Protestas rurales y por la vivienda
Años
(2000–2012)
Entre los años 2000 y 2012, Brasil vivió momentos de intensas luchas sociales lideradas por movimientos rurales y urbanos, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST). Estas organizaciones luchaban por que se cumpliera la función social de la tierra, por el acceso a una vivienda digna y por la reforma agraria que se había prometido en la Constitución de 1988, pero que nunca se llevó a cabo por completo.
En las zonas rurales, el MST ha liderado ocupaciones de tierras que no se están utilizando, bloqueos de carreteras y marchas hacia las capitales estatales. Su objetivo es presionar al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y hacer visible el problema del acaparamiento de tierras por parte de grandes latifundistas y el agronegocio. Aunque estas acciones están respaldadas legalmente por el derecho a la protesta y la función social de la tierra, han sido respondidas con violencia por la Policía Militar, guardias privadas (milicias) y sicarios contratados por los propietarios rurales.
Entre 2000 y 2012, más de 200 líderes campesinos, indígenas y quilombolas fueron asesinados, especialmente en los estados de Pará, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso y Bahia.
Muchos de estos crímenes siguen sin castigo, y varios sucedieron en medio de protestas o como represalia por ocupaciones de tierras. Además, cientos de campesinos han sido heridos, amenazados o encarcelados sin justificación, y se han reportado desalojos forzosos sin orden judicial, a menudo llevados a cabo con una violencia extrema.
En las ciudades, el MTST ha estado a la cabeza de protestas y ocupaciones de terrenos urbanos que han sido abandonados, todo con el objetivo de exigir vivienda popular, especialmente en lugares como São Paulo, Río de Janeiro y Recife. La reacción del Estado ha sido bastante predecible: desalojos violentos, represión de manifestaciones pacíficas y la criminalización de los líderes sociales. En varias ocasiones, la policía ha recurrido al uso de gases lacrimógenos, balas de goma y fuerza física contra mujeres, niños y ancianos en las comunidades ocupadas.
Las protestas, tanto en áreas rurales como urbanas, revelaron la profunda desigualdad territorial y el histórico déficit en la política de tierras y vivienda en Brasil. Además, pusieron de manifiesto un patrón sistemático de represión estatal y violencia estructural, dejando a cientos de víctimas y con pocas respuestas por parte de las instituciones.
Jornadas de Junio – Protestas masivas urbanas
Años
(2013)
En junio de 2013, Brasil experimentó una de las mayores oleadas de movilización urbana en su historia reciente, conocidas como las “Jornadas de Junio”. Lo que comenzó como una protesta local contra el aumento de las tarifas del transporte público en São Paulo, impulsada por el movimiento estudiantil Passe Livre, rápidamente se transformó en un movimiento nacional de indignación que reunió a millones de personas en más de 100 ciudades del país. Estas protestas reflejaron un descontento generalizado con la corrupción política, el gasto excesivo en obras para el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, así como la precariedad de los servicios públicos, como la salud, la educación y el transporte. Además, se cuestionaron la violencia policial, la impunidad y el modelo de desarrollo urbano excluyente. Aunque inicialmente lideradas por jóvenes estudiantes, las movilizaciones se volvieron diversas e incluyeron sindicatos, grupos de izquierda, movimientos por la vivienda y sectores conservadores, lo que complicó sus demandas.
A medida que las protestas aumentaban en tamaño, la respuesta del gobierno se volvió cada vez más dura. En varias ciudades sobre todo en São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Porto Alegre las fuerzas policiales emplearon balas de goma, gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y realizaron detenciones masivas para dispersar a los manifestantes. También hubo agresiones a periodistas, médicos voluntarios y transeúntes.
Uno de los momentos más impactantes de esta represión fue la pérdida del ojo de la fotógrafa Giuliana Vallone, quien fue alcanzada por una bala de goma disparada por la policía en São Paulo.
Se estima que, durante las Jornadas de Junio, más de 2,600 personas fueron detenidas. Al menos 8 de ellas sufrieron graves traumas oculares a causa de balas de goma, y decenas de periodistas fueron golpeados o arrestados de manera arbitraria mientras cubrían las protestas. Además, se documentaron cientos de heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. A pesar de la violencia estatal, las protestas generaron reacciones inmediatas: varias ciudades decidieron revocar el aumento en las tarifas, y el gobierno federal prometió implementar una serie de reformas políticas, aunque muchas de ellas no llegaron a concretarse.
Las Jornadas de Junio fueron un verdadero punto de inflexión en la política brasileña actual. Pusieron de manifiesto el desgaste del sistema institucional, el poder de la movilización digital y el inicio de un nuevo ciclo de polarización y criminalización de la protesta, un fenómeno que seguiría desarrollándose en los años posteriores.
