Diseño, Uso y Omisión

Las armas químicas y bioquímicas, dentro del repertorio de tecnologías llamadas “menos letales”, constituyen una categoría particularmente alarmante debido a su capacidad de afectar directamente el organismo humano a través de la inhalación, el contacto dérmico o la absorción sistémica. Si bien existen tratados internacionales como la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) que prohíben su uso en conflictos armados, muchas de estas sustancias son utilizadas cotidianamente por fuerzas policiales en contextos de control de multitudes bajo el eufemismo de “agentes antidisturbios”. Gases lacrimógenos, agentes irritantes, compuestos incapacitantes y tecnologías emergentes con efectos bioquímicos son usados para reprimir sin disparar, para castigar sin sangre. Pero sus efectos reales demuestran que están lejos de ser inocuos: provocan dolor, alteran la biología, y vulneran gravemente los derechos humanos más básicos. Desde su diseño técnico, estos dispositivos están hechos para dispersar sustancias químicas como clorobenzilideno malononitrilo (CS), cloroacetofenona (CN), oleorresina de capsicum (OC o gas pimienta), compuestos mixtos irritantes e incluso agentes biológicos modificados— mediante aerosoles, granadas, cartuchos lanzados, aspersores o rociadores manuales. Aunque se promocionan como “no letales”, su toxicidad depende de factores extremadamente variables: la concentración del agente, la duración de la exposición, las condiciones ambientales y las características de la persona expuesta.

En espacios abiertos pueden dispersarse rápidamente, pero en espacios cerrados, túneles, estaciones de metro, vehículos o viviendas, pueden alcanzar concentraciones letales o causar asfixia, quemaduras químicas, intoxicaciones graves, abortos espontáneos y daños neurológicos. Algunos estudios médicos han reportado casos de edema pulmonar, crisis respiratorias agudas, convulsiones, e incluso muertes por inhalación prolongada, sobre todo en personas asmáticas, ancianas o menores de edad. En cuanto al uso operativo, las armas químicas y bioquímicas han sido utilizadas de forma sistemática y abusiva en contextos de protesta social en países como Chile, Colombia, Egipto, Venezuela, Sudán, Irán, Francia y Estados Unidos. Se han documentado casos donde las fuerzas policiales dispararon granadas de gas directamente al cuerpo o al rostro de manifestantes, provocando lesiones graves o incluso la muerte. Otras veces, los químicos han sido empleados para contaminar espacios de vivienda o refugio, generando una atmósfera tóxica que obliga al desplazamiento forzado. En cárceles, cuarteles y estaciones de policía, el gas pimienta ha sido utilizado como herramienta de tortura y castigo colectivo, aplicándose sobre personas ya esposadas o inmovilizadas. Además, se han reportado mezclas experimentales de químicos con efectos intensificados, cuya composición ni siquiera está regulada o documentada públicamente. Estos actos reafirman el carácter punitivo y no meramente disuasivo del uso químico represivo.

La omisión institucional en esta materia es especialmente preocupante. A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, la mayoría de los Estados no cuentan con protocolos claros sobre la concentración máxima de los agentes químicos, la cantidad permitida por operativo, la obligación de asistencia médica inmediata, ni la trazabilidad de las municiones utilizadas. Muchos de estos productos son importados sin regulación sanitaria, comprados a empresas privadas que se escudan en la confidencialidad comercial para no revelar su composición. Tampoco existe, en la mayoría de los países, un registro oficial de personas lesionadas por exposición química ni un sistema de seguimiento toxicológico a mediano o largo plazo. Esta negligencia estructural, que oculta los efectos reales bajo la narrativa de control legítimo, constituye una forma de violencia institucional por omisión y de encubrimiento de tecnologías de daño. Este panorama refuerza el concepto de falsa menor letalidad: los gases y agentes químicos no disparan, no cortan, no explotan, pero pueden matar silenciosamente, enfermar progresivamente y dejar secuelas duraderas. Su uso permite al Estado ejercer una violencia profundamente invasiva sobre los cuerpos sin enfrentar el escándalo social que provocaría el uso de munición letal. La toxicidad se esparce, penetra los pulmones, quema las mucosas y deja un rastro invisible en los tejidos, en los nervios y en la memoria de quienes lo padecen. Los efectos no siempre son inmediatos, lo que dificulta su denuncia y su reparación.

El uso de estas sustancias representa un tipo de represión ambiental, molecular, dirigida al cuerpo desde adentro. En el caso de los agentes bioquímicos emergentes como compuestos hormonales, neuromoduladores, feromonas sintéticas o inhibidores en investigación el riesgo es aún mayor. Aunque muchos aún no han sido declarados oficialmente como armas, existen proyectos militares y policiales que buscan desarrollar tecnologías de control mediante alteraciones químicas o endocrinas, lo que plantea preguntas éticas graves sobre el futuro de la represión sin contacto y la manipulación del cuerpo como campo de batalla. En conclusión, las armas químicas y bioquímicas no son solo herramientas de dispersión: son tecnologías de castigo, control y silenciamiento, que utilizan el cuerpo humano como blanco biológico de intervención. Su uso sin regulación rigurosa constituye una amenaza directa a la vida, a la salud y a la dignidad. Por ello, es urgente prohibir su empleo en espacios cerrados, limitar su concentración, garantizar atención médica inmediata, registrar cada uso y rendir cuentas ante instancias de derechos humanos. Porque cuando el aire se convierte en arma, respirar ya no es un derecho, sino una amenaza.