidos, la retractación oficial de la calificación de “disturbio” a las protestas, y el establecimiento del sufragio universal libre y directo.

A medida que el movimiento ganaba fuerza, la represión del estado se volvía cada vez más dura. La Policía de Hong Kong recurrió a gases lacrimógenos, balas de goma, cañones de agua, armas letales y detenciones masivas. Se registraron agresiones directas contra periodistas, médicos y transeúntes, además de la infiltración de agentes encubiertos y el uso excesivo de la fuerza, incluso contra menores. Uno de los ejemplos más impactantes de la violencia institucional fueron los casos de víctimas con lesiones oculares, como el de una enfermera que perdió un ojo tras ser alcanzada por una bala de goma. Según Amnistía Internacional y fuentes locales, al menos 80 personas sufrieron lesiones oculares graves durante las protestas.

Durante este tiempo, más de 10,000 personas fueron detenidas, muchas de ellas sin las debidas garantías legales. Se reportaron numerosos casos de tortura, amenazas sexuales, golpizas en comisarías y tratos humillantes. La represión también llegó a las universidades, donde se desataron enfrentamientos violentos, especialmente en el campus de la Universidad Politécnica (PolyU), que estuvo sitiado por la policía durante varios días. Estudiantes, académicos y voluntarios médicos fueron arrestados o agredidos en operativos de cerco y captura.

Mientras tanto, el gobierno de Carrie Lam se mostró reacio a entablar un diálogo y solo anunció la retirada formal del proyecto de ley en septiembre, cuando las demandas del movimiento ya habían crecido. En lugar de buscar soluciones políticas, el Estado decidió intensificar la represión, justificándola como una medida para mantener el orden público. Por su parte, Beijing consideró las protestas como una amenaza a la soberanía nacional y promovió una narrativa de “terrorismo” y “separatismo”, preparando así el camino para una intervención directa.

El desenlace represivo llegó en junio de 2020, cuando el Parlamento chino decidió imponer de manera unilateral la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. Esta ley criminaliza actos como la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua. Desde entonces, hemos visto cómo decenas de líderes prodemocracia han sido arrestados, partidos políticos han sido disueltos, medios de comunicación han cerrado y muchos activistas se han visto obligados a exiliarse.

El ciclo 2019–2020 fue un punto de inflexión que llevó al colapso del modelo “un país, dos sistemas” y a una transición hacia un régimen de control autoritario en Hong Kong. A pesar de su gran magnitud y alcance, el movimiento fue sofocado a través de una mezcla de violencia policial, leyes punitivas y propaganda estatal, dejando un impacto devastador en las libertades civiles.

El 30 de junio de 2020, el gobierno central de China implementó la Ley de Seguridad Nacional (LSN) en Hong Kong, ignorando al Consejo Legislativo local y sin realizar una consulta pública. Esta ley castiga de manera severa cualquier acción que se considere “secesión”, “subversión”, “terrorismo” o “colusión con fuerzas extranjeras”, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Aunque se presentó como una medida para “restablecer la estabilidad” después de las protestas de 2019, su verdadero objetivo fue desmantelar el movimiento prodemocracia, silenciar a la oposición política y restringir la libertad de expresión.

Desde que entró en vigor, la LSN ha permitido un reordenamiento autoritario del panorama político y social en Hong Kong. Las autoridades crearon una Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional, que responde directamente a Beijing y tiene la capacidad de vigilar, detener, investigar y extraditar a sospechosos. Además, la Policía de Seguridad Nacional recibió amplios poderes, que incluyen la vigilancia sin necesidad de una orden judicial, el bloqueo de contenidos digitales y el control sobre instituciones educativas, culturales y periodísticas.

El impacto fue inmediato y devastador. En solo dos años, más de 200 personas fueron arrestadas bajo la LSN, incluyendo a líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, abogados, periodistas y miembros del Parlamento. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Jimmy Lai, el fundador del periódico Apple Daily, quien fue detenido por “colusión con fuerzas extranjeras”. Su medio fue allanado por más de 500 agentes, su sede fue confiscada y su personal fue perseguido. Finalmente, Apple Daily cerró en junio de 2021, marcando el colapso de uno de los principales bastiones de la prensa libre en la región.

Las organizaciones políticas como Demosistō, el Partido Cívico y el Frente Civil por los Derechos Humanos se disolvieron debido a amenazas legales, y al menos 50 activistas optaron por el exilio. Más de 150 ONGs y sindicatos cerraron sus puertas de manera voluntaria o enfrentaron investigaciones penales.

La represión también llegó al ámbito educativo: se censuraron libros de texto, se despidieron a profesores, y se implementó un nuevo currículo de “educación patriótica”. Incluso se cancelaron obras de teatro y exposiciones de arte por considerarse “sensibles”.

La represión también incluyó tácticas de vigilancia masiva y la criminalización retroactiva: ciudadanos fueron arrestados por publicaciones antiguas en redes sociales, por llevar banderas o por gritar consignas que se consideraban ilegales. Además, el clima de miedo fomentó una autocensura generalizada, afectando a artistas, docentes y empresarios por igual.

Durante este tiempo, no hubo grandes manifestaciones masivas como las de 2019, principalmente por el alto costo represivo. Aun así, se registraron decenas de detenciones preventivas, agresiones a activistas y vigilancia extrajudicial. Aunque el número de heridos disminuyó en comparación con años anteriores, persistieron casos de detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas en los centros de reclusión y largos períodos de aislamiento sin juicio, especialmente dirigidos a jóvenes activistas y manifestantes reincidentes.

A nivel internacional, varios gobiernos y organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a la ley y sus consecuencias. La ONU, la Unión Europea, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado cómo la LSN ha infringido el principio de legalidad, el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y el pluralismo político. Amnistía Internacional, que ha estado presente en Hong Kong durante más de 40 años, decidió cerrar sus oficinas en 2021, ya que consideraba que las condiciones mínimas de seguridad para operar habían desaparecido.

El periodo de 2020 a 2022 marcó el final de la autonomía funcional de Hong Kong. La represión que siguió a la Ley de Seguridad Nacional no solo destruyó el movimiento prodemocracia, sino que también instauró un nuevo clima de miedo y obediencia, todo bajo la vigilancia directa del Partido Comunista Chino. En este contexto, la memoria de las movilizaciones anteriores también fue objeto de censura: la vigilia anual en recuerdo de la masacre de Tiananmen fue prohibida, sus organizadores fueron encarcelados y el museo conmemorativo fue cerrado por la policía.