Diseño, Uso y Omisión

Las armas neumáticas —como los lanzadores de aire comprimido, marcadoras de proyectiles duros (tipo PepperBall®), sistemas con CO₂ para disparo de bolas de pintura endurecida, balas de goma encapsuladas o proyectiles rellenos de agentes químicos, han sido promovidas como dispositivos de “precisión controlada” dentro del repertorio de armas menos letales utilizadas por fuerzas de seguridad. Sin embargo, bajo la apariencia de modernización técnica, estas armas reproducen patrones de violencia institucional que no solo ponen en riesgo la integridad física de los manifestantes, sino que evidencian el fracaso de las políticas públicas en garantizar un uso proporcionado y regulado de la fuerza. Desde el punto de vista del diseño, las armas neumáticas operan mediante la compresión de gases (aire, nitrógeno, CO₂), lo que permite el disparo a alta velocidad de proyectiles sólidos, semirrígidos o quebradizos. Aunque las especificaciones técnicas anuncian velocidades “moderadas” (generalmente entre 80 y 120 m/s), la combinación entre velocidad, masa y rigidez del proyectil puede traducirse en impactos con energías superiores a los 60 o incluso 100 julios.

En condiciones ideales de prueba, estos dispositivos podrían parecer seguros; sin embargo, el cuerpo humano no es un objetivo ideal. Las distancias reales de uso, las trayectorias irregulares, y la posibilidad de rebotes o impactos en zonas vulnerables como la cara, los ojos, el cuello o el abdomen, convierten estos proyectiles en armas potencialmente incapacitantes o letales. El problema se intensifica en el uso operativo, donde el supuesto control de precisión se vuelve ineficaz frente al caos de las movilizaciones sociales. En países como Estados Unidos, Colombia, Chile, Francia, Israel o Venezuela, las armas neumáticas han sido empleadas para disparar de forma indiscriminada contra multitudes, impactando a periodistas, transeúntes y manifestantes pacíficos. Muchos proyectiles lanzados por estos sistemas como las bolas de pimienta o bolas de pintura endurecida han causado traumatismos craneales, pérdida ocular, fracturas costales y lesiones internas severas. Se han documentado casos en los que el disparo de un solo proyectil neumático provocó amputaciones digitales, pérdida de visión permanente o incluso lesiones cerebrales traumáticas, especialmente cuando fueron disparados desde menos de 5 metros o en espacios cerrados, contraviniendo cualquier estándar de uso responsable.

A esta realidad se suma la omisión sistemática de normas claras y mecanismos de fiscalización. En muchos contextos, ni siquiera se exige el registro del número de proyectiles disparados, ni se identifica al agente que opera el arma neumática. Tampoco existe seguimiento médico posterior para las víctimas ni auditorías externas sobre la trazabilidad de los impactos. Las pocas regulaciones existentes como la distancia mínima de disparo (generalmente recomendada a 10 o 15 metros) son frecuentemente ignoradas sin consecuencias legales ni administrativas. En países como Colombia, India o Sudáfrica, la implementación de estos dispositivos ha ocurrido sin ningún protocolo público, sin formación médica para el personal operativo y con absoluto desconocimiento sobre los riesgos reales para la salud humana. Esta omisión institucional refuerza un modelo de impunidad funcional, donde el uso de armas neumáticas se ampara en su supuesto carácter no letal para evitar cualquier responsabilidad por sus efectos devastadores. Aquí se materializa claramente el concepto de falsa menor letalidad: las armas neumáticas son presentadas como tecnologías “intermedias” entre la palabra y la bala, pero en la práctica funcionan como mecanismos de castigo físico que pueden dejar secuelas permanentes sin generar el mismo escándalo social o legal que las armas de fuego.

Esta “intermitencia letal”, en la que algunas víctimas pierden un ojo y otras “solo” sufren contusiones, permite al Estado invisibilizar los efectos reales de la represión, mientras legitima el uso de la fuerza bajo discursos de modernización o proporcionalidad. Sin embargo, como lo han señalado la CIDH, la ONU y diversas organizaciones médico legales, estas armas pueden ser igual de destructivas que las armas convencionales, solo que operan desde un umbral ambiguo de legalidad, técnica y moralidad. En conclusión, las armas neumáticas no son neutras ni inocuas. Son tecnologías diseñadas para infligir daño físico mediante una supuesta lógica de control, pero que en realidad abren un campo de ambigüedad jurídica y médica. Su regulación deficiente, su uso abusivo y la omisión deliberada de los Estados en fiscalizar sus efectos refuerzan la necesidad de revaluar su papel en el orden público. Más que herramientas de contención, se han convertido en símbolos de represión encubierta, capaces de dejar cuerpos marcados y derechos vulnerados sin que el sistema asuma las responsabilidades que le corresponden.