Perú

En julio del año 2000, Perú fue escenario de una de las movilizaciones ciudadanas más importantes de su historia reciente: la Marcha de los Cuatro Suyos. Esta masiva protesta se organizó en contra de la tercera reelección de Alberto Fujimori, que muchos consideraban ilegítima y resultado de un proceso electoral lleno de irregularidades. La marcha tomó su nombre de los cuatro “suyos” del Tahuantinsuyo incaico, simbolizando la unidad de las regiones en su rechazo al régimen autoritario. Miles de ciudadanos de diversas partes del país se dirigieron a Lima, liderados por el entonces candidato presidencial Alejandro Toledo, junto a organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos opositores, sindicatos, estudiantes y movimientos sociales.

El ambiente político era extremadamente tenso: el gobierno de Fujimori se enfrentaba a graves acusaciones de corrupción, violaciones de derechos humanos y un control autoritario sobre los poderes del Estado, todo bajo la influencia de su asesor Vladimiro Montesinos. La Marcha de los Cuatro Suyos se organizó como un acto pacífico de resistencia democrática. Sin embargo, el 27 de julio, durante el segundo día de las manifestaciones, se provocó un incendio intencional en el edificio del Banco de la Nación en el Cercado de Lima. Las investigaciones posteriores relacionaron este acto de sabotaje con agentes encubiertos del propio Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con el objetivo de justificar una represión masiva contra los manifestantes y desacreditar el movimiento. La respuesta del estado fue rápida y brutal. La Policía Nacional, junto con grupos de choque afines al régimen, atacaron a miles de personas que se encontraban en el centro de Lima, dispersando las protestas con un uso desmedido de gases lacrimógenos, golpes con bastones, detenciones arbitrarias y, en algunos casos, disparos.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú, al menos seis personas perdieron la vida durante esta represión, incluyendo a trabajadores que estaban dentro del edificio que se incendió, así como a manifestantes que fueron alcanzados por la violencia policial. Cientos resultaron heridos y más de 100 fueron arrestados, algunos de ellos incomunicados y sin acceso a defensa legal.

Testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos y la propia CVR han revelado que varios de los detenidos sufrieron torturas tanto físicas como psicológicas, y que muchos de los heridos enfrentan secuelas permanentes. Aunque no se cuenta con una cifra exacta de víctimas de trauma ocular, se han documentado lesiones graves en la cabeza, rostro y extremidades debido al uso de perdigones y proyectiles disparados a corta distancia por la policía. Además, se ha denunciado la participación de civiles armados que operan junto a la policía, lo que pone de manifiesto el uso sistemático de la violencia como herramienta de control político por parte del régimen.

Este episodio marcó uno de los últimos actos represivos del fujimorismo antes de su colapso definitivo. Pocos meses después, tras la difusión de los primeros “vladivideos” que destaparon la compra de congresistas y el funcionamiento del sistema de corrupción estatal, Fujimori se vio obligado a huir del país y renunció por fax desde Japón. La Marcha de los Cuatro Suyos, a pesar de la represión, se convirtió en un hito histórico como una masiva expresión de resistencia ciudadana contra la dictadura y un momento crucial en la recuperación del proceso democrático en Perú.

Durante los años 2011 y 2012, la región de Cajamarca, en el norte de Perú, fue testigo de intensas movilizaciones sociales en contra del proyecto minero Conga. Este proyecto, impulsado por la empresa Yanacocha una de las mayores mineras de oro en Sudamérica junto con el gigante estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, tenía un valor de más de 4.800 millones de dólares. La propuesta incluía la extracción de minerales a gran escala en áreas críticas, lo que amenazaba de manera directa e irreversible las lagunas altoandinas que proveían agua a las comunidades campesinas. Para los habitantes locales, esto representaba un riesgo inminente para sus recursos hídricos, su actividad agrícola y, en definitiva, su forma de vida.

El gobierno de Ollanta Humala, que durante su campaña electoral había prometido cuidar el medio ambiente y dar prioridad al agua en lugar del oro, cambió de rumbo al asumir el poder y adoptó una postura más favorable hacia la inversión minera. Ante la creciente oposición en la región, el Estado optó por una estrategia de represión y militarización del conflicto. A finales de 2011, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca, limitando las libertades civiles y permitiendo el despliegue de fuerzas militares y policiales con poderes excepcionales.

Las manifestaciones, lideradas por comunidades campesinas, rondas indígenas, defensores del medio ambiente, organizaciones sociales y autoridades locales, fueron brutalmente reprimidas. En julio de 2012, durante un paro regional indefinido, estallaron enfrentamientos en la provincia de Celendín, donde agentes de la Policía Nacional y del Ejército abrieron fuego contra manifestantes desarmados.

Como consecuencia directa de esta represión, cinco personas perdieron la vida tres en Celendín, una en Bambamarca y otra más en los días siguientes, todas a causa de disparos.

Además, se reportaron más de 150 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves causadas por perdigones, golpes con bastones y disparos a quemarropa. Varios de los heridos sufrieron lesiones faciales permanentes, aunque no se estableció un registro formal de víctimas de trauma ocular. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron que, además de las muertes, hubo detenciones arbitrarias, tortura física a los detenidos e incluso agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo la protesta.

El uso de la fuerza letal ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organismos tanto nacionales como internacionales, que han calificado la actuación del estado como desproporcionada y sin los protocolos de control democrático necesarios. El conflicto socioambiental de Conga puso de manifiesto la falta de mecanismos efectivos para la consulta y participación, así como la subordinación del aparato estatal a los intereses extractivos, sacrificando los derechos de las comunidades campesinas. A pesar de la violencia y los intentos de criminalizar a los líderes sociales, la resistencia fue tan fuerte que en 2016, la empresa Yanacocha decidió suspender indefinidamente el proyecto Conga. Este hecho se convirtió en una de las pocas victorias emblemáticas del movimiento socioambiental en Perú.

