Turquía

Entre 2002 y 2007, Turquía experimentó una transformación política significativa con la llegada al poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Recep Tayyip Erdoğan, quien primero asumió el cargo de primer ministro y luego se convirtió en la figura central del sistema político. Aunque al principio se presentó como un partido conservador moderado con inclinaciones democráticas y proeuropeas, el AKP rápidamente comenzó a consolidar su poder en todas las áreas del Estado, lo que generó tensiones con sectores laicos, militares y judiciales que habían dominado la política turca durante décadas.

Durante este tiempo, las tensiones más notables giraron en torno a la confrontación entre el nuevo bloque islamista-moderado, representado por el AKP, y las élites laicas que históricamente se han alineado con los principios kemalistas, que son seculares y nacionalistas. Las universidades, el sistema judicial y el ejército se convirtieron en los principales escenarios de esta disputa. La elección en 2007 de Abdullah Gül, un miembro del AKP, como presidente de la república fue percibida como una amenaza por algunos sectores seculares, especialmente debido a su pasado islamista y al hecho de que su esposa usaba el velo en actos públicos.

La tensión provocó grandes movilizaciones laicas, conocidas como las “Marchas de la República”. Decenas de millas de personas se reunieron en Ankara, Estambul, Esmirna y otras ciudades, ondeando banderas turcas y retratos de Mustafa Kemal Atatürk, para mostrar su rechazo a lo que consideraban un retroceso en la separación entre religión y Estado.

Aunque la mayoría de estas protestas fueron pacíficas, la respuesta del Estado fue ambigua y, en algunos casos, represiva. Las fuerzas policiales empezaron a usar métodos de disuasión como gases lacrimógenos, controles preventivos y detenciones selectivas. Se registraron al menos 250 detenciones arbitrarias durante las protestas entre 2005 y 2007, especialmente en universidades y concentraciones sindicales. Algunos informes también mencionan casos de golpizas, uso excesivo de la fuerza y ​​acoso a los manifestantes, sobre todo en Esmirna y Estambul, aunque no se reportaron homicidios ni lesiones oculares en las protestas masivas de ese período.

Además, se comenzó a desarrollar una estructura legal enfocada en controlar el disenso. El gobierno impulsó reformas constitucionales y del sistema judicial que le permitieron concentrar poder sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo de Jueces y Fiscales, lo que debilitó la independencia judicial. También se fomentó una mayor vigilancia sobre los medios de comunicación y los espacios educativos, sentando las bases de un modelo autoritario que se intensificaría en los años siguientes.

Aunque este período no estuvo marcado por una represión violenta a gran escala, sí dio inicio a un desmantelamiento gradual de las garantías democráticas ya un cerco institucional contra las voces disidentes. La creciente polarización ideológica, la cooptación de instituciones y las restricciones a la protesta establecieron las bases para las crisis políticas y represivas que estallarían con fuerza a partir de 2013.

En mayo y junio de 2013, Turquía fue escenario de una de las movilizaciones sociales más grandes y significativas de su historia reciente: las protestas del Parque Gezi. Todo comenzó en Estambul, pero rápidamente se extendió por todo el país. Lo que inició como una pequeña manifestación ambientalista para proteger el parque Gezi, uno de los pocos espacios verdes en el centro de Estambul, se convirtió en una revuelta nacional contra el autoritarismo del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan y el gobierno del AKP.

La chispa que encendió todo fue el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía para desalojar a un pequeño grupo de activistas que estaban acampando en el parque. El lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos, el uso de cañones de agua a presión y la quema de tiendas de campaña desataron una fuerte indignación. En cuestión de días, miles de personas salieron a las calles de Estambul y otras ciudades como Ankara, Esmirna, Adana y Bursa, exigiendo no solo la preservación del parque, sino también el respeto a las libertades civiles, la libertad de prensa y el fin de la creciente represión estatal.

