Golpe de Estado contra Hugo Chávez y protestas opositoras
Años
(2002)
En abril de 2002, Venezuela vivió uno de los momentos más críticos y violentos de su historia reciente: el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez. Este periodo estuvo marcado por una intensa polarización política, con sectores de la oposición civil, empresarial y militar enfrentándose abiertamente al gobierno bolivariano. La tensión que se había acumulado desde la aprobación de nuevas leyes económicas y agrarias, junto con los conflictos con la cúpula empresarial (Fedecámaras) y la cúpula sindical (CTV), provocó una ola de manifestaciones masivas en todo el país.
El 11 de abril de 2002, una masiva marcha opositora que se dirigía al Palacio de Miraflores terminó en una tragedia cuando civiles armados, fuerzas de seguridad y francotiradores no identificados abrieron fuego contra los manifestantes y simpatizantes del gobierno. Este violento enfrentamiento dejó al menos 19 muertos y más de 150 heridos por disparos, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones locales. Las víctimas incluyeron tanto a opositores como a partidarios del gobierno, y varios periodistas que estaban cubriendo los eventos también fueron agredidos.
La noche del 11 de abril, altos mandos militares anunciaron la renuncia de Chávez, aunque el propio presidente lo negó. En ese momento, se estableció un gobierno de facto liderado por el empresario Pedro Carmona Estanga, quien disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y otros poderes del Estado.
Durante este breve periodo, se llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, el cierre de medios de comunicación y una intensa persecución contra los funcionarios del gobierno derrocado. Sin embargo, la rebelión de militares leales y una fuerte respuesta de sectores populares permitieron que Chávez regresara al poder en menos de 48 horas.
Durante el regreso de Chávez al poder, el gobierno denunció el intento de golpe como una acción terrorista respaldada por medios privados y sectores empresariales. Sin embargo, en los días siguientes, también se registraron abusos por parte de cuerpos de seguridad y grupos armados contra ciudadanos que eran identificados como opositores. Esto fue denunciado por varias ONG venezolanas y por la CIDH. Entre las acciones más graves se incluyen detenciones ilegales, torturas y amenazas dirigidas a comunicadores y líderes opositores en diversas áreas urbanas de Caracas.
Los eventos de abril de 2002 marcaron una crisis institucional muy seria, caracterizada por la represión de varios actores del Estado y un uso excesivo de la fuerza, tanto por parte de las fuerzas militares como de civiles armados que actuaban en complicidad con el poder. Las investigaciones que se llevaron a cabo después no lograron aclarar del todo quiénes fueron responsables de las muertes del 11 de abril, y la impunidad sigue siendo un problema hasta el día de hoy.
Paro petrolero y recolección de firmas para referéndum revocatorio
Años
(2003–2004)
Después del fallido intento de golpe de Estado en abril de 2002, Venezuela se sumió en una creciente polarización política y social. Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, tuvo lugar el conocido paro cívico nacional, convocado por la oposición con el apoyo de sectores empresariales y sindicales, con la intención de forzar la renuncia del presidente Hugo Chávez. Este paro fue principalmente liderado por Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y varios partidos políticos de oposición, e incluyó la paralización de las operaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal empresa estatal.
La huelga petrolera desencadenó una crisis energética y económica muy seria: hubo escasez de combustible, el transporte público colapsó y la inflación se disparó. En respuesta, el gobierno tomó medidas drásticas en PDVSA, despidiendo a más de 18,000 trabajadores, lo que representa alrededor del 40% de la plantilla, y militarizando las instalaciones petroleras. Estos despidos masivos fueron considerados por organizaciones de derechos humanos como violaciones a los derechos laborales y represalias políticas.
Durante este tiempo, se llevaron a cabo numerosas protestas, cacerolazos y bloqueos de calles, especialmente en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto. Las fuerzas de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Metropolitana, respondieron con dureza a varias de estas manifestaciones. Según el informe anual de PROVEA, al menos 12 personas perdieron la vida por disparos durante las protestas entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, y se documentaron más de 300 detenciones arbitrarias, muchas de ellas sin orden judicial.
