Cumbre de las Américas (Quebec)
Años
(2001)
Durante abril de 2001, Quebec fue el escenario de la III Cumbre de las Américas, un encuentro internacional donde los líderes de los países del continente americano se reunieron para hablar sobre la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esta cumbre se convirtió en un punto de controversia, ya que las políticas neoliberales que se promovían fueron vistas por muchos como una amenaza para los derechos laborales, el medio ambiente y la soberanía de las naciones del sur global.
Frente a esta situación, más de 34,000 manifestantes de Canadá, EE.UU. y América Latina se unieron en las calles de Quebec, formando una de las protestas antiglobalización más grandes del continente. Entre los manifestantes había sindicalistas, estudiantes, grupos indígenas y organizaciones anticapitalistas.
alrededor de 6,000 agentes de seguridad y se levantó un muro de tres metros de altura alrededor del centro de convenciones, que simbólicamente se llamó la “muralla de la vergüenza”. La policía recurrió al uso de gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, incluso en áreas donde las protestas eran pacíficas. Se registraron más de 400 arrestos y muchos heridos, aunque el número exacto de víctimas no fue documentado oficialmente.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza y las violaciones a los derechos de los manifestantes y observadores legales.
Protestas indígenas por derechos territoriales en Canadá
Años
(2005–2010)
Entre 2005 y 2010, Canadá fue escenario de una intensa serie de movilizaciones indígenas que buscaban defender sus derechos territoriales, su soberanía ancestral y el respeto a los tratados históricos. Estas protestas surgieron como una reacción a grandes proyectos extractivos, como la minería, la extracción de petróleo, la construcción de carreteras y urbanizaciones, que se aprobaron sin la debida consulta ni el consentimiento libre e informado de las comunidades, lo que violaba principios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Uno de los casos más emblemáticos fue el bloqueo en Caledonia, Ontario, en 2006. En ese momento, miembros de la comunidad Mohawk de Six Nations tomaron un terreno en disputa para frenar la construcción de un proyecto habitacional en tierras que reclaman como ancestrales. La situación se intensificó con la intervención de la policía provincial de Ontario (OPP), lo que llevó a enfrentamientos físicos, detenciones y una notable militarización de la zona.
A lo largo de estos años, también se llevaron a cabo protestas en British Columbia y Manitoba, donde se bloquearon rutas, líneas de tren y oficinas gubernamentales. Estas acciones directas no solo buscaban proteger el territorio, sino que también exigían respeto por la autodeterminación indígena, la descolonización y el cumplimiento de los compromisos históricos firmados con la Corona británica y el Estado canadiense.
La respuesta del estado fue, en muchos casos, bastante represiva. Se registraron cientos de detenciones, se documentó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, y se criminalizó a líderes indígenas. Las organizaciones que defienden los derechos humanos denunciaron la vigilancia, el acoso judicial y las medidas coercitivas que las autoridades emplearon para desarticular las movilizaciones.
Cumbre del G20 en Toronto
Años
(2010)
Durante los días 26 y 27 de junio de 2010, Toronto fue el escenario de la Cumbre del G20, donde se reunieron los líderes de las economías más influyentes del mundo para discutir la recuperación financiera global tras la crisis de 2008. Sin embargo, el evento fue objeto de fuertes críticas por parte de la ciudadanía y diversas organizaciones sociales, que denunciaban el enfoque corporativista de las políticas económicas en discusión, el deterioro del medio ambiente y la falta de inclusión de voces sociales. Más de 25,000 personas se unieron a protestas masivas en el centro de Toronto, incluyendo sindicatos, movimientos ambientalistas, comunidades indígenas, estudiantes y defensores de derechos humanos. La respuesta del gobierno canadiense fue una de las más severas en su historia reciente: se movilizaron alrededor de 20,000 policías, incluyendo unidades antidisturbios, equipos tácticos, francotiradores y vigilancia encubierta.
El gobierno estableció un perímetro de seguridad cercado alrededor del lugar de la cumbre y otorgó poderes extraordinarios a la policía para detener y registrar sin necesidad de una orden judicial.
Durante el evento, se llevaron a cabo más de 1,100 detenciones, muchas de ellas sin justificación, abarcando a manifestantes pacíficos, periodistas, observadores legales e incluso transeúntes. Se registraron numerosos abusos por parte de la policía, como golpizas, amenazas, detenciones sin cargos y condiciones inhumanas en los centros de detención.
Las organizaciones Amnistía Internacional y la Canadian Civil Liberties Association alzaron la voz para denunciar estas violaciones a los derechos fundamentales, señalando que estos hechos representan una grave regresión para las libertades civiles en el país. Más tarde, el informe del Office of the Independent Police Review Director (OIPRD) determinó que las acciones del estado durante el G20 infringieron derechos constitucionales como la libertad de expresión, la asociación y el derecho a protestar pacíficamente.