El Estado reaccionó con una represión masiva y brutal. La policía turca empleó una fuerza letal y desproporcionada contra manifestantes pacíficos. Se usaron gases lacrimógenos caducados, balas de goma disparadas a corta distancia, cañones de agua mezclados con químicos irritantes y francotiradores apostados en los techos. La represión fue sistemática, sin hacer distinción entre activistas, transeúntes, periodistas o médico personal.

El resultado fue devastador. Según informes de organizaciones de derechos humanos, al menos 11 personas perdieron la vida, incluyendo a jóvenes manifestantes que fueron golpeados hasta morir o heridos por proyectiles.

Se registraron más de 8.000 heridos, entre los cuales hay decenas de personas que sufrieron trauma ocular permanente debido a disparos en la cara. Además, se llevaron a cabo más de 5.000 detenciones, muchas de ellas sin justificación, y se procesó a cientos de activistas por cargos de terrorismo, incitación o desobediencia civil.

El caso de Berkin Elvan, un joven de 14 años que recibió un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza mientras iba a comprar pan y que falleció tras pasar 269 días en coma, se ha convertido en un símbolo de la violencia del estado. Su muerte en 2014 desató nuevas protestas y profundizó el conflicto social.

Al mismo tiempo, el gobierno aumentó la censura en los medios de comunicación y en el ámbito digital. Las redes sociales fueron bloqueadas temporalmente, algunos canales de televisión optaron por no cubrir las manifestaciones, y periodistas críticos fueron despedidos o perseguidos. El presidente Erdoğan describió a los manifestantes como “vándalos” y “terroristas”, y se negó a establecer cualquier tipo de diálogo.

Las protestas del Parque Gezi marcaron un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y el Estado en Turquía. Aunque finalmente fueron reprimidas, pusieron de manifiesto un profundo descontento social y dieron lugar a una generación de jóvenes activistas comprometidos, así como a una memoria colectiva de resistencia contra el autoritarismo. La represión que se desató durante este tiempo reforzó la imagen de un régimen cada vez más intolerante con la disidencia, y puso a Turquía bajo el ojo crítico internacional por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

La noche del 15 de julio de 2016, Turquía fue escenario de un intento de golpe de Estado llevado a cabo por una facción del ejército que buscaba derrocar al presidente Recep Tayyip Erdoğan y al gobierno del AKP. Tanques bloquearon los puentes en Estambul, aviones militares sobrevolaron Ankara, y se lanzaron ataques contra instituciones clave, como el Parlamento y la sede de la inteligencia nacional. Sin embargo, el intento fue rápidamente sofocado por fuerzas leales al gobierno, después de que Erdoğan hiciera un llamado público a la ciudadanía para que saliera a las llamadas defensora de la democracia.

Aunque el golpe no tuvo éxito, el Estado aprovechó la situación para justificar una represión masiva sin precedentes. Con el pretexto de luchar contra los responsables del intento de golpe a quienes el gobierno acusó de tener vínculos con el movimiento religioso del clérigo exiliado Fethullah Gülen se declaró el estado de emergencia, que se prolongó por más de dos años, y se llevó a cabo una purga profunda en todos los niveles del Estado y la sociedad.

La represión se extendió a diversas áreas como lo militar, lo judicial, la educación, los medios de comunicación y la vida civil. Se calcula que más de 150.000 funcionarios públicos fueron destituidos sin un juicio previo, incluidos jueces, fiscales, maestros, oficiales de policía, militares y profesores universitarios. Además, más de 50.000 personas fueron encarceladas bajo acusación de terrorismo o de haber participado en el golpe, muchas de ellas sin pruebas claras o sin el debido proceso.

Las cárceles se han visto desbordadas, y han surgido denuncias sobre casos sistemáticos de tortura, aislamiento prolongado, violaciones sexuales y tratos inhumanos en los centros de detención. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han recopilado testimonios de detenidos que han sido golpeados, electrocutados y privados de contacto con sus abogados o familiares.Además, cientos de medios de comunicación han sido cerrados, incluyendo periódicos, emisoras de radio, cadenas de televisión y sitios web opositores. Más de 120 periodistas han sido encarcelados, lo que convierte a Turquía en uno de los países con más reporteros tras las rejas en el mundo.