En paralelo, durante 2003 y 2004, la oposición impulsó la activación de un referéndum revocatorio contra el presidente Chávez, un derecho que está consagrado en la Constitución de 1999. Se llevaron a cabo varias jornadas de recolección masiva de firmas, pero el proceso estuvo lleno de tensiones. El gobierno tomó medidas para intimidar a quienes firmaban, como la creación de la conocida “Lista Tascón”, una base de datos pública que contenía los nombres y números de cédula de quienes apoyaron el referéndum. Esta lista fue utilizada por instituciones públicas para negar empleos, becas, contratos y otros beneficios a los firmantes, lo que representó una forma grave de represión administrativa y discriminación política.
Durante las movilizaciones en apoyo al referéndum, se reportaron agresiones físicas contra los manifestantes, así como hostigamiento a los medios de comunicación privados que estaban cubriendo los eventos. Grupos armados irregulares, conocidos como colectivos chavistas, actuaron en coordinación con las fuerzas del orden para dispersar las marchas opositoras, y en algunos casos, utilizaron armas de fuego. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello documentó al menos a 7 personas heridas por disparos en enfrentamientos con civiles armados en Caracas durante los meses de recolección de firmas.
A pesar de los desafíos, el referéndum finalmente se llevó a cabo el 15 de agosto de 2004, y resultó en una victoria para el presidente Chávez, quien recibió un 59% de apoyo según el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la oposición denunció irregularidades y presiones durante el proceso, aunque observadores internacionales como la OEA y el Centro Carter respaldaron oficialmente los resultados.
Protestas estudiantiles por el cierre de RCTV
Años
(2007)
En 2007, Venezuela vivió una de las movilizaciones estudiantiles más importantes de las últimas décadas, impulsada por la decisión del gobierno de no renovar la concesión al canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los medios más antiguos y críticos del régimen de Hugo Chávez. Esta medida fue vista por muchos como un acto de censura política y representó un momento clave en el control que el gobierno ejercía sobre los medios de comunicación.
El 28 de mayo de 2007, RCTV dejó de transmitir y su señal fue reemplazada por la nueva cadena estatal TVes. Esto provocó una respuesta inmediata en universidades, tanto públicas como privadas, donde miles de estudiantes se unieron para defender la libertad de expresión. Así nació el Movimiento Estudiantil 2007, una fuerza autónoma, diversa y sin vínculos partidistas claros, que abogaba por los derechos civiles, la democracia, el pluralismo y el rechazo al autoritarismo.
Las protestas estudiantiles se han extendido a más de 20 ciudades en todo el país, con marchas, concentraciones, foros públicos y cadenas humanas. En Caracas, los estudiantes se dirigieron al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, participando en debates que se transmitieron por cadena nacional. Su enfoque pacífico y su discurso sobre derechos civiles les ha ganado un gran apoyo social, aunque el gobierno los ha tildado de “manipulados por el imperialismo”.
La respuesta del estado fue rápida y contundente. En varias ocasiones, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las fuerzas policiales locales reprimieron las marchas estudiantiles utilizando gases lacrimógenos, perdigones de goma y realizando detenciones arbitrarias.
Según el informe de PROVEA de ese año, al menos 120 estudiantes resultaron heridos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y más de 200 fueron detenidos, muchas veces sin una orden judicial. La represión se centró especialmente en Caracas, Mérida, Maracaibo y San Cristóbal.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz han denunciado varios casos de tratos crueles y amenazas durante las detenciones. También han señalado la presencia de grupos armados civiles progubernamentales que hostigaban a los manifestantes. Además, se han reportado ataques a instalaciones universitarias y amenazas directas a voceros estudiantiles que eran visibles.
