Australia

Entre 2000 y 2001, Australia fue el escenario de importantes protestas contra la globalización, especialmente en ciudades como Melbourne y Sídney, coincidiendo con reuniones del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) y el Foro de Negocios del G20. Estas manifestaciones, inspiradas por el movimiento antiglobalización que cobró fuerza tras las protestas de Seattle en 1999, reunieron a miles de activistas, sindicalistas, estudiantes y organizaciones sociales que alzaron la voz contra los efectos perjudiciales de las políticas neoliberales, la liberalización del comercio y el poder desmedido de las corporaciones transnacionales sobre los derechos laborales y ambientales. La reacción de las autoridades australianas fue contundente. En particular, durante las protestas de septiembre de 2000 en Melbourne, conocidas como S11 por la fecha del 11 de septiembre, la policía utilizó tácticas de contención como el “kettling”, además de bastones, caballería montada y arrestos masivos

Varios informes señalaron que manifestantes pacíficos, así como observadores legales y periodistas, fueron golpeados, arrastrados y detenidos sin ninguna provocación. Se registraron al menos 100 personas con heridas leves a moderadas durante los enfrentamientos, y más de 300 fueron arrestadas. Las imágenes de la violencia policial se difundieron ampliamente, generando una gran preocupación por la criminalización del derecho a protestar en una democracia consolidada.

Estas protestas fueron un punto de inflexión en la política de seguridad pública en Australia, dando paso a un enfoque más restrictivo y represivo en la gestión de la disidencia social, especialmente en un contexto de economía internacional, un modelo que se replicaría en futuras movilizaciones.

Durante la década que abarcó desde 2002 hasta 2010, Australia fue escenario de numerosas marchas y protestas que se centraron en la lucha por los derechos de los pueblos aborígenes y los refugiados, dos grupos que han sido históricamente marginados por las políticas del estado. En el caso de los pueblos originarios, las movilizaciones se intensificaron en torno al “Sorry Day”, una conmemoración que busca un reconocimiento oficial del daño causado por la política de asimilación forzada, que separó a miles de niños aborígenes de sus familias, conocidas como las “Generaciones Robadas”. Las marchas no solo pedían una disculpa formal del gobierno, que finalmente fue ofrecida en 2008 por el entonces primer ministro Kevin Rudd, sino que también exigían acciones concretas en áreas como educación, salud, representación política y justicia. Al mismo tiempo, las protestas contra la política de detención obligatoria de solicitantes de asilo se multiplicaron, especialmente después de que se establecieron centros de detención en lugares remotos y en terceros países como Nauru y Manus Island.

Estas manifestaciones fueron lideradas por activistas, comunidades religiosas, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaban las condiciones inhumanas, los abusos y las muertes que ocurrían dentro de estos centros.

A pesar de que muchas de estas movilizaciones fueron pacíficas, hubo momentos en los que se vivieron episodios de represión estatal, especialmente en manifestaciones cerca de los centros de detención o frente a sedes gubernamentales. Se registraron detenciones arbitrarias, el uso de caballería montada y empujones violentos contra los manifestantes, incluyendo a periodistas y defensores de derechos humanos. Algunos informes también mencionaron heridas leves y una vigilancia sistemática sobre los líderes de estas protestas. Por otro lado, las comunidades indígenas siguieron siendo víctimas de discriminación institucional y muertes bajo custodia, lo que llevó a marchas espontáneas y vigilias en varias ciudades australianas.

Estos movimientos pusieron de manifiesto una creciente tensión entre la defensa de los derechos humanos y el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad interna. Esto ha generado un debate nacional sobre el racismo estructural y la legitimidad de las medidas punitivas que ha adoptado el Estado.

