Reino Unido

El 15 de febrero de 2003, el Reino Unido vivió una de las movilizaciones más impresionantes de su historia reciente, cuando entre 1 y 2 millones de personas se unieron en las calles de Londres para protestar contra la inminente invasión de Irak por parte de Estados Unidos, con el apoyo del entonces primer ministro británico, Tony Blair. Organizada por la coalición Stop the War, junto a sindicatos, grupos religiosos y organizaciones de derechos humanos, esta marcha formó parte de un movimiento global sin precedentes que tuvo lugar simultáneamente en más de 600 ciudades alrededor del mundo. El objetivo era frenar la intervención militar, que se justificaba con la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, cuya existencia nunca se llegó a comprobar.

El ambiente social estaba cargado de tensión: amplios sectores de la sociedad británica incluyendo artistas, académicos, políticos opositores y exmiembros del cuerpo diplomático se unían en protesta contra lo que consideraban una decisión unilateral y en contra del derecho internacional. La marcha se desplazó desde Hyde Park hasta Whitehall, cerca de la sede del Parlamento, y se llevó a cabo con una impresionante organización logística y una actitud mayormente pacífica y cívica. A pesar de la gran cantidad de asistentes, no se reportaron incidentes violentos significativos por parte de los manifestantes. La respuesta del Estado británico fue medida y no represiva. La Policía Metropolitana de Londres optó por una estrategia de acompañamiento y contención, evitando el uso de fuerza letal o tácticas agresivas como el kettling o las cargas policiales, que sí se han visto en otras manifestaciones posteriores. Sin embargo, hubo una fuerte presencia de efectivos, así como helicópteros de vigilancia y cámaras de monitoreo en puntos estratégicos.

Se realizaron algunos arrestos aislados por desobediencia civil, pero no se llevó a cabo una represión directa ni se registraron enfrentamientos significativos.

En cuanto a las víctimas, afortunadamente no hubo muertos ni heridos graves debido a la actuación policial. Además, no se registraron casos de trauma ocular, detenciones masivas ni uso excesivo de la fuerza, lo que hace que esta protesta se diferencie de otras movilizaciones recientes en el Reino Unido. Sin embargo, varias organizaciones, como Liberty UK y Stop the War Coalition, han expresado su preocupación por la vigilancia sistemática de activistas antes y después de la protesta. Esto incluye la recopilación de datos de los participantes, el monitoreo de correos electrónicos y el seguimiento de comunicaciones, lo que ha suscitado críticas sobre la ampliación de los poderes del Estado bajo el argumento de la seguridad nacional tras el 11 de septiembre.

Aunque ese día no hubo represión directa en las calles, la falta de una respuesta política por parte del gobierno, que ignoró la voz de millones de ciudadanos, creó una profunda fractura de confianza entre la sociedad civil y las instituciones. A largo plazo, esta protesta se convirtió en un hito en la historia del activismo británico, simbolizando tanto la fuerza de la movilización pacífica como la frustración ante un sistema político que se percibe como impermeable al mandato popular.

Durante los años 2010 y 2011, el Reino Unido vivió una intensa ola de protestas estudiantiles en respuesta a la decisión del gobierno de coalición, formado por los conservadores y los liberal-demócratas, liderado por David Cameron y Nick Clegg. Esta decisión de triplicar las tasas de matrícula universitaria en Inglaterra, llevándolas de £3,000 a hasta £9,000 al año, fue vista como una traición por parte de los liberal-demócratas, quienes habían prometido lo contrario durante su campaña. Esto provocó una movilización masiva del sector estudiantil, que contó con el apoyo de profesores, sindicatos y movimientos sociales.

El 10 de noviembre de 2010, más de 50,000 estudiantes se reunieron en Londres para una de las manifestaciones estudiantiles más grandes en décadas. La protesta comenzó de manera pacífica, pero un grupo de manifestantes decidió entrar en el edificio del Partido Conservador en Millbank Tower, lo que sirvió como excusa para que la policía endureciera su respuesta en las movilizaciones posteriores. Durante las protestas del 24 y 30 de noviembre, y especialmente el 9 de diciembre de 2010, cuando el Parlamento estaba votando sobre la ley del aumento de tasas, la represión alcanzó niveles sin precedentes en la historia reciente del Reino Unido.

La Policía Metropolitana de Londres (Met) implementó tácticas estrictas para controlar a las multitudes, incluyendo el controvertido método de “kettling” (encapsulamiento prolongado), que mantuvo a miles de manifestantes atrapados durante horas sin acceso a servicios básicos. También se utilizaron cargas a caballo, bastones extensibles, escudos y fuerza física directa.