Protestas por corrupción y proceso de impeachment de Dilma Rousseff
Años
(2015–2016)
Entre 2015 y 2016, Brasil vivió una intensa crisis política y social que provocó enormes protestas en torno al escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato” y el polémico proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Este periodo estuvo marcado por una fuerte polarización ideológica, el surgimiento de nuevas formas de movilización ciudadana y un aumento de la represión selectiva por parte del Estado en ciertas manifestaciones.
Las protestas se organizaron en dos grandes grupos. Por un lado, millones de personas salieron a las calles, convocadas por movimientos como Vem Pra Rua y Movimiento Brasil Livre (MBL), pidiendo la renuncia de Dilma, el fin de la corrupción y el encarcelamiento de líderes del Partido de los Trabajadores (PT). Estas marchas, que recibieron una amplia cobertura de los medios de comunicación y se llevaron a cabo en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, contaron con cierta tolerancia por parte de las autoridades y se realizaron con una intervención policial mínima.
Por otro lado, se llevaron a cabo protestas en defensa de la democracia y en contra de lo que muchos consideraban un golpe parlamentario. Estas manifestaciones fueron impulsadas por sindicatos, movimientos sociales como el MTST y partidos de izquierda. Sin embargo, la respuesta del estado fue mucho más represiva: se utilizaron balas de goma, gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y se realizaron despliegues intimidatorios en universidades y espacios públicos. En São Paulo y Curitiba, se registraron enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías, así como múltiples denuncias por el uso excesivo de la fuerza.
Durante este tiempo, se calcula que más de 400 personas fueron detenidas en el marco de las protestas, con decenas de heridos a causa de la acción policial, y varios casos de criminalización de activistas a través de procesos judiciales y medidas cautelares. También se registraron actos de censura hacia artistas y comunicadores, así como la aplicación ambigua de leyes antiterroristas contra quienes protestan.
Huelga general y protesta contra reformas laborales
Años
(2017)
En 2017, Brasil experimentó una de sus movilizaciones laborales más significativas desde el final de la dictadura, como respuesta al paquete de reformas laborales y de seguridad social que impulsó el gobierno de Michel Temer. Estas medidas, presentadas bajo la premisa de “modernizar” el mercado laboral, fueron rechazadas de manera contundente por sindicatos, movimientos sociales y trabajadores de diversos sectores, quienes denunciaron una pérdida masiva de derechos laborales históricos y un debilitamiento de la justicia laboral.
El momento más destacado de esta movilización fue la huelga general del 28 de abril de 2017, que fue convocada por todas las principales centrales sindicales del país, como la CUT, CTB, Força Sindical y UGT, entre otras. Esta fue la primera paralización nacional unificada en más de veinte años y tuvo un gran impacto en más de 200 ciudades de Brasil, afectando el transporte público, los bancos, las escuelas, las industrias y los servicios.
La jornada estuvo llena de marchas, bloqueos en las carreteras, parálisis de servicios públicos y ocupaciones simbólicas, tanto en áreas urbanas como rurales. En ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte y Brasília, decenas de miles de personas se movilizaron de manera pacífica, aunque también hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La represión fue especialmente dura en la capital federal y en São Paulo, donde la Policía Militar recurrió a cañones de agua, bombas de gas lacrimógeno, balas de goma y cargas físicas para dispersar a los manifestantes.
El saldo represivo de la jornada dejó más de 100 heridos en todo el país y al menos 49 detenidos. También se han reportado denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza, disparos a corta distancia y ataques dirigidos a periodistas y observadores de derechos humanos. Varias organizaciones, como Justiça Global, Artigo 19 y la Defensoría Pública, han documentado violaciones al derecho de protesta y han alertado sobre una creciente criminalización de los movimientos sindicales y sociales.
A pesar de que la huelga no logró frenar la aprobación de la reforma laboral que se sancionó en julio de 2017, sí puso de manifiesto un fuerte descontento popular y marcó el comienzo de un nuevo ciclo de resistencia en el movimiento obrero brasileño. Además, estableció un patrón de respuesta del estado que se basaba en la represión preventiva y violenta de las protestas, un enfoque que se repetiría en los años siguientes con gobiernos cada vez más autoritarios.