Entre 2011 y 2014, Australia se unió al movimiento global Occupy, que fue inspirado por las protestas de Occupy Wall Street en Estados Unidos. Este movimiento nació como una respuesta crítica al sistema financiero internacional, la creciente desigualdad económica y la falta de representación democrática. En ciudades como Melbourne, Sídney, Brisbane y Perth, se montaron campamentos en espacios públicos como City Square en Melbourne y Martin Place en Sídney donde los manifestantes llevaban a cabo asambleas, talleres y acciones simbólicas para denunciar el poder desmedido del 1% más rico y las injusticias del sistema capitalista.

A pesar de que las manifestaciones en Australia fueron en su mayoría pacíficas, las autoridades locales optaron por una respuesta de tolerancia muy limitada, citando preocupaciones sobre el orden público, la higiene y el uso indebido del espacio público. En octubre de 2011, la policía de Victoria desalojo de manera violenta el campamento de Occupy Melbourne, utilizando bastones, gas pimienta y caballos contra los manifestantes. Esto resultó en al menos 95 detenciones y decenas de heridos, incluidos periodistas y observadores legales.

Videos que circularon en medios y redes sociales mostraron escenas de uso excesivo de la fuerza, empujones a mujeres y detenciones que parecían no tener justificación.

La represión recibió críticas contundentes por parte de organizaciones de derechos humanos y del Consejo Legal de Victoria, que subrayaron que se habían violado los derechos a la protesta y a la libertad de expresión. En respuesta, varios manifestantes decidieron presentar demandas legales contra la ciudad y la policía, y algunas de estas acciones resultaron en acuerdos extrajudiciales.

El caso del Movimiento Occupy en Australia puso de manifiesto una creciente intolerancia institucional hacia las ocupaciones prolongadas en el espacio público. Además, sentó un precedente en cuanto a la vigilancia y la criminalización de la protesta social en los años que siguieron.

Entre 2015 y 2019, Australia vivió un aumento notable en las protestas ambientales, motivadas principalmente por la crisis climática, los incendios forestales que se repetían y la falta de acción del gobierno ante la dependencia del país del carbón y otros combustibles fósiles. Grupos como School Strike 4 Climate, liderados por estudiantes, junto con movimientos como Extinction Rebellion y Stop Adani, organizaron grandes manifestaciones en ciudades como Sídney, Melbourne, Brisbane y Adelaide.

Las protestas estudiantiles, impulsadas por la activista Greta Thunberg, congregaron a decenas de miles de jóvenes que pedían al gobierno australiano una transición energética urgente, políticas para reducir las emisiones y una mayor inversión en energías renovables. El 20 de septiembre de 2019, más de 300,000 personas se unieron a la Global Climate Strike, que se considera una de las movilizaciones ambientales más grandes en la historia del país. Aunque la mayoría de estas marchas fueron pacíficas y bien organizadas, no estuvieron libres de tensiones con las autoridades. El gobierno y ciertos sectores conservadores intentaron desacreditar el activismo estudiantil, y en varias ocasiones se amenazó a los docentes con sanciones por permitir que los estudiantes participaran.

Además, en protestas más disruptivas como los bloqueos organizados por Extinction Rebellion en calles principales o frente a bancos e infraestructuras mineras se reportaron arrestos masivos y se aplicaron leyes de orden público para disolver las concentraciones.

Entre 2018 y 2019, se registraron más de 700 arrestos durante las protestas ambientales en todo el país. Aunque no hubo reportes de muertes ni de heridos graves, sí se hicieron acusaciones sobre represión selectiva, detenciones arbitrarias y vigilancia policial hacia activistas que participan de manera recurrente. Además, gobiernos estatales como el de Queensland impulsaron leyes más severas contra las protestas que “interfieran con infraestructuras críticas”, lo que fue denunciado como una forma de criminalizar indirectamente el derecho a protestar por el medio ambiente.

Este periodo mostró una notable movilización de la ciudadanía frente al cambio climático, pero también marcó el inicio de una respuesta institucional más rígida hacia el activismo climático, en un país que sigue siendo uno de los principales exportadores de carbón a nivel mundial.