Varios manifestantes fueron golpeados en la cabeza y el torso sin previo aviso, y se impidió deliberadamente el acceso a los servicios médicos de emergencia.

Entre las víctimas más destacadas se encuentra Alfie Meadows, un estudiante de filosofía que sufrió un grave traumatismo craneoencefálico después de recibir un golpe de porra en la cabeza durante una carga policial. Fue llevado de urgencia al hospital, donde le realizaron una cirugía para salvarle la vida. Otros estudiantes también sufrieron fracturas, contusiones, desmayos y crisis de ansiedad, además de hipotermia y deshidratación debido al uso intensivo del kettling en pleno invierno. Se reportaron más de 200 heridos a lo largo de las diferentes jornadas de protesta.

En lo que respecta a las detenciones, se documentaron al menos 300 arrestos entre noviembre de 2010 y marzo de 2011. Esto incluye a menores de edad y estudiantes universitarios que no tenían antecedentes. Algunos enfrentaron cargos penales por delitos menores, como “desorden público” o “resistencia a la autoridad”, mientras que otros fueron detenidos de manera preventiva o registrados para un seguimiento posterior.

Libertad, denunciaron el uso excesivo de la fuerza, la criminalización del derecho a protestar y la impunidad de los oficiales que participaron en las agresiones, subrayando que no se realizó una rendición de cuentas efectiva por las violaciones documentadas. A pesar del impacto social que tuvieron las protestas, el Parlamento aprobó el aumento de las matrículas, lo que consolidó un sistema de educación superior cada vez más inaccesible para las clases trabajadoras.

Entre 2019 y 2020, el Reino Unido se convirtió en el epicentro de una nueva ola de movilización ambientalista, impulsada por el movimiento internacional Extinction Rebellion (XR). Fundado en 2018 en el Reino Unido, XR promueve acciones de desobediencia civil no violenta para exigir a los gobiernos que reconozcan la emergencia climática, reduzcan las emisiones de carbono a cero neto y establezcan asambleas ciudadanas para decidir sobre políticas ambientales. A diferencia de las marchas tradicionales, Extinction Rebellion optó por tácticas disruptivas, como bloqueos prolongados, ocupaciones de espacios públicos, sentadas masivas, intervenciones artísticas y bloqueos de infraestructuras críticas, incluyendo puentes, bancos, ministerios y estaciones de transporte.

Las acciones más significativas tuvieron lugar en abril y octubre de 2019, así como en septiembre de 2020, con Londres como epicentro, aunque también se extendieron a ciudades como Manchester, Bristol, Cardiff y Glasgow. En abril de 2019, el grupo ocupó durante varios días lugares emblemáticos como Oxford Circus, Marble Arch, Waterloo Bridge y el área del Parlamento, captando la atención tanto a nivel nacional como internacional. La protesta se caracterizó por su carácter mayormente pacífico, con un fuerte énfasis en la no violencia activa, y contó con la participación de ancianos, familias, artistas, científicos y activistas climáticos.

La respuesta del Estado británico, sin embargo, se volvió cada vez más represiva. Al principio, la policía permitió que XR tuviera cierto margen de acción, pero a medida que sus acciones ganaban visibilidad e impacto, tanto el gobierno como la Policía Metropolitana adoptaron una postura más severa. En octubre de 2019, la Met utilizó la Ley de Orden Público para declarar ilegal cualquier reunión de XR en todo Londres, una decisión que más tarde fue considerada inconstitucional por los tribunales. Las autoridades también recurrieron a detenciones masivas, vigilancia digital, infiltración de agentes encubiertos y restricciones generales que, de facto, limitaron el derecho a protestar.

Se estima que durante las protestas de octubre de 2019, más de 1.800 personas fueron arrestadas, la mayoría por desobediencia civil, bloqueo de vías o por negarse a dispersarse. Aunque no se registraron homicidios ni lesiones graves en gran medida, sí se reportaron casos de maltrato durante los arrestos, así como lesiones menores por empujones, fracturas y un uso excesivo de esposas. En varios casos, los manifestantes fueron detenidos por más de 24 horas sin acceso inmediato a representación legal. También se documentaron situaciones en las que activistas con discapacidades fueron tratados de manera desproporcionada o negligente durante las detenciones.

