Diseño, Uso y Omisión

Las llamadas armas ópticas entre ellas los láseres cegadores, los sistemas de perturbación visual de alta potencia y los dispositivos de interferencia óptica temporal representan una categoría emergente dentro del arsenal de tecnologías menos letales. A diferencia de las armas lumínicas estroboscópicas, que funcionan mediante pulsos de luz intermitente, las ópticas emplean haces concentrados y direccionales de energía lumínica (generalmente láser) con la finalidad de interferir la visión del objetivo, cegar momentáneamente o incluso causar daños oculares irreversibles. Su carácter silencioso, sin contacto físico, y aparentemente sofisticado, las convierte en instrumentos ideales para ejercer control y disuasión sin que el uso de la fuerza resulte evidente para la opinión pública. Sin embargo, esa misma invisibilidad convierte su uso en un grave riesgo para los derechos humanos. Desde el punto de vista del diseño, las armas ópticas suelen emplear láseres verdes o azules de alta intensidad con longitudes de onda entre 450 y 532 nm, proyectados mediante sistemas portátiles, montados sobre cascos, armas largas o drones.

Muchos de estos dispositivos, como los conocidos PHASR (Personnel Halting and Stimulation Response), los ZKZM-500 o los láseres portátiles de uso policial en China, han sido diseñados para incapacitar momentáneamente sin generar heridas físicas. No obstante, diversos estudios médicos y advertencias de organismos internacionales señalan que la exposición a estos haces concentrados puede provocar quemaduras de retina, pérdida de visión central, daños en la fóvea, hemorragias oculares y ceguera permanente, especialmente si se apunta directamente a los ojos, a corta distancia o durante más de uno o dos segundos continuos. La supuesta precisión de estos dispositivos no elimina el margen de error humano, la falta de formación técnica ni las condiciones reales del operativo. El problema se agrava con el uso operativo, que en muchos casos se ha caracterizado por prácticas abusivas o experimentales. En países como China, India, Turquía e incluso Estados Unidos, se han reportado casos de uso de armas ópticas contra manifestantes, prisioneros y personas detenidas. También se han documentado incidentes en los que estos dispositivos han sido usados para bloquear cámaras, intimidar periodistas, neutralizar a defensores de derechos humanos o como herramienta de tortura visual en contextos penitenciarios. En zonas de conflicto, como Cachemira, informes médicos han registrado lesiones retinianas irreversibles provocadas por láseres usados por fuerzas militares.

En otros escenarios, las armas ópticas se han combinado con drones para identificar, perseguir y neutralizar visualmente a manifestantes, ampliando así el alcance de la represión visual sin necesidad de contacto físico directo. La omisión institucional respecto a las armas ópticas es crítica. A pesar de las advertencias del Protocolo IV de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de la ONU (que prohíbe el uso de láseres cegadores con efectos permanentes en conflictos armados), muchos países han ignorado estas disposiciones en contextos de control interno, argumentando que se trata de herramientas no letales o de baja intensidad. Sin embargo, no existen límites estandarizados de exposición ocular, distancias mínimas de seguridad, duración máxima del pulso, ni seguimiento médico obligatorio tras la exposición. Tampoco se exige que los dispositivos estén calibrados o auditados externamente, lo que permite su uso sin control y sin consecuencias jurídicas, incluso cuando provocan daños permanentes. Esta omisión deliberada constituye una forma de violencia por negligencia institucional, donde el uso de la tecnología supera la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

En este contexto, el concepto de falsa menor letalidad resulta central. Las armas ópticas no matan, pero pueden dejar ciegas a las personas, alterar permanentemente su percepción sensorial y provocar trauma neurológico sin que medie una gota de sangre. La invisibilidad del rayo láser, la ausencia de estruendo o impacto físico, y la falta de protocolos de monitoreo permiten que estos dispositivos sean utilizados como herramientas encubiertas de castigo visual, sin generar alarma pública ni responsabilidad política. La violencia óptica se inscribe así en una lógica más amplia de control sensorial, donde el cuerpo no es destruido pero sí anulado como sujeto político, incapaz de ver, documentar, resistir o denunciar. En conclusión, las armas ópticas representan una de las formas más sofisticadas y peligrosas de violencia institucional encubierta. Su regulación no puede postergarse más. La defensa de los derechos humanos en contextos de protesta, detención o conflicto exige una prohibición explícita del uso de láseres cegadores de alta potencia, la fiscalización independiente de los dispositivos ópticos de uso policial y militar, la atención médica inmediata a víctimas de exposición, y la inclusión de estas tecnologías en los sistemas de rendición de cuentas. Porque impedir ver, también es impedir pensar, hablar, defender y luchar. Y eso es exactamente lo que estas armas buscan: neutralizar sin que nadie lo vea.