Entre 2015 y 2016, el sur de Perú, especialmente la provincia de Islay en la región de Arequipa, se convirtió en el escenario de una intensa confrontación social debido al rechazo al proyecto minero Tía María, impulsado por la empresa Southern Copper Corporation, que forma parte del Grupo México. Este proyecto buscaba establecer una mina a cielo abierto en el valle del Tambo, una zona predominantemente agrícola. Esto provocó una fuerte oposición de agricultores, comerciantes, ambientalistas y ciudadanos preocupados por la posible contaminación del agua, la tierra y el aire, así como por el riesgo de colapso del modelo económico local, que se basa en la agricultura.

Las protestas comenzaron en marzo de 2015 con un paro indefinido liderado por el Frente de Defensa del Valle de Tambo. Las movilizaciones incluyeron marchas, bloqueos de carreteras, plantones frente a edificios públicos y vigilias campesinas. El gobierno del entonces presidente Ollanta Humala, al igual que en el caso Conga, tomó una postura favorable hacia la inversión minera, enviando fuerzas policiales y militares a la región para “restablecer el orden”.

La respuesta del estado fue extremadamente represiva. En varios episodios de confrontación, la Policía Nacional del Perú utilizó armas de fuego, perdigones de metal, gases lacrimógenos y balas de goma. Las acciones represivas no hicieron distinción entre manifestantes pacíficos y actos violentos aislados, creando un ambiente de violencia indiscriminada contra la población civil.

En 2015, al menos seis personas perdieron la vida, la mayoría debido a disparos durante enfrentamientos en los distritos de Cocachacra y Mollendo. Entre las víctimas, había un menor. Además, más de 200 personas resultaron heridas, muchas con lesiones en la cabeza, el tórax y la cara, a causa del uso indebido de perdigones y gases lanzados a corta distancia. Varios informes de ciudadanos y médicos señalaron casos de trauma ocular permanente, aunque no se estableció una cifra oficial. La Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la falta de protocolos y el uso excesivo de la fuerza, además de señalar una criminalización del liderazgo social, con múltiples procesos penales abiertos contra los dirigentes del valle.

A lo largo de 2016, aunque las protestas fueron disminuyendo en intensidad, continuaron manifestándose a través de asambleas, campañas informativas y acciones legales. Este conflicto dejó profundas divisiones entre el Estado y la sociedad local, al poner de manifiesto una política que prioriza el extractivismo sobre los derechos territoriales y ambientales de las comunidades. Aunque el proyecto Tía María no fue oficialmente cancelado, su ejecución se suspendió indefinidamente debido a la resistencia constante de la población local.

En noviembre de 2020, Perú fue escenario de una de las movilizaciones ciudadanas más intensas que ha visto en su historia democrática reciente, todo como respuesta a la destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso. Esta decisión fue vista por muchos como un verdadero golpe parlamentario, lo que desató una ola de indignación en todo el país. En cuestión de horas, miles de personas principalmente jóvenes salieron a las calles en Lima y en diversas regiones, exigiendo la restauración de la democracia, la renuncia del entonces presidente designado Manuel Merino, y el cierre del Congreso.

Las protestas, que se organizaron de manera espontánea a través de las redes sociales y sin líderes tradicionales, fueron en su mayoría pacíficas y contaron con una gran afluencia de estudiantes, grupos ciudadanos, artistas y profesionales. Las concentraciones más masivas se llevaron a cabo en el centro histórico de Lima, especialmente en la Plaza San Martín y sus alrededores. La reacción del Estado fue excesiva y violenta. La Policía Nacional del Perú (PNP), actuando sin coordinación con otras entidades del gobierno, envió unidades fuertemente armadas y utilizó gases lacrimógenos, escopetas con perdigones, armas de fuego y granadas aturdidoras contra manifestantes pacíficos.

Según informes de organizaciones de derechos humanos, se dispararon perdigones directamente al cuerpo y al rostro, lo que constituye una violación de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

El saldo de la represión fue devastador. El 14 de noviembre, durante la segunda marcha nacional, dos jóvenes, Inti Sotelo Camargo (24 años) y Bryan Pintado Sánchez (22 años), perdieron la vida a causa de disparos policiales en el pecho y la cabeza. Además, más de 200 personas resultaron heridas, muchas de ellas con traumas oculares, fracturas, contusiones y heridas penetrantes. Al menos 11 personas sufrieron lesiones oculares permanentes, según informes médicos y denuncias de colectivos como Ojo Público y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. También se registraron más de 60 detenciones arbitrarias, algunas de las cuales incluyeron agresiones, amenazas sexuales y tortura psicológica.

Varios periodistas también sufrieron agresiones por parte de la policía mientras cubrían los acontecimientos, y se reportó el uso de agentes infiltrados para provocar la violencia y justificar la represión. La gravedad de los abusos y la presión de la ciudadanía provocaron una respuesta política inmediata: el 15 de noviembre, Manuel Merino renunció a la presidencia, apenas cinco días después de haber asumido el cargo.

Las protestas de noviembre de 2020 marcaron un antes y un después en la política peruana: no solo lograron derrocar a un gobierno transitorio que carecía de legitimidad, sino que también reafirmaron el papel crucial de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes, en la defensa de la democracia. Sin embargo, la falta de justicia por los abusos ocurridos durante esos días sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado peruano.