A pesar de la represión, el movimiento logró mantenerse en pie y continuó con una agenda activa en los meses siguientes. Esto incluyó la campaña en contra de la reforma constitucional que Chávez propuso en diciembre de 2007, la cual terminó siendo derrotada en un referéndum, marcando así el primer gran revés electoral para el chavismo.
Las protestas de 2007 dieron paso a una nueva ola de liderazgo juvenil, donde muchos de sus integrantes terminarían ocupando, años después, puestos en la Asamblea Nacional o liderando nuevas movilizaciones. También pusieron de manifiesto un preocupante patrón de criminalización de la protesta estudiantil y un cierre progresivo del espacio democrático, resultado de la combinación de represión física, persecución judicial y control mediático.
Protestas antigubernamentales de “La Salida”
Años
(2014)
En febrero de 2014, Venezuela vivió una de las protestas más intensas y trágicas desde que comenzó la Revolución Bolivariana. Líderes de la oposición como Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma tomaron la delantera bajo el lema “La Salida”. Este movimiento tenía como objetivo pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, quien había llegado al poder tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Todo esto ocurrió en medio de una crisis económica profunda, con escasez de productos básicos, una inflación descontrolada, creciente inseguridad y serias acusaciones de corrupción en las instituciones.
Las protestas comenzaron el 4 de febrero y se extendieron por más de cuatro meses en ciudades como Caracas, Valencia, San Cristóbal y Maracaibo. Al principio, fueron impulsadas por movimientos estudiantiles, pero pronto se unieron también sectores de la clase media, gremios profesionales y organizaciones políticas de oposición. Las movilizaciones incluyeron marchas, concentraciones, cacerolazos, plantones y barricadas.
La reacción del Estado fue rápida y brutal. De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, al menos 43 personas perdieron la vida durante las protestas, incluyendo tanto a manifestantes opositores como a simpatizantes del gobierno, transeúntes y agentes de seguridad, muchos de ellos debido a disparos o al uso excesivo de la fuerza letal. El Foro Penal Venezolano informó sobre más de 3.300 detenciones arbitrarias, que abarcan a estudiantes, periodistas y activistas de derechos humanos, muchos de los cuales han denunciado torturas, violencia sexual, tratos inhumanos y desapariciones temporales.
Varias organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado el uso sistemático de gases lacrimógenos disparados directamente al cuerpo, el uso de armas de fuego contra civiles desarmados, detenciones sin orden judicial y allanamientos ilegales en viviendas.
También se ha observado represión mediática, con ataques a sedes de medios de comunicación, bloqueo de sitios web, censura en canales internacionales y hostigamiento judicial hacia periodistas.
La criminalización de la protesta se convirtió en una estrategia fundamental durante este periodo. El líder opositor Leopoldo López fue detenido el 18 de febrero, enfrentando acusaciones de instigación pública, daños a la propiedad e incendio. Su arresto fue considerado por organismos como la ONU y la CIDH como arbitrario y con motivaciones políticas. Además, más de 200 manifestantes fueron llevados a juicio en procesos que carecían de las mínimas garantías.
Un aspecto preocupante fue la participación de grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos, que operaban de manera coordinada con las fuerzas policiales y militares. Estos grupos se movían en motocicletas y utilizaban armas de fuego contra las concentraciones de la oposición, especialmente en áreas populares.
Además de las víctimas fatales y los detenidos, se reportaron cientos de heridos: según PROVEA, más de 870 personas resultaron lesionadas, y al menos 10 sufrieron daños oculares irreversibles debido al impacto de proyectiles no letales.
La represión de 2014 fue un momento clave en la política venezolana: el Estado venezolano fue señalado a nivel internacional por violaciones sistemáticas de derechos humanos, y organismos internacionales, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), comenzaron a investigar el caso de Venezuela.
