Bolivia

La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, que tuvo lugar entre enero y abril del año 2000, se convirtió en una de las movilizaciones más significativas en la historia reciente del país y marcó un antes y un después en la lucha popular contra las políticas neoliberales impuestas por organismos internacionales y gobiernos aliados. El conflicto comenzó tras la privatización del sistema de agua potable de Cochabamba, a través de un contrato con el consorcio internacional Aguas del Tunari, encabezado por la transnacional Bechtel. Esta concesión, aprobada por el gobierno del entonces presidente Hugo Banzer, resultó en aumentos drásticos en las tarifas del agua, lo que llevó a muchas familias a destinar hasta el 20% de sus ingresos solo para poder acceder a este recurso vital. La respuesta de la gente fue casi instantánea. Diferentes grupos sociales campesinos, trabajadores, estudiantes, vecinos de áreas urbanas e indígenas se unieron bajo la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, liderada por Oscar Olivera. Así, comenzaron una serie de protestas, marchas y bloqueos. Las movilizaciones crecieron tanto que lograron paralizar por completo la ciudad de Cochabamba en abril de 2000, lo que provocó una violenta represión por parte de las fuerzas policiales y militares.

Durante los enfrentamientos, la represión estatal dejó a cientos de personas heridas por balas, golpes y gases lacrimógenos, además de decenas de detenidos de manera arbitraria. El episodio más trágico tuvo lugar el 8 de abril de 2000, cuando un francotirador militar abrió fuego contra una manifestación, acabando con la vida del estudiante de secundaria Víctor Hugo Daza, que solo tenía 17 años. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha popular y de la brutalidad del estado, lo que intensificó la presión sobre el gobierno hasta que finalmente se canceló el contrato y la empresa fue expulsada del país.

La Guerra del Agua no solo representó una victoria del pueblo en su lucha contra la privatización de un derecho esencial, sino que también puso de relieve la criminalización de la protesta social y el uso sistemático de la fuerza letal por parte del Estado para silenciar demandas legítimas.

La Guerra del Gas, que tuvo lugar en septiembre y octubre de 2003, se convirtió en uno de los episodios más sangrientos y decisivos en la historia reciente de Bolivia. Este conflicto surgió debido a la decisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos, sin consultar a la población ni asegurar beneficios concretos para el país. Esta acción provocó una gran indignación en varios sectores sociales, especialmente en el Altiplano, donde las comunidades indígenas aymaras y diversas organizaciones sociales comenzaron a movilizarse con la consigna de que “el gas es del pueblo”.

Las protestas comenzaron en El Alto y rápidamente se propagaron a La Paz y otras partes del país. Incluyeron bloqueos de carreteras, huelgas, marchas masivas y una paralización total del transporte y las actividades productivas. Los manifestantes no solo pedían la anulación del proyecto gasífero, sino también una nueva política de nacionalización de los recursos naturales y la renuncia del presidente.

La reacción del Estado fue increíblemente violenta. El gobierno decidió militarizar las ciudades y utilizar fuerzas combinadas del ejército y la policía para despejar caminos y reprimir a la población que se había movilizado. Durante los días más críticos, especialmente entre el 12 y el 17 de octubre, se registraron masacres en los barrios populares de El Alto, donde tanques, helicópteros y francotiradores fueron enviados contra civiles desarmados.

Como resultado, al menos 67 personas perdieron la vida muchas de ellas mujeres, niños y ancianos y más de 400 resultaron heridas, la mayoría a causa de armas de fuego. Estas cifras han sido confirmadas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia. La indignación social finalmente llevó a la renuncia y huida de Sánchez de Lozada hacia Estados Unidos el 17 de octubre de 2003, acompañado de su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

Las víctimas de esta represión se unieron al movimiento por la justicia y la memoria histórica, con familiares organizándose para exigir reparación y justicia para los responsables. Aunque en Bolivia varios de los implicados han sido juzgados en ausencia, Sánchez de Lozada sigue viviendo en EE. UU., donde enfrenta procesos civiles impulsados por los familiares de las víctimas.

La Guerra del Gas marcó un punto de inflexión en la demanda nacional por la recuperación de nuestros recursos naturales y fue el catalizador del proceso político que, años más tarde, conduciría a la elección de Evo Morales y a la refundación del Estado Plurinacional.

Entre 2006 y 2010, Bolivia vivió un periodo de intensas movilizaciones políticas y sociales, todo en torno a la creación y aprobación de una nueva Constitución. Este proceso fue liderado por Evo Morales Ayma, quien se convirtió en el primer presidente indígena en la historia del país. Estas movilizaciones fueron una respuesta a una demanda histórica de los movimientos sociales, campesinos e indígenas, que buscaban un Estado más inclusivo, soberano y descolonizador, que reconociera la plurinacionalidad, la autonomía de los pueblos originarios y el control estatal sobre los recursos naturales.

