Sudáfrica

Entre 2000 y 2005, Sudáfrica vivió un aumento notable en las protestas comunitarias y sociales en varias provincias del país, especialmente en los barrios periféricos de Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Durban y Port Elizabeth. Estas manifestaciones fueron una respuesta al incumplimiento de las promesas del gobierno post-apartheid, que incluían el acceso a agua potable, electricidad, vivienda digna y empleo. A pesar de la transición democrática que comenzó en 1994, millones de ciudadanos seguían enfrentando condiciones de exclusión extrema, lo que desató una ola de descontento social que se manifestó a través de marchas, bloqueos de carreteras y ocupaciones simbólicas de terrenos y oficinas públicas.

Las protestas fueron impulsadas por comités vecinales, organizaciones populares y movimientos sociales autónomos como la Campaña Anti-Evictions, el Movimiento de Personas Sin Tierra y la Campaña de Acción por el Tratamiento, entre otros. Aunque en su mayoría fueron pacíficas, el Estado sudafricano optó por un enfoque de represión preventiva, donde la policía intervenía rápidamente bajo el pretexto de “mantener el orden público”.

La Policía Sudafricana (SAPS) ha recurrido a tácticas como desalojos forzados, detenciones arbitrarias, y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos, incluso en protestas pacíficas. Muchas de estas acciones se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, afectando a ancianos y niños.

Los operativos fueron especialmente agresivos en los townships y asentamientos informales, donde las protestas por servicios públicos se entrelazaban con demandas por la falta de empleo formal.

Entre 2000 y 2005, se estima que cientos de personas fueron arrestadas durante estas movilizaciones, y se documentaron numerosos heridos por impactos de balas de goma, golpes con bastones policiales y malos tratos en el momento de las detenciones. En algunos casos, los manifestantes estuvieron retenidos por más de 48 horas sin poder acceder a un abogado. Aunque no se registraron oficialmente víctimas mortales en ese periodo, varias organizaciones comunitarias denunciaron casos de represión sistemática, vigilancia y criminalización del liderazgo social.

La respuesta del estado también incluyó la aprobación de ordenanzas municipales restrictivas, que castigaban la realización de asambleas o concentraciones sin un permiso previo. Estas medidas fueron denunciadas por ONG tanto nacionales como internacionales, ya que violaban el derecho a la protesta pacífica que está garantizado por la Constitución sudafricana de 1996.

El impacto acumulado de esta represión fue, por un lado, el debilitamiento temporal de algunos movimientos sociales. Sin embargo, también llevó a la radicalización de otros sectores, que más adelante se convertirían en protagonistas de ciclos de lucha más intensos en años posteriores, como el movimiento estudiantil y las huelgas mineras.

En agosto de 2012, Sudáfrica fue escenario de uno de los momentos más tristes y significativos de represión estatal desde el fin del apartheid: la Masacre de Marikana. Este trágico evento tuvo lugar en la provincia del Noroeste, cuando más de 3.000 trabajadores de la mina de platino de Lonmin comenzaron una huelga indefinida para exigir mejores salarios y condiciones laborales más justas. Los mineros argumentaban que sus ingresos no eran suficientes para vivir, mientras la empresa continuaba generando enormes ganancias. La huelga se llevó a cabo al margen de los sindicatos oficiales, que fueron acusados de estar controlados por intereses empresariales y del gobierno.

La protesta, que comenzó de manera pacífica, fue aumentando en tensión cuando Lonmin se negó a negociar directamente con los trabajadores y el Estado se involucró. El 16 de agosto, después de varios días de movilizaciones y de ocupar el cerro cercano a la mina, la Policía Sudafricana (SAPS) lanzó un operativo con más de 400 agentes, vehículos blindados y munición de guerra. En cuestión de minutos, los policías abrieron fuego con fusiles automáticos contra los manifestantes desarmados, justificando su acción como defensa propia ante una supuesta amenaza. El resultado fue devastador: 34 mineros perdieron la vida, muchos de ellos alcanzados por disparos en la espalda mientras intentaban escapar. Al menos 78 personas resultaron gravemente heridas. Además, más de 250 trabajadores fueron arrestados, y algunos denunciaron haber sufrido torturas, tratos crueles y humillaciones en los centros de detención.

