Myanmar

En 2007, Myanmar se encontraba en medio de una grave crisis económica y social, bajo el estricto control de la junta militar que gobernaba, conocida como el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, liderado por el general Than Shwe. Aunque había algunos indicios de una apertura limitada, el país seguía atrapado en un régimen autoritario, marcado por la represión sistemática de la disidencia, la censura de los medios de comunicación y una corrupción profundamente arraigada. La pobreza generalizada, la escasez de servicios básicos y una economía que había colapsado tras años de aislamiento internacional, alimentaban un creciente descontento entre la población.

El desencadenante inmediato de las protestas fue la abrupta eliminación de los subsidios estatales al combustible, lo que llevó a un aumento de hasta un 500% en los precios del transporte y la energía. Esta decisión impactó de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, haciendo casi imposible la movilidad diaria, el comercio informal y el acceso a alimentos. La población, ya empobrecida, comenzó a manifestarse de manera espontánea en las calles. Sin embargo, lo que transformó esta crisis en una movilización nacional fue la participación de los monjes budistas en las protestas. Los monjes, considerados autoridades morales en la sociedad birmana, se unieron no solo por solidaridad con el pueblo, sino también como respuesta directa a las agresiones que algunos de sus miembros habían sufrido en manifestaciones anteriores.

Las manifestaciones, que se llevaron a cabo de manera pacífica, tomaron la forma de procesiones religiosas, llenas de cánticos budistas, discursos por la paz y llamados a la justicia social. El color azafrán de las túnicas de los monjes se convirtió en un símbolo poderoso del movimiento.

En ciudades como Rangún, Mandalay y Pakokku, miles de personas siguieron a los monjes por las calles, desafiando el miedo que había sido impuesto durante décadas de dictadura. Esta unión entre el clero y la sociedad civil representó un desafío sin precedentes para la autoridad del régimen, ya que socavaba la legitimidad religiosa que el gobierno había intentado cooptar a lo largo de la historia.

La participación de los monjes transformó por completo la forma en que el mundo veía el conflicto, forzando a la junta militar a tomar una decisión crucial: ceder a las demandas o reaccionar con violencia. Elegieron la segunda opción. La brutal represión que siguió no solo dejó un trágico saldo de muertos y heridos, sino que también provocó el colapso del movimiento en cuestión de semanas, gracias a la violencia desmedida, las detenciones masivas y el miedo que se reinstauró. A pesar de todo, la Revolución Azafrán dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del país y se considera un hito fundamental en las luchas democráticas que vinieron después, incluyendo el movimiento de desobediencia civil que surgió tras el golpe de Estado de 2021.

Desde 2011, Myanmar ha vivido una transición política sin precedentes después de décadas bajo una dictadura militar. El general Thein Sein, quien pasó de ser militar a presidente civil, tomó las riendas del país con un nuevo gobierno que se presentaba como democrático, aunque las elecciones fueron muy cuestionadas por la comunidad internacional. A pesar de esto, surgieron esperanzas de cambio, ya que se anunciaron reformas graduales en áreas como la libertad de prensa, la liberalización económica y la participación política. Se permitió parcialmente el derecho a manifestarse, se liberaron a algunos presos políticos y se abrió la puerta a organizaciones internacionales, marcando el comienzo de una etapa de apertura que, aunque limitada, fue significativa.

Durante este tiempo, varios sectores de la sociedad empezaron a reorganizarse y a salir a las calles. Las manifestaciones se enfocaron principalmente en demandas laborales, derechos territoriales, reclamos por desplazamientos forzados y denuncias contra proyectos extractivos que se promovieron sin una consulta previa. En Rangún y otras ciudades importantes, trabajadores de fábricas textiles, campesinos y estudiantes universitarios lideraron marchas pacíficas pidiendo mejores condiciones laborales, la restitución de tierras y reformas educativas. En particular, el movimiento estudiantil ganó fuerza en 2014 y 2015 con movilizaciones en contra de la Ley de Educación Nacional, que se consideraba restrictiva, centralista y excluyente.

A pesar de lo que se dijo en el discurso de apertura, el gobierno recurrió a tácticas de represión selectiva para manejar las protestas. Aunque no se usó munición real de manera sistemática como en 2007 o 2021, se enviaron fuerzas antidisturbios que utilizaron gas lacrimógeno, realizaron detenciones preventivas y vigilaron a líderes sociales. En 2015, la represión contra los estudiantes que marchaban de Mandalay a Rangún llevó a enfrentamientos violentos en Letpadan, donde más de 100 manifestantes fueron golpeados y arrestados. Los informes de organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza, torturas durante la detención y restricciones al debido proceso.

En lo que respecta a las víctimas, aunque el número de muertes por represión directa fue relativamente bajo en comparación con otros momentos históricos, se registraron decenas de personas heridas, al menos 200 detenidos por razones políticas entre 2011 y 2015, y varios casos de criminalización del liderazgo estudiantil y campesino. Durante este periodo, no se documentaron víctimas con trauma ocular, pero sí se reportaron contusiones severas, lesiones por impacto de proyectiles antidisturbios y secuelas psicológicas debido a la persecución política. Esta etapa dejó claro que, a pesar de la apariencia de reformas, el aparato represivo del Estado continuaba funcionando con total impunidad, especialmente cuando las demandas sociales desafiaban los intereses militares y económicos del régimen.