Luchas indígenas, quilombolas y ambientalistas
Años
(2018–2020)
Entre 2018 y 2020, Brasil vivió un aumento notable en las movilizaciones de comunidades indígenas, quilombolas y ambientalistas. Esto fue una respuesta a las políticas del gobierno que debilitaban la protección de los territorios ancestrales, impulsaban el agronegocio y relajaban las leyes ambientales, especialmente durante la administración de Jair Bolsonaro. Este periodo se caracterizó por un ataque intenso a los derechos colectivos de los pueblos originarios y tradicionales, así como por un incremento de la violencia tanto estatal como paraestatal.
Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019, se implementaron medidas que detuvieron las demarcaciones de tierras indígenas y quilombolas. Además, se intentó transferir funciones de la FUNAI al Ministerio de Agricultura, y se fomentó la expansión de la minería ilegal, la deforestación y el agronegocio en territorios protegidos. Esto provocó una serie de protestas en Brasilia, São Paulo y en la Amazonía. Los pueblos indígenas, a través de organizaciones como la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organizaron marchas nacionales como el “Acampamento Terra Livre”, exigiendo que se respeten sus derechos territoriales y que se detengan las invasiones.
Las comunidades quilombolas, que son descendientes de pueblos afrobrasileños que fueron esclavizados, también han alzado la voz ante el abandono por parte de las instituciones, la violencia policial y los retrocesos en las políticas de titulación colectiva de tierras. Esto es especialmente evidente en estados como Maranhão, Bahia, Pará y Goiás.
Al mismo tiempo, organizaciones ambientales como Greenpeace Brasil, el Instituto Socioambiental (ISA) y activistas independientes alzaron la voz contra la rápida destrucción de la Amazonía, las amenazas a quienes defienden el medio ambiente y el debilitamiento de IBAMA y ICMBio, las entidades encargadas de la supervisión ambiental. Las protestas se intensificaron durante la crisis de incendios en la Amazonía en 2019, que captó la atención del mundo y provocó manifestaciones frente a embajadas, universidades y oficinas gubernamentales en diversas capitales.
La respuesta del Estado brasileño fue claramente represiva y, al mismo tiempo, permisiva con los grupos armados. Se documentaron amenazas, asesinatos, criminalización judicial y violencia física contra líderes indígenas y ambientalistas. Según el Conselho Indigenista Missionário (CIMI), en 2019 se reportaron 113 indígenas asesinados, además de dos masacres comunitarias, decenas de invasiones territoriales y ataques armados. Igualmente, activistas afrodescendientes y quilombolas denunciaron persecuciones y desalojos forzados, todo bajo la justificación de “regularización fundiaria”.
La impunidad ha sido una constante: la mayoría de los crímenes cometidos contra defensores del medio ambiente no se investigaron de manera adecuada, y en muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron involucradas o se hicieron cómplices. Este periodo consolidó una política estatal que niega los derechos colectivos, promueve el extractivismo y criminaliza la defensa del medio ambiente y de los pueblos originarios, lo que ha agudizado una crisis de derechos humanos en las zonas rurales y amazónicas.
Protestas por la gestión de la pandemia y BLM
Años
(2020–2021)
Entre 2020 y 2021, Brasil vivió un sinfín de protestas sociales impulsadas por dos grandes temas: la crítica a la forma en que el gobierno de Jair Bolsonaro manejó la pandemia de COVID-19, y la lucha contra el racismo y la violencia policial, que se vio potenciada por el auge global del movimiento Black Lives Matter (BLM). Estos dos frentes de movilización se entrelazaron en múltiples ocasiones, uniendo voces que clamaban por el derecho a la salud, la justicia racial y el fin de la impunidad policial, especialmente en las periferias urbanas y en las comunidades afrodescendientes.
Durante la pandemia, diferentes sectores de la sociedad, como colectivos de salud, sindicatos, estudiantes y movimientos populares, se alzaron en protesta contra la minimización de la gravedad del virus por parte del gobierno. También se manifestaron en contra del desmantelamiento del sistema de salud pública (SUS), la escasez de vacunas y oxígeno en regiones amazónicas como Manaus, y la falta de acción del Estado para implementar medidas de apoyo social efectivas. A pesar del riesgo para la salud, se llevaron a cabo caravanas, cacerolazos, marchas más pequeñas y manifestaciones simbólicas, muchas de las cuales fueron reprimidas violentamente por la Policía Militar bajo el pretexto de “cumplir con las medidas sanitarias”. A la par, las protestas contra la violencia racista del Estado se intensificaron, impulsadas por casos emblemáticos de asesinatos de personas negras a manos de agentes de seguridad. Uno de los incidentes más impactantes fue el asesinato de João Alberto Freitas, un hombre afrodescendiente que fue golpeado hasta la muerte por guardias de seguridad en un supermercado Carrefour en Porto Alegre, en noviembre de 2020.