Ola de protestas por ruptura del orden constitucional
Años
(2017)
En marzo de 2017, la crisis política en Venezuela llegó a un punto crítico cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió asumir las funciones de la Asamblea Nacional, que había estado bajo control de la oposición desde 2015. Esta acción fue ampliamente condenada como un rompimiento del orden constitucional y un golpe institucional, lo que provocó una ola de protestas masivas en todo el país que se prolongaron hasta julio de ese mismo año.
La ciudadanía se movilizó con una serie de actividades diarias, incluyendo marchas, asambleas populares y manifestaciones pacíficas. En estas acciones participaron estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición. Las protestas clamaban por el restablecimiento del orden democrático, la apertura de un canal humanitario, elecciones libres y la renovación de los poderes públicos.
La represión estatal fue increíblemente brutal, sistemática y se extendió por un largo período, llevada a cabo tanto por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos armados que apoyan al gobierno. Según datos del Ministerio Público venezolano, al menos 125 personas perdieron la vida durante las protestas, muchas de ellas debido a disparos, asfixia por gases lacrimógenos y el uso letal de armas que no deberían ser mortales. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado ejecuciones extrajudiciales y un uso desmedido de la fuerza.
El Foro Penal Venezolano ha reportado más de 5,300 detenciones arbitrarias en ese tiempo, incluyendo a 1,300 personas que enfrentaron juicios militares, lo cual es una clara violación del derecho internacional.
Entre los detenidos había menores de edad, activistas de derechos humanos y trabajadores de la salud. Se han documentado numerosos casos de tortura, tratos crueles y violencia sexual durante las detenciones, especialmente en lugares como El Helicoide y la sede del DGCIM.
Un patrón preocupante ha sido el uso de armas de fuego y perdigones disparados directamente al rostro, lo que ha llevado a un aumento notable en el número de víctimas con lesiones oculares. Según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, al menos 22 personas han sufrido pérdida total o parcial de la visión.
Las manifestaciones también fueron reprimidas con un uso desproporcionado de armas químicas, como gas lacrimógeno caducado y bombas lanzadas dentro de casas, escuelas y centros médicos. En Caracas y otras ciudades, las fuerzas del orden militarizaron áreas enteras, impusieron toques de queda de facto y permitieron que los colectivos armados actuaran sin consecuencias.
El momento más crítico de la represión ocurrió el 30 de julio de 2017, cuando el gobierno llevó a cabo la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin consultar al pueblo y en condiciones que muchos denunciaron como fraudulentas. Ese día, la votación estuvo marcada por una ola de protestas en todo el país, que resultó en al menos 10 muertes, con informes de francotiradores y disparos a quemarropa.
Las protestas de 2017 marcaron una de las crisis de derechos humanos más graves en la historia reciente de Venezuela. La ONU y la OEA acusaron al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad, y la situación fue detalladamente documentada en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Protestas por elecciones fraudulentas y proclamación de Guaidó
Años
(2018–2019)
El periodo de 2018 a 2019 en Venezuela estuvo marcado por un nuevo ciclo de protestas sociales y políticas. Estas manifestaciones fueron impulsadas por la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018, un proceso que muchos en la comunidad internacional consideraron fraudulento y que fue desconocido por varios países y organizaciones multilaterales. Las elecciones se llevaron a cabo sin la participación de los principales partidos opositores, en un ambiente de censura, inhabilitación de candidatos y manipulación institucional, lo que generó una crisis de legitimidad presidencial.
A principios de 2019, el descontento de la población se intensificó con marchas espontáneas en barrios populares, protestas por salarios, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios públicos, especialmente en electricidad y agua. En este contexto, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, quien era el presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, basándose en los artículos 233 y 333 de la Constitución. Su juramentación fue respaldada por más de 50 gobiernos, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que el gobierno de Maduro lo acusó de intentar dar un golpe de estado.