Después de que Morales ganó las elecciones en 2005, se convocó a la Asamblea Constituyente, que se reunió en Sucre en agosto de 2006. Desde ese momento, se produjo una intensa polarización entre los grupos que respaldaban el nuevo proyecto de Estado como organizaciones campesinas, mineros, movimientos indígenas, sindicatos y sectores populares y aquellos que se oponían, especialmente en los departamentos del este y sur del país (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), donde las élites cívico-empresariales promovían un modelo de autonomía regional.

Durante este tiempo, se llevaron a cabo movilizaciones masivas en todo el país, tanto a favor como en contra del proyecto de la nueva constitución. En Sucre, entre 2007 y 2008, se vivieron episodios de violencia cuando grupos opositores intentaron bloquear las sesiones de la Asamblea. Esto resultó en enfrentamientos entre civiles, ataques a comunidades indígenas y una dura represión policial que dejó a decenas de personas heridas. En varias marchas, individuos de origen indígena fueron agredidos, desnudados públicamente y humillados, situaciones que han sido ampliamente documentadas por la Defensoría del Pueblo.

A pesar de las tensiones, las organizaciones sociales llevaron a cabo marchas en apoyo a la nueva Constitución, como la emblemática marcha indígena que se realizó desde Caracollo hasta La Paz en 2007, y la gran movilización por el referéndum constitucional en 2009, que fue aprobado por el 61% del electorado. La nueva Constitución, promulgada en 2009, declaró a Bolivia como un Estado Plurinacional, reconociendo 36 naciones indígenas, introduciendo derechos colectivos, el reconocimiento de la justicia comunitaria y el control estatal sobre sectores estratégicos como hidrocarburos, agua y energía.

Durante este tiempo, aunque la represión estatal no fue tan sistemática, sí se dieron casos aislados de uso excesivo de la fuerza en lugares como Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. También hubo persecuciones judiciales contra líderes opositores y restricciones al derecho de protesta en áreas controladas por sectores que se oponen al gobierno.

Este ciclo de movilización y confrontación transformó la estructura del Estado boliviano y estableció un nuevo pacto social. Sin embargo, también intensificó la fragmentación territorial y el conflicto intercultural, cuyas repercusiones aún se sienten en la actualidad.

En 2011, Bolivia fue testigo de una de las movilizaciones indígenas más importantes de su historia reciente: la Marcha por la Defensa del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure). Esta protesta nació como respuesta al plan del gobierno de Evo Morales de construir una carretera que atravesaría el corazón de esta reserva ecológica y cultural, sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios que habitan la región, lo que violaba lo que establece la propia Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

El TIPNIS, que se encuentra entre los departamentos de Beni y Cochabamba, es el hogar de diversas comunidades indígenas, como los mojeño-trinitarios, yuracarés y chimanes. Estas comunidades se han declarado en resistencia ante lo que consideran una amenaza directa a su territorio, su estilo de vida y al ecosistema amazónico. La marcha fue organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), con el apoyo de otras organizaciones como la CONAMAQ y activistas ambientales.

El 15 de agosto de 2011, un grupo de cientos de indígenas comenzó una caminata desde Trinidad, en Beni, hacia La Paz, recorriendo más de 600 kilómetros en casi 60 días. Esta acción pacífica logró despertar un gran apoyo social. Sin embargo, el conflicto llegó a su punto más álgido el 25 de septiembre de 2011, cuando en Chaparina, un pueblo del departamento del Beni, la policía llevó a cabo un violento operativo de represión contra los marchistas.

Durante la intervención, los agentes de la Policía Nacional golpearon, maniataron y amordazaron a manifestantes, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Se usaron gases lacrimógenos en medio de la selva, y decenas de personas fueron detenidas sin una orden judicial. Este suceso fue condenado tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en un escándalo político para el gobierno de Morales, quien recibió duras críticas por ir en contra de su propio discurso indígena y ambientalista.

Como resultado de la presión de la gente y los medios, el gobierno aprobó la Ley 180 de Protección del TIPNIS, que declaraba el territorio como “intangible” y prohibía la construcción de la carretera. Sin embargo, este conflicto dejó cicatrices profundas entre las organizaciones sociales y el Estado, marcando un punto de quiebre simbólico entre el movimiento indígena del oriente boliviano y el gobierno del MAS.

El caso de Chaparina sigue siendo un tema candente, con víctimas y organizaciones de derechos humanos clamando por justicia y memoria. Ellos denuncian la impunidad de quienes llevaron a cabo el operativo, así como la persecución y estigmatización que enfrentan los líderes de la marcha.