Las imágenes capturadas por medios de comunicación y organizaciones internacionales mostraron una ejecución sistemática, algo que fue desmentido por las primeras versiones oficiales que intentaron justificar la masacre como un “enfrentamiento armado”.

La reacción del público fue instantánea. Este evento se comparó con las peores represiones del apartheid y simbolizó una ruptura con el ideal democrático que se había establecido después de 1994. El gobierno del entonces presidente Jacob Zuma formó la Comisión Farlam para investigar lo sucedido, y sus hallazgos, que se publicaron en 2015, confirmaron que la policía actuó de manera ilegal, desproporcionada y con intención de causar daño. Sin embargo, hasta ahora, ningún alto oficial ha sido condenado por los homicidios, lo que refuerza un ambiente de impunidad en torno a la represión estatal.

Las víctimas y sus familias no solo tuvieron que lidiar con el dolor de la pérdida, sino que también enfrentaron una serie de obstáculos legales, largas demoras en la reparación y una criminalización que llegó después. Muchas de ellas siguen esperando justicia más de diez años después. La masacre reveló la militarización de la fuerza pública, la criminalización del derecho a huelga y cómo el Estado se ha subordinado a los intereses corporativos, en un país que ya enfrenta una de las mayores desigualdades del mundo.

En 2015 y 2016, Sudáfrica fue el escenario de una gran movilización universitaria conocida como #FeesMustFall, que se convirtió en una de las protestas estudiantiles más significativas de la historia reciente del país. Este movimiento nació como respuesta al anuncio del aumento de las matrículas universitarias por parte del gobierno y las instituciones públicas, lo que ponía en riesgo la inclusión en el sistema de educación superior de miles de estudiantes de bajos recursos, en su mayoría afrodescendientes. Las protestas fueron lideradas principalmente por jóvenes de universidades como Wits, la Universidad de Ciudad del Cabo, Rhodes, Pretoria y Stellenbosch, y se extendieron a más de 20 campus en todo el país.

Sin embargo, el movimiento #FeesMustFall rápidamente fue más allá de simplemente pedir la gratuidad en la educación. Se transformó en una lucha profunda contra el racismo institucional, la desigualdad económica y la exclusión educativa. Los estudiantes no solo demandaban acceso económico, sino también una revisión completa de los contenidos curriculares, el cese de las prácticas discriminatorias, la dignificación del personal subcontratado y una mayor representación política en las decisiones universitarias.

La reacción del Estado y de las autoridades universitarias fue extremadamente represiva. En lugar de fomentar el diálogo, decidieron militarizar los campus, pidiendo incluso la intervención de la Policía Sudafricana (SAPS) y, en algunos casos, del ejército. Las fuerzas del orden recurrieron al uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma, granadas aturdidoras y llevaron a cabo detenciones masivas para dispersar a los manifestantes. Se vivieron enfrentamientos diarios, desalojos forzados y patrullajes armados dentro de las instituciones educativas. Entre 2015 y 2016, se estima que más de 600 estudiantes fueron arrestados por su participación en las protestas. Muchos de ellos enfrentaron acusaciones de vandalismo, incitación al desorden público e incluso terrorismo.

La mayoría de estas detenciones fueron arbitrarias y afectaron especialmente a líderes estudiantiles, quienes luego tuvieron que lidiar con largos procesos judiciales, la suspensión de sus estudios y la estigmatización pública. En cuanto a la violencia física, decenas de jóvenes resultaron heridos, algunos con fracturas, quemaduras y lesiones en el rostro debido a impactos de balas de goma y granadas.