A pesar de que durante el golpe se vivieron enfrentamientos armados, bombardeos y ejecuciones sumarias, la represión que siguió se extendió a personas que no estaban directamente involucradas en los eventos. Esto incluyó a opositores políticos, activistas de derechos humanos, estudiantes y miembros de partidos kurdos. Las cifras de víctimas fatales durante la noche del golpe superaron las 300 personas, a enfrentamientos civiles, golpistas y fuerzas del orden, mientras que más de 2.000 resultaron heridas.

Este período representó un cambio radical en la historia reciente de Turquía. Lo que comenzó como una defensa de la democracia se transformó en una consolidación autoritaria, con graves consecuencias para las libertades civiles, los derechos humanos y el Estado de derecho.

Entre 2018 y 2020, Turquía vivió una crisis económica muy dura que dejó huellas profundas en la sociedad y la política. Durante este tiempo, la lira turca se devaluó rápidamente, la inflación se disparó por encima del 20% y el desempleo aumentó, especialmente entre los jóvenes. Además, el país se enfrentó a un creciente endeudamiento externo. Todo esto tuvo un impacto directo en la calidad de vida de millones de personas, lo que generó un ambiente de descontento que se tradujo en protestas laborales, movilizaciones sindicales y demandas por derechos económicos.

Durante este período, los sectores más activos fueron los sindicatos de trabajadores públicos y del sector salud, así como empleados que fueron despedidos tras el golpe de 2016, trabajadores de la construcción y docentes. En particular, se llevaron a cabo protestas constantes frente a edificios gubernamentales, manifestaciones en universidades y huelgas de hambre lideradas por académicos que exigían su reintegración laboral después de haber sido despedidos a través de decretos de emergencia.

El Estado reaccionó a estas movilizaciones con una política de tolerancia cero, utilizando la fuerza pública, realizando detenciones masivas y aplicando restricciones administrativas. De acuerdo con datos de organizaciones de derechos humanos, entre 2018 y 2020, se registraron más de 3.000 detenciones durante protestas laborales y sindicales, muchas de ellas bajo cargos como “alteración del orden público”, “propaganda terrorista” o “reunión ilegal”.

Una de las figuras más representativas de este período fue la docente Nuriye Gülmen, quien llevó a cabo una huelga de hambre junto al maestro Semih Özakça después de ser despedida de manera injusta. Ambos fueron arrestados, encarcelados y enfrentaron juicios llenos de irregularidades.

Su situación provocó protestas de solidaridad en varias ciudades, las cuales también fueron reprimidas con violencia.

Las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y golpizas para dispersar manifestaciones, incluso cuando estas eran pacíficas y se llevaban a cabo de acuerdo con la ley. Se han documentado casos de personas gravemente heridas por el impacto de proyectiles, y se han denunciado torturas en estaciones policiales, especialmente dirigidas a sindicalistas kurdos y activistas por los derechos laborales.

Además, se ha intensificado el uso de vigilancia y la criminalización digital. Activistas que compartieron contenido sobre protestas en redes sociales fueron llamados por la fiscalía, enfrentaron procesos legales y, en algunos casos, terminaron encarcelados. El gobierno también implementó leyes que restringen el derecho a huelga y declaran ilegales ciertas movilizaciones laborales, especialmente en sectores clave como la aviación, la energía y el transporte.

Aunque no hubo víctimas fatales durante este tiempo, la represión se hizo evidente de manera estructural: despidos masivos, persecuciones judiciales, censura y una constante criminalización de la protesta. La estrategia del Estado fue aplastar cualquier forma de organización que pusiera en duda su modelo económico o que denunciara el deterioro de las condiciones de vida.

Este período mostró que la represión estatal no solo se dirigía contra los movimientos políticos opositores, sino que también afectaba las demandas sociales y laborales más básicas. Esto reforzó el carácter autoritario del gobierno de Erdoğan, quien logró consolidar su poder tras las reformas constitucionales de 2017.