La proclamación de Guaidó desencadenó una nueva ola de movilizaciones en todo el país, alcanzando su punto máximo entre enero y abril. En respuesta, el gobierno de Maduro implementó una estrategia que combinaba represión masiva, persecución judicial, militarización de áreas urbanas y censura de medios de comunicación. Según datos del Foro Penal Venezolano, en los primeros cinco meses de 2019 se registraron más de 2,000 detenciones arbitrarias, y al menos 50 personas perdieron la vida durante las protestas, muchas de ellas por disparos en la cabeza o el tórax por parte de las fuerzas policiales.
Entre las trágicas víctimas se encontraban varios adolescentes y jóvenes manifestantes, como Alixon Pizani, de 16 años, y Roger Delgado, de 19, quienes perdieron la vida por disparos en áreas populares.
También se registraron casos de ejecuciones extrajudiciales, como el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que fue torturado hasta morir mientras estaba bajo la custodia del DGCIM. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado un patrón sistemático de represión letal y persecución por motivos políticos.
Además de la represión directa, el Estado también recurrió a métodos más sutiles de castigo, como los cortes de electricidad masivos (incluyendo el apagón nacional de marzo de 2019), bloqueos de redes sociales durante las manifestaciones y amenazas a funcionarios públicos que mostraran apoyo a Guaidó. Además, el hostigamiento contra los medios independientes se intensificó, con el cierre de emisoras, la detención de periodistas y el bloqueo de señales internacionales.
La represión no solo impactó a los manifestantes, sino también a los diputados de la oposición, muchos de los cuales fueron despojados de su inmunidad parlamentaria, perseguidos o incluso forzados al exilio. El violento asalto a la Asamblea Nacional en varias ocasiones, llevado a cabo por grupos armados y fuerzas de seguridad, puso de manifiesto un proceso de cierre institucional y una consolidación autoritaria.
Este periodo representó un nuevo aislamiento internacional para el régimen de Maduro, con un aumento en las sanciones económicas y un agravamiento del colapso institucional. A pesar de la magnitud de las protestas, la falta de canales institucionales para resolver el conflicto y la represión sistemática impidieron que se diera una transición política inmediata.
Protestas por crisis humanitaria, salarios y servicios
Años
(2020–2021)
Durante los años 2020 y 2021, Venezuela vivió una intensificación de su crisis humanitaria, marcada por el colapso de los servicios públicos, la caída de los ingresos laborales, la inseguridad alimentaria y el colapso del sistema de salud, todo esto empeorado por la pandemia de COVID-19. Ante la incapacidad del Estado para asegurar condiciones mínimas de vida, estallaron cientos de protestas espontáneas en todo el país, lideradas principalmente por sectores populares, trabajadores del sector público, gremios de salud, sindicatos, pensionados y comunidades organizadas.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en 2020 se registraron más de 9.600 protestas, y en 2021 más de 6.900, la mayoría relacionadas con demandas sociales y económicas. Estas incluyen la falta de agua potable, apagones prolongados, escasez de gas doméstico, salarios insuficientes, el colapso del transporte público y la falta de acceso a medicamentos o atención médica. Aunque muchas de estas movilizaciones fueron pacíficas, en varios casos se enfrentaron a una represión violenta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
La represión se volvió más evidente en varias regiones del interior del país, como Guárico, Portuguesa, Zulia, Lara y Bolívar. Allí, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto con las policías regionales y los FAES, actuaron para disolver manifestaciones, a menudo utilizando una fuerza desmedida. En múltiples ocasiones, se emplearon perdigones, gases lacrimógenos y hasta armas de fuego contra civiles desarmados.
Solo en 2020, según el OVCS, al menos 15 manifestantes perdieron la vida, entre ellos campesinos, mototaxistas y trabajadores de la salud.
Uno de los casos más impactantes fue el asesinato de Leonardo González Barreto, un trabajador informal que perdió la vida en Yaracuy durante las protestas por los cortes eléctricos en septiembre de 2020. También se registraron allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias de líderes sindicales y amenazas a periodistas que estaban cubriendo las movilizaciones. El Foro Penal Venezolano reportó más de 300 detenciones arbitrarias en esos dos años, muchas de ellas sin el debido proceso ni acceso a una defensa adecuada.