Uno de los casos más destacados fue el de Mcebo Dlamini, quien lideró el movimiento en Wits. Fue arrestado en su residencia universitaria, esposado y arrastrado frente a las cámaras. Organismos de derechos humanos denunciaron abusos policiales sistemáticos, tortura psicológica y la negación de garantías procesales.

A pesar de la represión, el movimiento logró importantes avances: se congelaron los aumentos de matrícula en 2016, se dio mayor visibilidad al racismo en la educación, y se generó un debate nacional sobre la deuda estudiantil. Sin embargo, muchos activistas todavía enfrentan procesos legales, y la mayoría de los agentes de policía involucrados en las agresiones no han sido sancionados.

El movimiento #FeesMustFall puso de manifiesto que, en el contexto democrático de Sudáfrica, el derecho a protestar pacíficamente seguía siendo visto como una amenaza, especialmente cuando lo ejercían jóvenes negros organizados. La represión en el ámbito educativo provocó un fuerte cuestionamiento hacia el gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC) y socavó su legitimidad entre las nuevas generaciones.

En julio de 2021, Sudáfrica vivió una de las crisis de orden público más serias desde que terminó el apartheid. Todo comenzó con el arresto del expresidente Jacob Zuma, quien fue condenado a 15 meses de prisión por desacato al Tribunal Constitucional, después de negarse a presentarse ante una comisión que investigaba casos de corrupción durante su tiempo en el cargo. La detención de Zuma, que contó con el apoyo de las élites judiciales y de algunos sectores del Congreso Nacional Africano (ANC), fue vista por muchos como una persecución política y un claro reflejo de la desconexión entre el poder y las clases populares.

El arresto desató una ola masiva de disturbios en las provincias de KwaZulu-Natal, el bastión de Zuma, y Gauteng, que incluye a Johannesburgo. Estos disturbios fueron alimentados por años de desigualdad, desempleo juvenil, inseguridad alimentaria y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Aunque las movilizaciones comenzaron como manifestaciones políticas, rápidamente se transformaron en saqueos, incendios, bloqueos de carreteras y ataques a centros comerciales e infraestructuras. Se estima que más de 50,000 personas participaron directamente en estos disturbios.

La respuesta del Estado fue muy militarizada. El presidente Cyril Ramaphosa dio luz verde para que más de 25,000 soldados y policías se desplegaran, encargándose de patrullas, detenciones, disuasión e incluso represión directa. A pesar de los llamados a la calma, la operación de seguridad se destacó por el uso desmedido de la fuerza, especialmente en los barrios más pobres, y por la criminalización masiva de los participantes, muchos de los cuales no estaban involucrados en actos violentos.

El saldo fue devastador. Según el informe oficial del gobierno sudafricano y de varias organizaciones de derechos humanos, más de 300 personas perdieron la vida durante los disturbios. Muchas de estas muertes se debieron a estampidas, incendios, asfixias o disparos en circunstancias que aún no se han aclarado. Además, se registraron más de 3.000 detenciones, la mayoría de las cuales no contaron con un proceso judicial garantizado. Esto incluye a menores de edad, trabajadores informales y personas que simplemente estaban recogiendo alimentos.

La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) ha documentado numerosos casos de abuso policial, que incluyen golpizas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales en comunidades de bajos recursos y discriminación racial en la aplicación del control territorial. En algunos vecindarios, como Phoenix, se ha denunciado la formación de patrullas civiles armadas, muchas de las cuales están vinculadas a ideologías supremacistas. Estas patrullas han actuado con la tolerancia de las autoridades, lo que ha llevado a masacres en las comunidades.

Aunque el Estado defendió su intervención como necesaria para restaurar el orden, varios sectores sociales y organismos internacionales han señalado que el gobierno no solo falló en prevenir la violencia, sino que también en asegurar una respuesta que respetara los derechos humanos. La represión excesiva solo ha puesto de manifiesto las profundas fracturas estructurales del país, donde la pobreza, la exclusión y la falta de representación democrática continúan siendo fuentes de inestabilidad.