En 2017, Myanmar captó la atención del mundo por una de las crisis humanitarias más devastadoras del siglo XXI: la limpieza étnica contra la comunidad musulmana rohinyá, que se encuentra principalmente en el estado de Rakhine. Este conflicto tiene raíces profundas en décadas de discriminación estructural, negación de derechos de ciudadanía y una persecución sistemática por parte del gobierno birmano. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en agosto de 2017, cuando el ejército (Tatmadaw) lanzó una ofensiva militar masiva en respuesta a ataques coordinados de un grupo armado rohinyá. La reacción fue desproporcionada y brutal: se incendiaron aldeas enteras, se llevaron a cabo asesinatos extrajudiciales, violaciones masivas y expulsiones forzadas que obligaron a más de 700,000 personas a huir hacia Bangladesh.

Mientras la comunidad internacional denunciaba estas acciones como posibles crímenes de lesa humanidad o genocidio, dentro del país estallaron protestas de ciudadanos y activistas por los derechos humanos que clamaban contra la violencia estatal y pedían justicia. Sin embargo, estas manifestaciones fueron severamente reprimidas. El gobierno, encabezado por Aung San Suu Kyi, adoptó una postura ambigua, justificando la acción militar como una operación legítima contra el “terrorismo”. Las autoridades implementaron medidas de control, como la censura de los medios, restricciones a la libertad de reunión y detenciones selectivas de periodistas, líderes musulmanes y defensores de derechos humanos. urbanas.

La represión estatal en este periodo se distinguió más por la vigilancia, la intimidación y la criminalización del disenso, en lugar de una represión física masiva como en años anteriores. Sin embargo, se documentaron casos de uso de la fuerza contra manifestaciones pequeñas y pacíficas, especialmente en Rangún, Mandalay y en comunidades musulmanas

También se reportaron detenciones arbitrarias de manifestantes y el cierre de medios independientes que informaban sobre la situación. Organizaciones como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras han documentado arrestos y juicios de periodistas que denunciaban las atrocidades en Rakhine, incluyendo el emblemático caso de los reporteros de Reuters, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, quienes fueron condenados a siete años de prisión por revelar ejecuciones sumarias.

En lo que respecta a las víctimas, no se reportaron cifras significativas de muertes durante las protestas urbanas, pero sí se registraron agresiones físicas, detenciones arbitrarias y campañas de odio que fomentaron la estigmatización y el acoso hacia quienes defendían a los rohinyás. Además, no se informaron casos de trauma ocular en las protestas de este periodo, aunque sí hubo violencia directa contra manifestantes musulmanes en áreas rurales. El impacto más grave de este periodo recae sobre la comunidad rohinyá, que ha sido víctima de desplazamiento forzado, violencia sexual y asesinatos masivos, lo que provocó una condena a nivel mundial y dio lugar a procesos judiciales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI).

El 1 de febrero de 2021, Myanmar vivió un momento crucial en su historia: el ejército, conocido como Tatmadaw, llevó a cabo un golpe de Estado que destituyó al gobierno civil electo, liderado por la Liga Nacional para la Democracia (LND) y su figura emblemática, Aung San Suu Kyi. Los militares justificaron su acción alegando un fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020, donde la LND había logrado una victoria abrumadora. Sin embargo, lo que realmente motivó el golpe fue una maniobra de los altos mandos militares para aferrarse al poder político y económico, ante el avance de la institucionalidad civil y la amenaza de reformas constitucionales que podrían limitar el papel del ejército. Este cambio de poder marcó el regreso oficial de un gobierno militar directo, rompiendo con una década de frágil transición política. El estallido del golpe desencadenó una respuesta inmediata y masiva de la población. Nació el Movimiento de Desobediencia Civil (CDM), encabezado por médicos, estudiantes, empleados públicos y trabajadores que se negaron a colaborar con el régimen. Pronto, las protestas multitudinarias se extendieron por todo el país, en grandes ciudades como Rangún, Mandalay y Naypyidaw, así como en áreas rurales y fronterizas. Las manifestaciones, que al principio fueron pacíficas, enfrentaron una represión brutal por parte del ejército y las fuerzas de seguridad.

Se usaron armas de fuego contra multitudes desarmadas, se desplegaron francotiradores, se llevaron a cabo redadas nocturnas, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Entre 2021 y 2023, la represión estatal dejó un impacto humanitario devastador. Según la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos (AAPP), hasta finales de 2023 se habían documentado más de 3,800 muertes debido a la represión directa durante protestas y operativos militares en áreas civiles.

Más de 24,000 personas fueron arrestadas, incluyendo estudiantes, periodistas, líderes comunitarios, artistas y funcionarios públicos.

Se reportaron cientos de heridos graves, algunos con mutilaciones, pérdida de visión, quemaduras y amputaciones como resultado del uso excesivo de la fuerza. Aunque no hay un conteo específico de víctimas con trauma ocular, organizaciones médicas en el país han informado un aumento significativo en lesiones faciales y pérdida de ojos por balas de goma y proyectiles metálicos disparados a corta distancia.

Además de la represión urbana, el régimen llevó a cabo operaciones militares en regiones étnicas que habían decidido resistir. Bombardearon comunidades, destruyeron hospitales y escuelas, y causaron desplazamientos masivos. La violencia militar se intensificó, convirtiéndose en una guerra civil informal, donde grupos armados locales y fuerzas insurgentes étnicas se enfrentan al régimen, mientras que la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. Las comunicaciones fueron bloqueadas, el internet censurado, y el control de la información se transformó en una herramienta del régimen para intentar desmovilizar a la sociedad.

Este periodo es considerado el más violento desde 1988, y la ONU ha calificado el nivel de represión estatal como “crímenes de lesa humanidad”. La respuesta internacional incluyó sanciones, condenas diplomáticas y la exclusión del régimen militar de foros multilaterales, pero hasta 2023, la violencia no se ha detenido ni se ha logrado restablecer el orden constitucional.