Huelga estudiantil de Quebec (“Printemps Érable”)
Años
(2012)
En 2012, la provincia de Quebec fue escenario de una de las movilizaciones estudiantiles más significativas en la historia de Canadá, conocida como el “Printemps Érable” o Primavera de arce, en referencia a la Primavera Árabe. Este conflicto estalló como reacción al anuncio del gobierno de Jean Charest, que planeaba aumentar las tasas de matrícula universitaria en $1.625 canadienses durante un periodo de cinco años. Muchos jóvenes vieron esto como una amenaza a la educación pública accesible.
La protesta fue impulsada principalmente por organizaciones estudiantiles como la CLASSE (Coalición amplia de la Asociación para una solidaridad sindical estudiantil), recibiendo el respaldo de facultades, sindicatos y ciudadanos. Durante más de seis meses, se llevaron a cabo marchas masivas, huelgas indefinidas, bloqueos en las entradas de universidades y concentraciones que paralizaron la vida académica de más de 300,000 estudiantes. En respuesta, el gobierno provincial aprobó la polémica Ley 78, que imponía severas restricciones a las manifestaciones, limitaba las reuniones públicas no autorizadas y penalizaba a las asociaciones estudiantiles que convocaran protestas.
Esto fue visto como una violación a las libertades civiles. Esta ley, lejos de calmar la situación, radicalizó aún más el movimiento y desató una ola de movilizaciones ciudadanas en defensa de los derechos de reunión, expresión y protesta.
La represión policial fue bastante extendida: se registraron más de 2,500 arrestos, numerosos heridos debido al uso excesivo de la fuerza (incluyendo gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones masivas), así como agresiones a periodistas. Las imágenes de manifestantes siendo arrastrados por la policía o gaseados en las calles del centro de Montreal se hicieron virales. Varios organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Ligue des droits et libertés, denunciaron la brutalidad policial y pidieron que se respetaran los derechos fundamentales.
El conflicto llegó a su punto culminante con la derrota electoral del Partido Liberal de Quebec en septiembre de 2012. Con el nuevo gobierno liderado por el Partido Quebequés, se canceló el aumento de matrícula y se derogaron partes fundamentales de la Ley 78. Esto representó una victoria histórica para el movimiento estudiantil y consolidó su legado como un referente de movilización social en el país.
Protestas por la gestión de la pandemia y BLM
Años
(2020–2021)
En 2020, después del trágico asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, el movimiento Black Lives Matter (BLM) cobró un impulso impresionante a nivel mundial. En Canadá, esto provocó una profunda reflexión colectiva sobre el racismo sistémico, la brutalidad policial y las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades negras, indígenas y racializadas del país. Las principales ciudades canadienses como Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa y Halifax— se convirtieron en el escenario de grandes marchas, vigilias y manifestaciones pacíficas organizadas por activistas, jóvenes, organizaciones antirracistas y movimientos comunitarios.
En Canadá, el movimiento no solo mostraba solidaridad internacional, sino que también denunciaba casos locales de violencia policial, como el de Regis Korchinski-Paquet, una mujer afroindígena que cayó desde su balcón durante una intervención policial en Toronto, así como los de D’Andre Campbell y Chantel Moore, una joven indígena que fue asesinada por la policía en New Brunswick durante un chequeo de bienestar. Estos incidentes, que ocurrieron al mismo tiempo que las protestas globales, provocaron un profundo malestar social y una fuerte demanda nacional de rendición de cuentas y reforma en la policía.
Las movilizaciones, aunque en su mayoría pacíficas, se vieron marcadas por algunos momentos de tensión con la policía, especialmente en Montreal y Toronto. Allí, se emplearon tácticas de contención, cercos policiales y detenciones selectivas. A nivel nacional, se registraron más de 300 detenciones y se presentaron diversas denuncias por uso excesivo de la fuerza, vigilancia injustificada y amenazas hacia organizadores comunitarios. Varias organizaciones que defienden los derechos humanos criticaron la represión de manifestaciones legítimas y pidieron un cambio estructural en el modelo policial canadiense.
El movimiento BLM tuvo un impacto en Canadá que fue mucho más allá de las calles: provocó debates en el parlamento, llevó a revisiones dentro de las fuerzas policiales, resultó en la remoción de estatuas coloniales y desató una serie de iniciativas legislativas, educativas y culturales enfocadas en combatir el racismo institucional. Además, fortaleció la colaboración entre las comunidades negras e indígenas, creando una agenda compartida en busca de justicia, equidad y reparación histórica.
