Diseño, Uso y Omisión

Las armas de energía dirigida (Directed Energy Weapons, DEWs) representan una de las tecnologías más avanzadas y polémicas dentro del arsenal de armas menos letales. Funcionan proyectando haces concentrados de energía como microondas, radiación electromagnética, infrarrojos o partículas cargadas para incapacitar, dispersar o neutralizar personas y objetos, sin recurrir a proyectiles físicos. Aunque se presentan como “alternativas humanitarias” frente a balas, bastones o gases lacrimógenos, diversos estudios científicos y reportes médicos han demostrado que sus efectos fisiológicos pueden ser graves, duraderos e incluso irreversibles. Uno de los aspectos más preocupantes es que estas armas generan daño invisible y silencioso. La energía proyectada no deja rastros visibles inmediatos, dificultando la denuncia, el registro forense y la atribución de responsabilidades, lo que convierte su uso en una forma particularmente sofisticada de represión estatal y control social encubierto. Desde el punto de vista del diseño, las armas de energía dirigida se basan en emisores de alta potencia que generan calor, presión o interferencia sobre tejidos sensibles como la piel, los ojos o el sistema nervioso periférico. Entre los dispositivos más conocidos se encuentra el Active Denial System (ADS), desarrollado por el ejército de EE.UU., que emite ondas milimétricas de 95 GHz capaces de penetrar la piel hasta 0,4 mm, provocando una sensación de quemadura extrema.

Si bien sus fabricantes afirman que el dolor desaparece al cesar la exposición, se ha comprobado que puede causar quemaduras de segundo grado, pánico, colapso físico y desorientación, especialmente en personas vulnerables o cuando se usa a distancias cortas. Otros dispositivos portátiles de microondas empleados en el control urbano generan impactos térmicos dirigidos que pueden alterar la frecuencia cardíaca, causar cefaleas intensas, tinnitus, desregulación térmica corporal y fatiga extrema. Estas tecnologías encajan en la categoría de mecanismos de impacto dirigido, pues aplican energía precisa sobre blancos específicos sin contacto físico directo, utilizando presiones térmicas, acústicas o cinéticas para inmovilizar o dispersar. En esta misma categoría se incluyen los cañones de agua a presión, comúnmente utilizados por unidades antidisturbios. Estos dispositivos lanzan chorros de agua a presiones que oscilan entre 10 y 30 bares (equivalentes a 145–435 psi), capaces de derribar a una persona, causar contusiones, fracturas, traumas craneales o pérdida del equilibrio, e incluso provocar hipotermia si el agua está fría o se usa de forma prolongada. Su apariencia inocua contrasta con la energía cinética que generan, convirtiéndolos en instrumentos de impacto físico contundente que, mal empleados, pueden causar daños graves y persistentes. También se han documentado dispositivos acústicos como el LRAD (Long Range Acoustic Device), que emite ondas sonoras direccionales superiores a 150 dB, capaces de causar náuseas, pérdida de equilibrio y daño auditivo. Asimismo, los proyectiles de goma o espuma lanzados desde dispositivos neumáticos actúan como formas de impacto dirigido físico con potencial lesivo elevado, sobre todo cuando se disparan a corta distancia o hacia zonas vitales del cuerpo humano.

Asimismo, los proyectiles de goma o espuma lanzados desde dispositivos neumáticos actúan como formas de impacto dirigido físico con potencial lesivo elevado, sobre todo cuando se disparan a corta distancia o hacia zonas vitales del cuerpo humano. El despliegue de estas tecnologías ha avanzado de manera silenciosa. Países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel han probado o desplegado DEWs en prisiones, fronteras y protestas, sin transparencia pública ni regulación civil. En algunos casos se han documentado efectos colectivos similares a una “ola invisible de calor”, que genera estampidas, pérdida del control corporal y ataques de pánico. La omisión institucional frente a estas armas es alarmante. La mayoría de los países carecen de normativas específicas que regulen su uso en contextos civiles, y las que existen suelen estar restringidas al ámbito militar. No se cuenta con protocolos médicos, auditorías independientes ni marcos jurídicos que controlen su aplicación. Además, estos dispositivos son fácilmente ocultables y no dejan evidencia material clara, lo que impide a las víctimas demostrar la agresión y favorece la impunidad. En este contexto, la narrativa de “menor letalidad” resulta engañosa y peligrosa. Aunque no generen heridas sangrantes visibles, las armas de energía dirigida pueden causar daños profundos y duraderos: desde quemaduras, trastornos sensoriales y desórdenes neurológicos hasta estrés postraumático y colapsos fisiológicos. Su uso encubre formas de violencia invisible, tecnológica y sistemática, que desestructura el cuerpo y la mente sin dejar rastros forenses, y que se presenta bajo el disfraz de legalidad y modernización.