Diseño, Uso y Omisión

El problema del diseño, uso y omisión de los lanzadores y propulsores de energía cinética como escopetas antidisturbios, lanzadores tipo FN303, rifles de proyectiles de goma, marcadoras de pintura endurecida y otros dispositivos similares— representa una de las expresiones más preocupantes de la violencia estatal encubierta bajo la etiqueta de “control legítimo de multitudes”. Desde su diseño, estos dispositivos están concebidos para disparar proyectiles con una determinada masa, forma y velocidad, generando una cantidad de energía que, si bien se considera “no letal” en contextos controlados, puede alcanzar niveles peligrosamente cercanos a los umbrales letales cuando se usan fuera de protocolo. En términos físicos, el impacto de estos proyectiles puede superar los 90 julios, especialmente a distancias cortas, lo que los convierte en armas capaces de fracturar huesos, penetrar tejidos blandos e incluso perforar cavidades craneales u oculares.

En En contextos de protesta, como se ha documentado ampliamente en países como Francia (con el uso del LBD40), Chile (con las escopetas de perdigones), Colombia, Irán, India o Estados Unidos, estos dispositivos han provocado ceguera, traumatismos craneoencefálicos, hemorragias internas y muertes, demostrando que el problema no es solo técnico, sino estructural. En cuanto al uso, el mayor riesgo radica en la forma en que estos dispositivos son empleados por las fuerzas de seguridad: disparos a quemarropa, en zonas sensibles como la cabeza o el pecho, sin advertencia previa y en situaciones que no representan una amenaza directa. En muchos casos, los agentes disparan de forma horizontal y directa, en lugar de realizar lanzamientos parabólicos hacia el suelo, tal como lo indican las escasas normativas existentes. Además, se han documentado múltiples casos en los que se han disparado decenas de proyectiles de forma simultánea y sin discriminación, como en la represión a las protestas en Gaza, Nicaragua o Venezuela. Esta lógica de uso desproporcionado e indiscriminado revela una cultura de impunidad institucionalizada que desborda cualquier principio de proporcionalidad y necesidad, y convierte a estas armas en herramientas de castigo colectivo más que en instrumentos de dispersión.

Esta omisión es particularmente grave en el Sur Global, pero también se evidencia en democracias consolidadas como Estados Unidos o Francia, donde las lesiones por balas de goma han sido reconocidas por organismos como la ONU o Amnistía Internacional como posibles formas de trato cruel, inhumano o degradante. En conjunto, el diseño técnico deficiente, el uso abusivo y la omisión institucional generan un escenario donde los lanzadores de energía cinética dejan de ser herramientas de contención y se convierten en armas de represión masiva, con consecuencias devastadoras y persistentes para la salud física y psicológica de las víctimas.

Esta “intermitencia letal”, en la que algunas víctimas pierden un ojo y otras “solo” sufren contusiones, permite al Estado invisibilizar los efectos reales de la represión, mientras legitima el uso de la fuerza bajo discursos de modernización o proporcionalidad. Sin embargo, como lo han señalado la CIDH, la ONU y diversas organizaciones médico legales, estas armas pueden ser igual de destructivas que las armas convencionales, solo que operan desde un umbral ambiguo de legalidad, técnica y moralidad. En conclusión, las armas neumáticas no son neutras ni inocuas. Son tecnologías diseñadas para infligir daño físico mediante una supuesta lógica de control, pero que en realidad abren un campo de ambigüedad jurídica y médica. Su regulación deficiente, su uso abusivo y la omisión deliberada de los Estados en fiscalizar sus efectos refuerzan la necesidad de revaluar su papel en el orden público. Más que herramientas de contención, se han convertido en símbolos de represión encubierta, capaces de dejar cuerpos marcados y derechos vulnerados sin que el sistema asuma las responsabilidades que le corresponden.