En el contexto de la pandemia, el gobierno también aprovechó el estado de alarma y las restricciones sanitarias como herramientas para ejercer control político, llegando a criminalizar las protestas bajo el argumento de “violación de medidas sanitarias”. Se implementaron toques de queda encubiertos, censura digital y bloqueos a medios comunitarios que se atrevían a difundir denuncias sociales.
A pesar del aumento en las manifestaciones, muchas de ellas fueron aisladas, con poca participación a nivel nacional y sin una coordinación política clara, lo que limitó su capacidad para generar un cambio estructural significativo. Sin embargo, estas protestas pusieron de manifiesto el agotamiento del modelo económico estatal y la profunda división social en un país donde más del 90% de la población vivía en condiciones de pobreza en 2021, según ENCOVI.
Huelgas y protestas por crisis económica y deterioro institucional
Años
(2022–2023)
Entre 2022 y 2023, Venezuela vivió un aumento constante en las movilizaciones sociales, principalmente impulsadas por trabajadores, gremios profesionales y comunidades en situación de pobreza, todo esto en medio de una crisis económica estructural que se prolonga. A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro intentaba presentar una imagen de recuperación económica, la realidad es que muchas personas seguían lidiando con salarios mínimos que no superaban los 10 dólares al mes, además de enfrentar hiperinflación, inseguridad alimentaria, el colapso de los sistemas educativo y de salud, y una fuerte devaluación del bolívar.
Las protestas se centraron principalmente en huelgas y marchas de trabajadores del sector público como docentes, personal de salud, empleados administrativos, jubilados y pensionados quienes denunciaban la falta de aumentos salariales, la pérdida de poder adquisitivo y la anulación de sus contratos colectivos. Además, las movilizaciones incluyeron protestas relacionadas con la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y el acceso a medicamentos, extendiéndose a lo largo de los 24 estados del país.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en 2022 se registraron más de 7.000 protestas, y en 2023 esa cifra subió a más de 8.200. La mayoría de estas manifestaciones fueron impulsadas por el sector público, especialmente en los meses de enero y octubre, cuando se vivieron picos de presión sindical. Aunque muchas de estas protestas fueron pacíficas y se convocaron de manera legal, el Estado optó por una política de represión selectiva, criminalizando a los líderes sindicales y utilizando el amedrentamiento institucional.
Entre las principales víctimas de la persecución estatal se encuentran al menos 10 dirigentes sindicales que han sido detenidos de manera arbitraria, como Reinaldo Cortés (Fetraharina) y Gabriel Blanco, quienes han sido acusados sin pruebas de asociación para delinquir y conspiración.
La ONG Provea ha denunciado que el Ministerio Público y el SEBIN han utilizado tácticas de inteligencia e intimidación para silenciar las huelgas, incluyendo la presencia de agentes en actos públicos, amenazas telefónicas, vigilancia de redes sociales y procesos judiciales que carecen de debido proceso.
En lo que respecta a la violencia directa, aunque el uso masivo de la fuerza ha disminuido en comparación con 2014 o 2017, se han registrado casos de represión más localizada, especialmente en lugares como Guayana, Barinas y los Valles del Tuy. Allí, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha disuelto protestas utilizando gases lacrimógenos, perdigones y realizando detenciones. En abril de 2023, un joven llamado Yorvin Rojas sufrió graves heridas en el rostro durante una protesta laboral en San Juan de los Morros, aparentemente debido a un impacto de gas lacrimógeno lanzado a corta distancia.
El contexto político también tuvo un impacto significativo en la represión: las demandas de elecciones libres, la presión de la comunidad internacional para reanudar el diálogo y la preparación de primarias opositoras llevaron a un mayor control institucional, censura y vigilancia. Se continuaron los bloqueos digitales a portales independientes, así como las amenazas a periodistas y las detenciones temporales de activistas que defienden los derechos humanos o que participan en procesos electorales.