Este trágico suceso desató manifestaciones en todo el país, con lemas como “Vidas Negras Importam” (Vidas Negras Importan), y marchas en ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Recife y Salvador.
Las fuerzas de seguridad respondieron con una represión violenta, incluso en manifestaciones pacíficas, sobre todo cuando estas ocurrían en las zonas periféricas de las ciudades. Se registraron detenciones arbitrarias, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, balas de goma, así como violencia verbal y física. En Río de Janeiro, durante las operaciones policiales en comunidades durante la pandemia, se denunciaron decenas de ejecuciones extrajudiciales, muchas de las cuales sucedieron sin que hubiera confrontaciones armadas, afectando de manera grave a la población negra y de bajos recursos. El caso del operativo en Jacarezinho en mayo de 2021, donde 28 personas fueron asesinadas en una sola acción policial, se convirtió en uno de los ejemplos más impactantes de la militarización de la seguridad pública.
Organizaciones como Justiça Global, Human Rights Watch, Artigo 19 y el Instituto Marielle Franco han denunciado un patrón de represión selectiva, racismo estructural y el uso político de las fuerzas del orden. Además, la fiscalía general del Estado ha sido criticada por no llevar a cabo investigaciones serias sobre los abusos. A pesar de la crisis sanitaria, la movilización no se detuvo; más bien, se transformó, dando lugar a nuevas formas de protesta y fortaleciendo un ciclo de resistencia contra un modelo autoritario, racista y negligente del poder público.
Elecciones, bolsonarismo y ataques a la democracia
Años
(2022–2023)
Entre 2022 y 2023, Brasil vivió una de sus etapas más complicadas en cuanto a polarización política, tensiones institucionales y amenazas a la democracia. Todo esto estuvo marcado por la intensa disputa electoral entre el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, así como por un aumento de acciones golpistas y represivas por parte de sectores bolsonaristas. Durante la campaña presidencial de 2022, el clima político se volvió muy conflictivo, con discursos de odio, desinformación, y amenazas dirigidas a periodistas y defensores de derechos humanos. Además, se observó una creciente militarización de la política, impulsada desde el propio gobierno. Bolsonaro hizo constantes declaraciones que ponían en duda el sistema electoral, insinuando fraude y movilizando a sus seguidores para “defender la libertad” en caso de perder las elecciones.
Después de que Lula da Silva ganó las elecciones en segunda vuelta el 30 de octubre de 2022, con un 50,9% de los votos, algunos grupos bolsonaristas se negaron a aceptar los resultados. A partir de ahí, comenzaron a establecer campamentos frente a los cuarteles militares, bloquear carreteras en todo el país y atacar edificios públicos, clamando por una “intervención federal” y rechazando lo que consideraban una “victoria del comunismo”. Aunque la mayoría de estas protestas fueron pacíficas, algunas se tornaron violentas, con ataques a periodistas y actos de vandalismo. El episodio más grave tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio del Planalto en Brasilia, en una acción coordinada que se difundió ampliamente en las redes sociales.
Durante horas, las fuerzas de seguridad no lograron contener la insurrección, y surgieron denuncias de complicidad entre algunos sectores militares y policiales con los atacantes.
Posteriormente, el gobierno federal decretó una intervención en la seguridad de Brasilia, y más de 1.500 personas fueron detenidas, muchas en condiciones irregulares y en campamentos improvisados.
Al mismo tiempo, las protestas antifascistas y en defensa de la democracia organizadas por sindicatos, movimientos sociales, comunidades religiosas y partidos progresistas también enfrentaron una dura represión en varias ciudades, con un uso desmedido de la fuerza policial. Esto incluyó detenciones preventivas, censura de pancartas y persecuciones judiciales. Durante este tiempo, se registraron más de 2.000 detenciones relacionadas con actos golpistas o protestas antifascistas, al menos 30 personas resultaron heridas en manifestaciones reprimidas, y hubo amenazas y ataques a periodistas que estaban cubriendo los eventos. Además, se documentaron casos en los que las fuerzas de seguridad hicieron la vista gorda ante actos de violencia.
El intento de golpe del 8 de enero fue rechazado tanto a nivel nacional como internacional, considerándose un ataque directo a las instituciones democráticas de Brasil. Esto llevó a que se iniciaran investigaciones judiciales contra militares, políticos, empresarios y el propio expresidente Bolsonaro, quien fue inhabilitado políticamente en 2023 debido a su comportamiento antidemocrático. Estos acontecimientos han reforzado un patrón de erosión democrática, militarización de la política y criminalización selectiva de la disidencia, dejando una huella profunda en la historia reciente del país.