Aunque no se reportaron casos de trauma ocular ni se utilizó armamento letal, varias organizaciones, como Liberty UK y Amnesty International, han expresado su preocupación por el uso desmedido de la ley contra manifestantes pacíficos y los riesgos de establecer precedentes que restrinjan el derecho a la protesta pacífica. Al mismo tiempo, los tribunales británicos han comenzado a liberar a muchos activistas detenidos, reconociendo que sus acciones estaban motivadas por un interés legítimo en la defensa del medio ambiente y el ejercicio de su derecho a protestar.

El ciclo de movilización de XR marcó un hito significativo en el Reino Unido, no solo por su capacidad de ejercer presión, sino también porque logró que el Parlamento británico declarara formalmente la emergencia climática en mayo de 2019, aunque sin compromisos inmediatos que sean vinculantes. Además, puso de manifiesto las limitaciones del sistema legal y policial ante formas de protesta que van más allá de los marcos tradicionales, reavivando el debate sobre los derechos civiles, la libertad de expresión y el activismo climático.

En junio de 2020, el Reino Unido se unió al movimiento global Black Lives Matter tras el trágico asesinato de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos. La indignación que provocó este crimen resonó con fuerza en el Reino Unido, donde las denuncias sobre el racismo estructural, la brutalidad policial y la desigualdad racial en el sistema de justicia, la educación y el empleo son temas de larga data. Miles de personas, en su mayoría jóvenes negros, asiáticos y aliados antirracistas, salieron a las calles en ciudades como Londres, Birmingham, Manchester, Bristol, Cardiff y Glasgow, entre otras. Las manifestaciones no solo pedían justicia para Floyd, sino también reformas significativas en la policía británica, un reconocimiento del racismo sistémico y una reparación histórica por el legado colonial.

Las protestas fueron, en su mayoría, pacíficas, aunque hubo momentos de tensión con las fuerzas del orden, especialmente cerca de edificios gubernamentales, embajadas y monumentos que recuerdan el pasado colonial y esclavista británico. Uno de los momentos más simbólicos fue el derribo de la estatua de Edward Colston en Bristol, un comerciante de esclavos del siglo XVII, que fue arrojada al río por manifestantes el 7 de junio de 2020. Este acto desató un intenso debate a nivel nacional sobre la memoria histórica, la justicia racial y el patrimonio público.

La respuesta del Estado británico y de las fuerzas policiales fue un tanto ambigua. En algunos eventos, la policía permitió que las manifestaciones se llevaran a cabo sin confrontaciones, mientras que en otras ciudades, la Policía Metropolitana y otras fuerzas regionales optaron por tácticas más agresivas de disuasión y control. Esto incluyó formaciones cerradas, arrestos por desobediencia civil, uso de la fuerza física, empujones, golpes con bastón y detenciones preventivas. La táctica del “kettling” (encapsulamiento de multitudes) se utilizó en varias ocasiones, a pesar de ser polémica y de sus efectos en la salud física y emocional de los manifestantes.

Entre junio y agosto de 2020, se registraron alrededor de 260 arrestos relacionados con las protestas de BLM en el Reino Unido. Aunque la mayoría de las personas fueron liberadas sin cargos, algunas enfrentaron juicios por alteración del orden público o desobediencia a la autoridad. También se reportaron decenas de heridos, muchos de ellos debido a caídas por empujones, fracturas por impactos y problemas respiratorios por la exposición a gases lacrimógenos, aunque en menor medida. No se documentaron muertes ni casos masivos de trauma ocular, pero sí se denunciaron agresiones físicas innecesarias, especialmente contra jóvenes de comunidades racializadas.

Organizaciones como Liberty UK, Amnesty International UK y Netpol (Network for Police Monitoring) han señalado un preocupante patrón de vigilancia selectiva y un uso excesivo de la fuerza durante las protestas lideradas por minorías étnicas. Además, han criticado la criminalización del activismo antirracista. También se han denunciado intentos del gobierno por endurecer las leyes que protegen el derecho a la protesta, en parte como respuesta a las acciones de BLM y otros movimientos contemporáneos como Extinction Rebellion.

Las protestas de BLM han dejado una marca significativa en el debate público en el Reino Unido. Han impulsado revisiones en las instituciones, la creación de nuevas guías sobre nombres y monumentos históricos, y han dado inicio a procesos locales de reconciliación simbólica y reconocimiento del racismo sistémico. Sin embargo, muchas de las demandas estructurales relacionadas con la policía y el acceso equitativo a derechos siguen sin ser atendidas.