“Convoy de la Libertad” (Freedom Convoy)
Años
(2022)
En enero de 2022, Canadá vivió una de las movilizaciones más impactantes y divisivas de su historia reciente, conocida como el “Freedom Convoy” (Convoy de la Libertad). Esta protesta comenzó como una respuesta de los transportistas a la exigencia de presentar certificados de vacunación para cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos, una medida impuesta por el gobierno federal como parte de las estrategias sanitarias contra la pandemia de COVID-19. Sin embargo, pronto se convirtió en un movimiento nacional más amplio, atrayendo a personas y grupos que se oponían a los mandatos sanitarios, las restricciones gubernamentales y políticas que consideraban autoritarias, incluyendo a sectores de ultraderecha, antivacunas y ciudadanos descontentos con el gobierno de Justin Trudeau.
El convoy salió de diferentes rincones del país y se reunió en Ottawa, la capital de Canadá, donde miles de camiones, autos particulares y manifestantes bloquearon el centro de la ciudad durante más de tres semanas. Los participantes montaron campamentos, hicieron sonar las bocinas sin parar y pidieron la renuncia del primer ministro. Las protestas también se extendieron a cruces fronterizos clave, como el Puente Ambassador en Windsor, lo que afectó el comercio entre países y generó preocupación a nivel internacional.
La respuesta del gobierno federal fue realmente notable. Después de varios días de inacción por parte de las autoridades locales, el 14 de febrero, el primer ministro Trudeau decidió invocar, por primera vez en la historia moderna de Canadá, la Ley de Emergencias. Esto permitió llevar a cabo acciones extraordinarias, como congelar las cuentas bancarias de los organizadores, realizar arrestos preventivos y coordinar el uso de fuerzas policiales a nivel nacional. La intervención culminó con el desalojo forzoso del centro de Ottawa, más de 100 arrestos y la remoción de vehículos con grúas, todo bajo una fuerte vigilancia policial.
El Freedom Convoy desató un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional sobre hasta dónde se puede llegar con la protesta, la validez de las demandas, el uso de poderes de emergencia y el preocupante aumento de la desinformación en las redes sociales. Mientras que una parte de la población estaba a favor de levantar las restricciones, muchos otros denunciaron que el movimiento había sido aprovechado por grupos extremistas, con símbolos racistas, amenazas a la prensa y discursos de odio. Las organizaciones de derechos humanos se encontraron divididas: algunas advirtieron sobre el uso excesivo de la Ley de Emergencias, mientras que otras criticaron la falta de acción del Estado ante una ocupación prolongada que afectó gravemente la vida de los ciudadanos.
Protestas ambientales e indígenas
Años
(2023–2025)
Entre 2023 y 2025, Canadá fue escenario de un aumento notable en las protestas lideradas por comunidades indígenas y movimientos ambientalistas. Estas manifestaciones se centraron principalmente en la defensa del territorio, la protección del medio ambiente y la oposición a grandes proyectos extractivos impulsados tanto por el Estado como por corporaciones multinacionales. Estas movilizaciones no solo continuaron décadas de lucha por la soberanía indígena, sino que también cobraron nueva fuerza en un contexto marcado por la crisis climática, la expansión industrial y la falta de consultas previas.
Uno de los puntos más destacados fue la resistencia de la nación Wet’suwet’en en British Columbia, que se opuso de manera contundente a la construcción del gasoducto Coastal GasLink, el cual fue aprobado sin el consentimiento de los jefes hereditarios de la comunidad. Aunque el gobierno defendió el proyecto por motivos económicos y de “transición energética”, los líderes indígenas denunciaron la violación de su autonomía, la militarización de su territorio y los efectos negativos en los ríos, bosques y fauna sagrada. Durante este tiempo, también se llevaron a cabo bloqueos en trenes, carreteras y puertos en varias provincias como Ontario, Alberta y Quebec en un gesto de solidaridad con las comunidades afectadas.
Las acciones incluyeron campamentos de resistencia, marchas masivas, ocupaciones simbólicas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El lema “Land Back” (Devolvednos la tierra) se ha convertido en un grito nacional, que expresa demandas de descolonización, justicia climática y autodeterminación.
La respuesta del estado recibió muchas críticas por su enfoque represivo, que contradice el discurso oficial de reconciliación. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) llevó a cabo operaciones armadas en territorios indígenas, resultando en más de 200 detenciones, utilizando fuerza física, vigilancia aérea, drones y cortes de comunicación. Las imágenes de agentes fuertemente armados entrando en tierras sagradas fueron condenadas por defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones internacionales.
Estas protestas también se dieron en el contexto de cumbres climáticas internacionales, donde Canadá fue señalado por su hipocresía ambiental al seguir impulsando grandes proyectos de gas y petróleo, a pesar de sus promesas de reducir emisiones. A nivel nacional, los movimientos indígenas y ecologistas lograron poner de relieve la conexión directa entre el extractivismo, el racismo estructural y la violencia territorial, obteniendo un apoyo considerable de sectores académicos, juveniles y sindicales.