En resumen, este periodo mostró un renacer de la protesta entre los trabajadores y los sindicatos, que se enfrentó a una represión silenciosa, a la judicialización y a diversos mecanismos de control económico y político. Todo esto ha limitado los espacios para la libertad de asociación y de expresión en el país.
Movilizaciones por elecciones presidenciales y represión preelectoral
Años
(2024–2025)
Durante los años 2024 y 2025, Venezuela experimentó un nuevo ciclo de movilizaciones sociales y políticas en torno a las elecciones presidenciales. Estas manifestaciones estuvieron marcadas por una fuerte polarización, un ambiente de inestabilidad institucional y un aumento en las denuncias de represión preelectoral, especialmente dirigidas a miembros de la oposición, empleados públicos y medios de comunicación independientes.
En los primeros meses de 2024, diversas organizaciones de la sociedad civil, movimientos estudiantiles y partidos de oposición se unieron para llevar a cabo marchas nacionales, cabildos abiertos y protestas pacíficas, todo en busca de condiciones electorales más transparentes. Demandaban la actualización del registro electoral, la observación internacional independiente, la habilitación de líderes que estaban inhabilitados y la libertad para los partidos políticos. Sin embargo, el gobierno respondió con hostigamiento judicial, detenciones selectivas y censura en las plataformas digitales.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) informó que entre enero de 2024 y mayo de 2025 se registraron más de 6.000 protestas, de las cuales al menos 1.800 estaban directamente relacionadas con el proceso electoral. La represión se volvió más intensa a medida que se acercaban las elecciones: en varias regiones, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las fuerzas de seguridad locales impidieron las concentraciones de la oposición, confiscaron materiales de campaña y detuvieron a los organizadores.
Uno de los eventos más preocupantes tuvo lugar en abril de 2024, cuando las fuerzas de seguridad disolvieron de manera violenta una marcha en el estado Lara. Este incidente dejó al menos dos personas heridas por perdigones en la cara, y una de ellas sufrió una pérdida ocular parcial, según lo informado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (CDH-ULA).
Además, se registraron más de 150 detenciones arbitrarias durante actos públicos, muchas de las cuales se realizaron sin orden judicial y bajo acusaciones de “incitación al odio” o “conspiración”.
Las protestas también incluyeron huelgas parciales y manifestaciones de trabajadores del sector público, quienes denunciaban que se les obligaba a asistir a actos proselitistas del oficialismo y que enfrentaban amenazas de despido si apoyaban opciones opositoras. Se reportaron casos de suspensión de sueldos a educadores y enfermeros que participaron en las protestas o firmaron peticiones de reforma electoral.
Durante el día de las elecciones presidenciales (la fecha se omite por razones de confidencialidad electoral), organizaciones ciudadanas como Voto Joven y Acceso a la Justicia informaron sobre la presencia de grupos armados irregulares cerca de los centros de votación, así como sobre restricciones a la prensa y el bloqueo de aplicaciones móviles que ayudaban en el monitoreo ciudadano. Después de las elecciones, se llevaron a cabo protestas por presunto fraude, especialmente en los estados del oriente del país, como Anzoátegui y Bolívar.
En 2025, después de que se publicaron los resultados oficiales, siguieron las movilizaciones esporádicas que exigían una auditoría de las actas, la liberación de los presos políticos y garantías para una alternancia democrática. La represión se mantuvo en niveles moderados, con un uso selectivo del sistema judicial, vigilancia sobre los activistas, censura a los portales de noticias y amenazas a las ONG que defienden los derechos humanos. En conjunto, este periodo consolidó una tendencia de represión electoral preventiva, caracterizada por el uso de los aparatos judicial, militar y mediático para restringir el espacio democrático, sin necesidad de recurrir a una represión masiva como en ciclos anteriores.